Las acusaciones al secretario Bocarejo son rebatibles con un análisis técnico elemental. ¿Cómo explicar entonces las acciones de la Procuraduría?
Daniel Páez*
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La semana pasada la Procuraduría Nacional anunció la presentación de un pliego de cargos contra el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, y a otras dos funcionarias por irregularidades en el proceso de renovación de los semáforos de la ciudad.
En un proceso de sanción ordinario, el pliego de cargos es el noveno de un total de trece pasos, lo cual indica que es bastante probable que la Procuraduría sancione al secretario. ¿Pero tienen alguna explicación las fallas que alega la Procuraduría –todas de carácter técnico–?
Para responder esta pregunta hay que explicar el tan complejo como urgente proyecto de renovación de semáforos en Bogotá, así como los hechos que han puesto en riesgo la permanencia del secretario en su cargo.
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Bogotá necesita semáforos
No hay técnico que dude de la necesidad de renovar la red de semáforos de la capital. La experiencia de países donde se ha instalado un Sistema Centralizado de Área de Tránsito (SCAT) –uno de los más avanzados en semaforización inteligente del mundo– demuestra que invertir en los semáforos mejora la movilidad de una manera rápida y eficiente.
En términos tecnológicos, renovar los semáforos es complicado porque se necesita una nueva red de comunicaciones con alta capacidad de datos y hay que instalar sensores en el pavimento para detectar la velocidad y el flujo de vehículos. También se necesita un centro de control para manejar la circulación de la ciudad, en tiempo real y sobre la base de algoritmos automatizados, de manera que se aprovecha al máximo la infraestructura vial y los vehículos puedan transitar más rápido.
Algunos técnicos afirman que una red inteligente de semáforos, donde estos cambian los ciclos según las condiciones del tráfico, puede reducir los tiempos de viaje hasta en un 30 por ciento. Los ejemplos son miles. Uno muy conocido es el de Melbourne, Australia, donde después de instalar el sistema SCAT en 2009 y de realizar inversiones por 30 millones de dólares se redujeron inmediatamente los tiempos de viaje hasta un 15 por ciento en corredores de buses y tranvías. Para lograr estas mejoras mediante la construcción de nuevas vías, Melbourne habría tenido que invertir cien veces más dinero y entre cinco y diez años más.
Uno de los grandes proyectos de los tres últimos alcaldes de Bogotá ha sido renovar la red de semáforos de la ciudad.
Por eso uno de los grandes proyectos de los tres últimos alcaldes de Bogotá ha sido renovar la red de semáforos de la ciudad. La red actual, instalada inicialmente en los años setenta, opera con la infraestructura de telecomunicaciones que instaló entonces la Secretaría con ayuda de ETB.
Entre 2012 y 2013 la administración Petro intentó renovar los semáforos, pero los procesos de contratación fallaron. Y es que en el aspecto contractual y operativo Bogotá está enredada en complejos contratos con Siemens, actual operador, y convenios con ETB, que transporta la información para que los semáforos puedan operar. Petro no pudo hacer la contratación manteniendo los beneficios de Siemens, actualmente el único operador, que cobra precios más altos que los de Europa y se ha dedicado a impedir la renovación.
Cabe resaltar que también entonces la Procuraduría decidió intervenir en el proceso y atacarlo desde el inicio hasta lograr en dos ocasiones que no se completara.
El proyecto
 Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
Reconociendo la oportunidad de mejorar la movilidad con la semaforización, la administración Peñalosa dio prioridad a esta contratación; no solo la incluyó en su Plan de Desarrollo, sino que contrató técnicos internacionales para que diseñaran el sistema.
Como se trata de la administración Peñalosa, el proyecto arrancó desde cero con las ideas de los nuevos técnicos y con un plan ambicioso que no solo incluía los semáforos, sino cámaras para vigilancia, comparendos electrónicos y sistemas para dar prioridad a vehículos de emergencia y al transporte público.
Probablemente por conocer la historia de los procesos anteriores, la Secretaría fue cuidadosa en el proceso de contratación y lo hizo de la mano de los entes de control. Hasta algunos concejales de la ciudad, como Diego Molano que es de partido contrario al Alcalde, han destacado que en su momento la administración contestó de forma apropiada los comentarios de la Procuraduría. Entonces, si el trámite jurídico del proyecto no ha sido controvertido, ¿por qué la Procuraduría decidió iniciar un proceso disciplinario contra Bocarejo?
Las acusaciones
Con respecto a la renovación de los semáforos de Bogotá la Procuraduría ha decidido usar sus facultades especiales no solo para vigilar los procesos, sino para intervenir en las decisiones relacionadas con ellos.
Desde el comienzo la Procuraduría hizo a un lado a la Personería Distrital y decidió mirar con lupa los avances y emitir múltiples controles de advertencia a Bocarejo. Sin embargo, una vez adjudicado el contrato la Procuraduría decidió abrir una investigación contra Bocarejo. El ente de control argumenta que el nuevo contrato falló en el diseño por no considerar el uso de controladores que todavía tienen vida útil y el empleo de los cables de cobre en la infraestructura de comunicación. Según la Procuraduría, no usar estos activos es un detrimento del patrimonio de los bogotanos.
No cabe duda de que los bienes públicos deben cuidarse, pero:
- En el caso de los controladores la renovación tecnológica implica que ciertas partes del sistema se vuelvan obsoletas, sobre todo cuando hacen parte de un sistema diseñado hace cuarenta años.
La Procuraduría argumenta que los controladores debieron ser incluidos entre los bienes a ser tomados por el contratista. Sin embargo, en su acusación no reconoce que en las audiencias del proceso los mismos proponentes, incluido Siemens, demostraron que emplear tecnologías nuevas le ahorraría a la ciudad entre 16.000 y 24.000 millones de pesos en costos operativos directos.
Además es importante resaltar que la ciudad recibió seis propuestas para el proyecto, lo cual es un gran éxito considerando que cada propuesta tuvo un costo de preparación estimado de 2 millones de dólares.
- Con respecto a la red de comunicaciones, la Procuraduría también desconoce que una red de semáforos moderna exige alta capacidad de datos y debe ser operada desde un solo centro de control. Esto es imposible con una red de cobre, que tiene un límite de transferencia de datos inapropiado para una red de semáforos moderna y alcanza una extensión máxima de 11 kilómetros. Por esta última razón, Bogotá tiene hoy tres centrales de semáforos y no una, como debería ser.
¿Quién se equivoca más?
 Semáforos en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá |
La administración Peñalosa ha fallado no solo por decidir ignorar a los ciudadanos, sino por embarcarse en grandes procesos de contratación sin tener en cuenta lo construido en administraciones pasadas y sin estar abierta al diálogo para que ciudadanos, concejales y entes de control entiendan las propuestas.
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En el caso de los semáforos ocurrió precisamente eso: la administración falló nuevamente por no reconocer que con una popularidad tan baja no es suficiente hacer las cosas bien, sino que hay que comunicar adecuadamente y tener la gallardía de oír.
Además, después de casi tres años de administración sin mayores logros, el alcalde Peñalosa no ayuda al presionar públicamente a sus funcionarios para que ejecuten proyectos a toda costa. Mucho menos ayudó su modo de actuar en el caso de los semáforos: despreciando e irrespetando a los entes de control cuando hacían observaciones.
La Secretaría fue cuidadosa en el proceso de contratación y lo hizo de la mano de los entes de control.
En todo caso, quien más dudas deja en el tema de los semáforos, después de haber intervenido desde el comienzo de los procesos en esta y en las pasadas administraciones, es la Procuraduría:
- ¿Por qué el interés de esta entidad en intervenir tan afanosamente en los procesos de renovación de los semáforos? Sobre todo, ¿por qué actuar de este modo cuando la primera instancia de control debería ser la Personería Distrital?
- ¿Cómo justifica la Procuraduría que en el proceso de sanción, además de a Bocarejo, se involucre a funcionarias sin responsabilidades técnicas, afectando así la operación de la Secretaría?
- ¿Por qué la Procuraduría ha decidido cuestionar el diseño de este contrato sin contar con una asesoría técnica con capacidad equiparable a la de la Secretaría de Movilidad?
No hay duda de que la administración pública se ha vuelto complicada por los grandes problemas de corrupción; tampoco de que la administración Peñalosa, con su actitud desafiante y poco comunicativa, no se ayuda. Pero no puede suceder que por un afán de mostrar resultados –o por otros intereses– los entes de control se conviertan en una nueva inquisición.
Desafortunadamente, parece que las cartas ya están echadas y que la decisión, más política que técnica, es sacudir a Peñalosa al afectar la que es hoy su secretaría más importante.
Ojalá esta predicción sea equivocada y en los cuatro pasos que quedan del proceso de sanción la Procuraduría corrija los errores técnicos de su acusación y falle en derecho. Si se sancionara a Bocarejo de modo que no pudiera seguir en el cargo no cabría duda de que estamos ante el inicio del uso de las entidades de control como herramientas politiqueras con miras a la campaña electoral de 2019.
* Ph.D. en ingeniería e investigador asociado de la Universidad de Melbourne (Australia), consultor internacional.
@danielpa
Centro de control de semáforos en Sídney, Australia
