Asesinatos, amenazas e incapacidad para dar con los responsables marcaron un mal año para esa población. ¿Qué está fallando y qué se puede hacer?
Alejandro Jiménez*
El año más violento
El año 2019 cerró con 173 homicidios de ex combatientes de la extinta guerrilla de las FARC desde la firma del Acuerdo Final de Paz, un aumento del 18,5 por ciento con respecto al año anterior, según los registros presentados por Naciones Unidas.
De acuerdo con ese organismo, el año pasado fue el más violento para quienes dejaron las armas y le apostaron a la construcción de una Colombia en paz, con un total de 77 personas asesinadas.
En el 2019 sucedieron cuatro hechos de gran relevancia en materia de seguridad contra las personas que se encuentran cumpliendo sus compromisos derivados del Acuerdo de Paz:
- El asesinato de Dimar Torres;
- El asesinato del primer excomandante, Wilson Saavedra;
- El primer asesinato dentro de un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR); y
- Las amenazas a abogados defensores.
A Dimar Torres lo asesinó la Fuerza Pública
El 22 abril fue asesinado el amnistiado de la antigua guerrilla de las FARC, Dimar Torres Arévalo, ultimado con tiros de fusil por miembros del Ejército de La Fuerza de Tarea Vulcano en la vereda Carrizal del municipio de Convención, en el Catatumbo.
El plan fue fraguado por órdenes del coronel Jorge Armando Pérez Amézquita y ejecutado por el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo, supuestamente para vengar la muerte de un soldado que había sido víctima de una mina antipersonal. Es decir que, con la excusa de cobrar justicia, se asesinó a un civil en estado de indefensión.
El hecho fue presentado como una baja legítima ante los medios, situación que puso en escarnio público al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero. En vez de aceptarlo como una ejecución extrajudicial, Botero justificó la muerte de Torres con varios argumentos que lo presentaban como un acto de servicio. Una evidente muestra de la banalización de la muerte de una de las personas que le apostó a una vida fuera de la ilegalidad.
Además de mostrar las escaramuzas entre insurgencias y Fuerza Pública dejadas por el conflicto, este asesinato dejó en evidencia la desconfianza de excombatientes y comunidades que habitan en estas zonas hacía la Fuerza Pública. Esto se debe al irrespeto a las normas de Derechos Humanos y las infracciones del DIH. De no ser por la colaboración y veeduría de la comunidad de la zona, posiblemente la versión sobre el caso de Dimar sería otra.
Así que en esta etapa de estabilización en el posconflicto quedan los retos de:
- El cumplimiento de la ley y de los manuales de operación de la Fuerza Pública;
- Garantizar los Derechos Humanos, y
- La reconciliación en estas zonas donde se ha vivido el rigor del conflicto armado.
Foto: Alto Comisionado para la Paz
La seguridad de los excombatientes fue puesta en entredicho con el asesinato dentro de un ETCR de Alexander Parra.
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El asesinato del primer excomandante
Wilson Saavedra era el nombre de guerra de Jorge Enrique Corredor, quien el 14 de mayo pasó a ser reconocido no sólo por ser un excomandante del Frente 21 de la otrora guerrilla de las FARC, sino por ser el primer exguerrillero de alto rango en ser asesinado.
El hecho causó zozobra entre las más de diez mil personas que vienen participando de los programas de reincorporación, no solo por ser una afrenta contra el proceso de paz, sino porque, una vez más, se demostraron dos serios obstáculos para dar con los responsables intelectuales: los modos de operar de quienes cometen estos actos bajo la modalidad de sicariato; y las capacidades limitadas de los entes encargados de la investigación.
De ahí la necesidad de que la Fiscalía investigue y evalúe si efectivamente se está forjando una estrategia para asesinar a excombatientes por el hecho mismo de haber pertenecido a la insurgencia, dada la planeación que han mostrado este y otros casos.
Primer asesinato dentro de un ETCR y amenazas a abogados defensores
Otro hecho que puso en entredicho la seguridad física de los excombatientes fue el asesinato de Alexander Parra en el ETCR de Mesetas en el Meta. Inicialmente, el hecho llevó a poner en tela de juicio la protección brindada por la Fuerza Pública en los perímetros de estas zonas por la irrupción de encapuchados.
Tras casi dos meses del suceso, fueron capturadas seis personas, una de ellas el antiguo líder del espacio territorial, a quien se le acusa de ser el autor intelectual. La Fiscalía estableció que Parra fue asesinado por conocer del uso indebido de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en asuntos ilícitos y por su participación como testigo en varios procesos para la reparación a víctimas del conflicto.
Frente a esto, hay que reiterar el compromiso vigente de parte de la FARC de condenar, sancionar y denunciar a quienes estén saboteando internamente el proceso de reincorporación y la construcción de paz.
Por otro lado, en noviembre fue difundido un panfleto atribuido al supuesto Bloque Capital de las Águilas Negras dirigido a 23 profesionales del derecho que acompañan la defensa de exguerrilleros de FARC ante la Justicia Especial para la Paz, uno de ellos asociado con el caso de Dimar Torres. En la misiva les exigen renunciar a la “guerra jurídica”. Se trata de una evidente intimidación para quienes están aportando al proceso de verdad, justicia y reparación.
Foto: Observatorio para la Paz
Dimar Torres fue asesinado por miembros del ejército como retaliación por un soldado que pisó una mina.
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¿Qué depara el 2020?
El 2020 ya dejó el primer hecho de sangre con el asesinato de Benjamín Banguera Rosales, quien fungía como gestor de paz en Guapi.
Con el aumento de agresiones, este nuevo año representa un gran reto en materia de seguridad física individual para quienes están en proceso de reincorporación, pero también para quienes hacen parte del proyecto político FARC, que no necesariamente hicieron parte de las filas guerrilleras, sino que han cobrado relevancia como líderes políticos y comunitarios en el ejercicio de funciones de esa organización.
En todo proceso de reincorporación, las garantías de seguridad física son un factor importante para lograr su éxito y prevenir la reincidencia. De ahí que la acción institucional —como garante de los derechos de las ciudadanías y el cumplimiento del Acuerdo— y la del movimiento FARC deban encaminarse a robustecer las medidas de protección y autoprotección, ya que las cifras de agresiones ponen en evidencia las limitaciones del modelo actual.
El Gobierno Nacional deberá acatar con responsabilidad las eventuales Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre las comunidades que se encuentran en riesgo, velando por la puesta en marcha de acciones oportunas que mitiguen los riesgos y garanticen la protección de sus vidas.
La UNP también tiene el reto de operar y cumplir con su función de proteger a personas y organizaciones en riesgo, especialmente de quienes están compareciendo ante la justicia para la reparación de las víctimas. Todo esto, a pesar de la disminución de su presupuesto para el 2020.
A esto se suma la necesidad de abrir espacios de coordinación interinstitucional similares a los establecidos inicialmente en los Puestos de Mando Interagencial o de Carpa azul para brindar las garantías de seguridad y normalidad en el territorio. En ellos, Fuerza Pública, Defensoría del Pueblo, Misión de Verificación, administraciones locales y/o departamentales y Fiscalía podrían hablar con las comunidades de la zona y con las personas en proceso de reincorporación para prevenir riesgos ocasionados por incidentes de seguridad.
Foto: Defensoría del Pueblo
En el 2019 fueron asesinados 173 excombatientes de las FARC.
De ahí también la importancia del papel que puedan asumir las nuevas administraciones locales y departamentales, sobre todo en los lugares donde se crearon las más de setenta Nuevas Áreas de Reincorporación para brindar entornos protectores a las comunidades receptoras y a estas personas en proceso de reincorporación.
De otro lado, la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía ha establecido que el 80 por ciento de los responsables del asesinato de personas en proceso de reincorporación pertenecen a grupos y organizaciones criminales, lo cual habla de la necesidad de desmantelar esas organizaciones e individualizar a agentes legales o ilegales que están atentando contra la vida de ex miembros de las FARC.
También se espera que se haga viable y se ponga en marcha de la política de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización, que permita tomar acciones para cambiar la cultura política en este momento de transición y, a su vez, que se garanticen la vida y actividades de quienes defienden los derechos humanos y de quienes se comprometieron a dejar las armas.
Un 2020 para que la protección de la vida sea garantía del éxito del proceso de reincorporación y de la búsqueda por la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
*Politólogo de la Universidad Nacional, especialista en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública e Investigador de la Línea Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz & Reconciliación.
