Bogotá, por ejemplo, corre el riesgo de caer en el terror de las bandas criminales. ¿Pero cuáles son las razones profundas de la violencia y cómo atacarlas?
Juan Carlos Ruiz* y César Torres Reyes*
El crimen desbordado
Durante el último año la seguridad urbana en Colombia se ha deteriorado de forma preocupante. Los ciudadanos se sienten abrumados por bandas criminales de todo tipo y a la merced de una delincuencia cada vez más sofisticada, especializada y violenta, que incluye entre otros:
- Rompevidrios,
- Asaltos a joyerías y licoreras,
- Robo de bicicletas y celulares,
- Descuartizamientos,
- Atracos a mano armada y
- Agresiones y robos en el transporte público.
Además, el asesinato de policías en total impunidad ha dejado la sensación de que, en el balance de poder entre delincuentes y policías, los primeros están ganando la partida. La inteligencia policial parecería no tener toda la capacidad en recursos y tiempo para desmantelar los miles de pequeñas bandas que se han dedicado al robo y la extorsión como medio para obtener grandes ganancias de forma rápida.
De no tomarse acciones concretas, esto afectará la imagen y los niveles de gobernabilidad de los alcaldes salientes y entrantes, pero también de la administración Duque.
El descuartizamiento busca generar terror, hacerse a territorios y se ejerce como medio de escarmiento.
Frente a los problemas de seguridad y defensa, el gobierno nacional se ha concentrado en combatir a las grandes mafias en el campo y a los grupos armados ilegales, aunque con escasos resultados. Sobre todo, sus esfuerzos han estado encaminados a reactivar la aspersión de glifosato y reducir las hectáreas de cultivos de hoja de coca.
Mientras tanto, los habitantes de las ciudades —37 millones si hemos de creerle al último censo— se sienten desamparados sin una política nacional integral en la materia, que coordine el esfuerzo de los alcaldes con el del gobierno central.
En vez de entrar en un desgaste legislativo presentando proyectos de ley que solo benefician a un puñado de individuos —como el proyecto de la doble instancia— el gobierno Duque debería proponer toda una batería de iniciativas judiciales.
Por ejemplo, los alcaldes han pedido iniciativas sobre los delincuentes reincidentes para poder combatir una criminalidad creciente. Sin embargo, sus voces han sido desatendidas por los ministerios de justicia, interior y defensa, cuyos responsables han brillado por su ausencia en la materia.
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¿Qué está pasando en Bogotá?
Mientras que el alcalde de Bogotá y su secretario de seguridad niegan la presencia de grupos armados y casas de pique en Bogotá, el hallazgo de nueve cuerpos descuartizados en la capital y sus alrededores y la circulación de volantes amenazantes de “limpieza social” muestran el desconocimiento de las autoridades de una realidad que merece atenderse de inmediato.
Foto: Alcaldía de Bogotá |
El descuartizamiento busca generar terror, hacerse a territorios y se ejerce como medio de escarmiento y ajuste de cuentas entre bandas criminales. Es el anuncio de que quieren ser amos y señores de territorios, no solo para el microtráfico sino para fungir como “señores de la guerra” en donde nada se mueve sin su venia y la población se encuentra cautiva. De prosperar, este sería el peor escenario para Bogotá, que pasaría a tener poblaciones secuestradas y zonas vedadas para las autoridades.
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Los estudios de Rodolfo Escobedo han señalado con reiteración que los homicidios en Bogotá están íntimamente ligados a las acciones de las bandas criminales en los territorios donde llevan a cabo sus negocios ilegales. El descuartizamiento en este sentido es una manera brutal de afianzarse y desalojar por medio del terror a las autoridades y destruir cualquier tejido o liderazgo social.
Los descuartizamientos y las amenazas de limpieza social no son meros hechos aislados, sino expresiones del conflicto social que probablemente guardan relación con:
- El aumento del narcotráfico y el microtráfico;
- El cese del conflicto armado con las FARC; y
- Las dinámicas de desigualdad en una ciudad como Bogotá.
Después de la firma del Acuerdo de paz en septiembre de 2016 se especuló que la violencia urbana se dispararía, a pesar de que el conflicto armado se desarrollaba principalmente en las áreas rurales. La situación actual podría darles la razón a esas conjeturas.
Adicionalmente, fenómenos como los movimientos migratorios del campo a la ciudad y la llegada de ciudadanos venezolanos han sido poco estudiados. Especulativamente, se puede afirmar que esta migración masiva y desordenada en algo ha contribuido al aumento de la criminalidad, pues se ha detectado la presencia de extranjeros en atracos y venta de drogas. Sin embargo, es difícil determinar con la evidencia actual su real incidencia en la inseguridad.
Tipos de violencia urbana en Bogotá
Los estudios indican que la variación entre las relaciones del Estado con los actores armados locales en cada ciudad produce:
- Distintos patrones de violencia urbana;
- Diferentes tipos de órdenes localizados; y
- Diferentes impactos de los mercados ilícitos en los movimientos de la violencia urbana.
Por ejemplo, en nueve comunidades urbanas y pobres de Guatemala se pueden establecer aproximadamente cuarenta tipos de violencia, mientras que en Colombia con una comunidad en Bogotá se pueden distinguir alrededor de sesenta tipos.
Foto: Alcaldía de Bogotá |
En el caso de Bogotá, los actores sociales no están involucrados en la violencia de forma unívoca. Es decir, un mismo acto puede ser cometido por diferentes razones dependiendo de la identidad tanto del perpetrador como de la víctima. Por esta razón se dificulta la identificación de los tipos de violencia y sus causas.
Se identifica la violencia intrafamiliar como la base para otros tipos de violencia.
No obstante, algunos estudios en Colombia muestran que los diferentes tipos de violencia urbana se producen a través de una secuencia causal en la que se identifica la violencia intrafamiliar como la base para otros tipos de violencia.
Por ejemplo, puede llevar a que algunos jóvenes se vayan de sus casas, luego se relacionen con las drogas o se unan a las pandillas que generalmente están vinculadas con la inseguridad o la violencia económica a través del hurto y el crimen.
Estos ciclos de violencia no solo aumentan el miedo, sino que erosionan la confianza entre ciudadanos y hacen que las instituciones pierdan legitimidad. Finalmente, esto impacta en la productividad y en las relaciones sociales de los habitantes.
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Las soluciones necesarias
El gobierno de Iván Duque debe liderar y coordinar la gran estrategia nacional contra la delincuencia común que de manera integral involucre a todos los ministerios, las autoridades regionales y locales, la academia, los gremios y el sector privado.
En este momento no existe ningún plan integral nacional de seguridad ciudadana que pase de la retórica, mucho menos una política pública que acometa de manera pronta y coherente varios frentes como el penal, el penitenciario, la inteligencia policial, lo social, la educación, la primera infancia, la juventud, entre muchos otros que ameritan una intervención.
Aunque el deterioro de la seguridad no se puede achacar al actual gobierno, el presidente Iván Duque debe interesarse y debe mostrar acciones concretas. Su consejero, Rafael Guarín, tiene una larga experiencia en los temas de seguridad y defensa que muchos ministros de la cartera no han tenido. Seguramente puede liderar iniciativas en la materia que no solo son responsabilidad de los alcaldes o la iniciativa aislada de la policía.
*Profesor titular de la Universidad del Rosario, Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Oxford, máster en Administración Pública (ENA, Francia), Administración de Empresas (Universidad Laval, Canadá) y en Ciencia Política (Universidad de los Andes).
*Joven investigador de la Universidad del Rosario. Internacionalista, Magister en Derecho con énfasis en DD.HH y Justicia Transicional.
