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La seguridad ciudadana sin política

Escrito por Juan Carlos Ruiz
Juan Carlos Ruiz

Juan Carlos RuizRadiografía inquietante sobre la confusión, la improvisación, el uso de las modas, la descoordinación y la falta de rigor en el diagnóstico y el tratamiento de  la criminalidad en Colombia. Y sin embargo sí se sabe qué hacer.

Juan Carlos Ruiz V*

Seguridad ciudadana

Un Informe diciente

El Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014 “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina” analiza la situación de crimen y violencia en la región, constata viejas intuiciones o percepciones, y propone aproximaciones novedosas al desafío de la inseguridad.

El informe señala que el problema de violencia y crimen en América Latina se ha agudizado durante la última década. La falta de credibilidad de las instituciones directamente responsables de la seguridad junto con un creciente proceso de urbanización y una juventud mal integrada han traído índices inéditos de criminalidad. En ello no hay una gran novedad del informe, salvo alguna evidencia empírica que parece confirmar lo que estudiosos del tema han venido expresando.

El fracaso rotundo de las estrategias de mano dura que aún provocan gran entusiasmo entre autoridades de la región.

Por el contrario, el informe lanza una hipótesis trascendental y poco explorada hasta ahora que se bautiza como “delito aspiracional”: los individuos se harían criminales para poder alcanzar oportunidades y ascenso en una sociedad bloqueada. El índice Gini y la desigualdad social ya no son los factores explicativos de la violencia urbana en América Latina, ahora es algo más imperceptible y sutil: la necesidad de los individuos de ver cambiar su situación económica y social, que no necesariamente es extrema, precaria o marginal.

Igual de trascendental en el informe es la afirmación sobre el fracaso rotundo de las estrategias de mano dura que aún provocan gran entusiasmo entre autoridades de la región y que ven un ejemplo a replicar en el modelo de “tolerancia cero” del antiguo alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani (a raíz de la visita del Giulani a Bogotá, Benavides y Garzón analizaron este modelo en la pasada entrega de Razón Pública).

Lanzamiento del Informe Latinoamericano de
Desarrollo Humano.
Foto: United Nations Development

No hay política

Aunque el informe no lo dice explícitamente, señala entre líneas la falta de verdaderas políticas públicas de seguridad.

En el caso de Colombia, es clara la carencia de una política integral en la materia, entre otras cosas porque se confunden cuestiones operativas de la policía, con estrategias de vigilancia, con programas de prevención o con avances tecnológicos. El Plan Cuadrantes, por ejemplo, copiado y adaptado de Chile, no pasa de ser una racionalización del territorio y de los recursos disponibles para mejorar la vigilancia  policial, es decir, es una cuestión operativa pero no es, ni de lejos – y no obstante su retórica- una política pública nacional.

Toda política de seguridad ciudadana debe partir de un diagnóstico pormenorizado, sector por sector, cuadra por cuadra, de la criminalidad con sus tendencias históricas y en tiempo real mediante el mapeo, las geo-referencias y mediciones más finas de los sentimientos de inseguridad y victimización.

Una política nacional en la materia requiere, ante todo, de colaboración entre agencias con un espectro amplio y medible de intervenciones, que van desde la atención de la primera infancia hasta la integración de jóvenes, pasando por políticas de desarme, resocialización carcelaria, justicia restaurativa, jornadas escolares y tiempo de ocio, entre muchos asuntos que afectan la seguridad y son responsabilidad de una variada gama de agencias del Estado.

Se confunden cuestiones operativas de la policía, con estrategias de vigilancia, con programas de prevención o con avances tecnológicos. 

No en vano el famoso estudio Lo que funciona, lo que no funciona y lo que es prometedor” concluyó que uno de los programas que más habían ayudado a mejorar la seguridad en Estados Unidos era la lactancia materna, mientras que la construcción de estaciones de policía, el aumento de pie de fuerza o las campañas de retorno de armas ilegales a cambio de bonos o de comida habían sido bastante decepcionantes (me apresuro a añadir que no se trata de hacer ver lo que ha hecho, por ejemplo, el ICBF desde hace cuatro décadas como una política de seguridad a la manera del personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo).  

En Colombia se esconde la inexistencia de una política nacional de largo aliento recurriendo a cualquier ejecutoria de una entidad del Estado para afirmar que se había concebido como parte de una gran estrategia de seguridad ciudadana. No hace mucho, por ejemplo, hasta los bolardos de Peñalosa fueron relacionados con la idea de las “ventanas rotas”, estrategia de seguridad que hizo furor en Estados Unidos en los 1980 y 1990.

La desigualdad sigue siendo un reto en las ciudades
latinoamericanas.
Foto: Wolfgang Sterneck

La policía, los alcaldes y la seguridad

La literatura sobre seguridad ciudadana en América Latina habitualmente confunde las innovaciones policiales con la reforma de la organización policial y los nuevos métodos de vigilancia.

Esta confusión hace difícil desentrañar el verdadero alcance de las reformas policiales en la región. Por ejemplo, innovaciones tales como los centros de despacho, las cámaras de seguridad de televisión (CCTV) o los observatorios de la delincuencia no  necesariamente están acompañadas por cambios en la organización, jerarquía, formación o funcionamiento de la policía o con enfoques como decir la "policía comunitaria" o la "intervención de puntos calientes”. Al final se hace una amalgama de todo esto y se le da la etiqueta de política pública.

La Constitución de 1991 transformó el paisaje de la seguridad ciudadana pero encontró mal preparados a los alcaldes y a los municipios para planear las políticas en la materia. El Estado central se ha desentendido del problema efectivamente, y sobre todo en las áreas urbanas. Nunca se ha llegado a concretar una política nacional que aglutine a los municipios, les dé herramientas y les provea de recursos. No pocos acaldes han entendido su labor como una simple relación con el comandante de policía de turno.

Mal preparados y sin equipos técnicos calificados, los alcaldes se han visto desbordados por la criminalidad. Por regla general no han contado con observatorios de la delincuencia y cifras fiables por delitos que den una visión clara y permitan diagnósticos científicos, punto de partida insustituible para escoger cursos de acción, estrategias en el corto plazo y políticas públicas de largo aliento.

La literatura sobre seguridad ciudadana en América Latina habitualmente confunde las innovaciones policiales con la reforma de la organización policial y los nuevos métodos de vigilancia. 

Los escasos resultados de los consejos de seguridad corroboran la falta de ideas y estrategias para enfrentar el problema. Es común que el alcalde adopte medidas de control policial como la restricción de pasajeros en motos o la prohibición de hacer trasteos, al tiempo que solicita del Gobierno Nacional que aumente el pie de fuerza policial. A falte de expertos, y presionados por la delincuencia, solo el olfato y el sentido común les permite tomar decisiones puntuales en la materia.

Las autoridades locales, incluso en grandes ciudades como Bogotá, han entendido la seguridad como una serie de controles policiales al estilo de la llamada “hora zanahoria”,  la restricción al porte de armas o el toque de queda para menores de edad. Estas disposiciones se cumplen mediante  inspecciones policiales a los bares, patrullaje, requisas y retenes. Es la forma más barata y mejor adaptada a los países pobres que no pueden hacer inversiones cuantiosas y sostenidas de política social, como se hace en muchos países europeos con claros propósitos de controlar el crimen.

Experiencias fallidas

Las estrategias han surgido de la misma policía y han resultado efímeras, copias de modas foráneas que se descartan sin que hayan podido consolidarse:

· Los CAI, copiados de los Koban japoneses e inspirados en un muy viejo modelo británico de los años 1950, Team policing, fueron sucedidos por la estrategia del “Buen Vecino” que se inspiraba de los Neighbourhood Watch ingleses pero que en Bogotá no pasó de ser una campaña publicitaria sin trascendencia.

· Luego vinieron los Frentes Locales de Seguridad que el alcalde Garzón sepultó definitivamente por su inoperancia y su expansión desmedida. Tuvimos “zonas seguras”, “municipios seguros” y “departamentos seguros”, muy parecidos a los programas Comuna Segura y Barrio Seguro de Chile, que luego se diluyeron  sin saber si sirvieron a falta de evaluaciones reales y empíricas.

· La policía comunitaria fue creada después bajo la influencia de la Cámara de Comercio y algunos de sus aspirantes alcanzaron de ser formados en Barcelona bajo el modelo de “Los Mozos de Escuadra”, la policía autonómica de Cataluña, pero por ser considerada obra de un director de la policía fue desmantelada por otro que no quería mantener la ejecutoria de su antecesor por una mutua malquerencia.

Se respondía a un problema de delincuencia señalando de forma retórica que intervendría la policía comunitaria. Hoy la misma retórica señala a los cuadrantes como estrategia prometedora, que de seguro desaparecerá en algunos años, si hemos de creer a todos estos antecedentes de modelos copiados sin mucho rubor y exaltados como innovación excepcional.

El Estado central se ha desentendido del problema efectivamente, y sobre todo en las áreas urbanas. 

No es culpa de la policía. Ella está sola en su intento de mejorar las formas de hacer su trabajo. Desde el gobierno central hasta las autoridades locales, pasando por los gremios y los ciudadanos del común, descargan sus responsabilidades en la policía. Debería existir una política nacional de seguridad ciudadana con la concertación de diversos actores institucionales y sociales y que incluya, entre otros, a la justicia, a las empresas, a los  jardines de párvulos y a las iglesias, con un horizonte amplio que haga de la seguridad una cuestión de Estado con aspiraciones nacionales y variados actores involucrados y comprometidos.

No hay fórmulas milagrosas, pero tampoco se pueden esperar resultados positivos si no se cuenta con políticas consistentes. Varias de las decisiones gubernamentales de hoy van a tener resultados en una o dos décadas sino se abandonan en el camino. El delincuente del futuro está naciendo en estos momentos, pero una política social incluyente puede evitar que llegue a serlo. Se pueden remediar los efectos de las sociedades bloqueadas que no permiten el ascenso social, como dice el citado informe de Desarrollo Humano.

* Profesor asociado y director de la Maestría en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, Ph.D. de la Universidad de Oxford, máster en Administración Pública de la ENA (Francia), máster en administración de empresas de la Universidad Laval (Canadá), máster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

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