La salud se derrumba, desde abajo y desde arriba

El círculo perverso de la salud ocasionado por problemas en las normas existentes. Si la reforma a la salud se centra en la prevención y no en la prestación e intervención a las IPS, será un fracaso. Las IPS no pueden obedecer a un derecho privado cuando la salud es un derecho social del Estado.

Este artículo está basado en hechos en curso con la Nueva EPS y la IPS Medicuc

 El poder político y económico acepta reformar el sistema siempre que sea posible continuar capturando dineros públicos según lo permite la concepción de la Ley 100 de 1993 y los códigos del sistema de justicia. La corrupción se convirtió en algo cultural que la psiquiatría, las ciencias sociales y jurídicas deberían investigar, con centros de investigación de dedicación exclusiva dentro de un programa multi e intersectorial, porque la corrupción es transversal en las instituciones.

La discusión sobre la reforma está centrada en las EPS cuando existen problemas estructurales en la base del sistema, caso de las IPS, en este artículo, las domiciliares. Como la salud no es un derecho, sino un negocio del más rudo neoliberalismo plasmado en la Ley 100, estas prestadoras se rigen por el derecho privado y escapan al control del Estado. 

El deficiente servicio de las IPS domiciliarias es culpa de las EPS, que son producto de la estructura del sistema orientada a la captura de recursos públicos entre el sector privado y el sector público. 

El Gobierno dice que está revisando el sistema para depurar la pirámide de los servicios de salud. No obstante, las auditorías forenses no se adelantan y el velo corporativo nunca se ha levantado. Son amenazas y nada más de los organismos de control, Fiscalía y Cortes. Mientras tanto, el director de la EPS Coosalud, y también cabeza de Coosalud Inversa S.A., recibió un préstamo de $206.000 millones del GNB Sudameris S. A., respaldado por la EPS. Como no se pagó el préstamo, el GNB tomó de la cuenta de la EPS el millonario préstamo a Coosalud Inversa S. A.: triangulación mafiosa entre la EPS y su Junta Directiva, Coosalud Inversa y el GNB, porque los recursos públicos son inembargables. Por supuesto que recurrieron a una figura jurídica para estafar al estado, por lo cual también se debe investigar la administración de los Superintendentes entre diciembre de 2022 y noviembre de 2024. Otro esquema de corrupción parecido al de la UNGRD. 

Sin embargo, para los macro neoliberales lo más importante es cumplir la regla fiscal. Esta se podría cumplir si no hubiera saqueo masivo del Estado, porque aumentarían los recursos para inversiones sostenibles de largo plazo, con las cuales Colombia dejaría el atraso originado en una absurda dirigencia que cínicamente le dice al Gobierno: “Ahorre, no despilfarre, ajuste las cuentas fiscales, invierta algo para calmar la lloradera de los pobres del campo y de las ciudades, y deje que el mercado haga lo demás, incluido el margen de corrupción que debe aumentar exponencialmente para que la acumulación no deje de crecer, porque la productividad no importa, lo que importa es acumular”. 

IPS domiciliarias: el sistema perforado desde la base  

Si las EPS funcionan con profundas anomalías, las IPS no tienen por qué funcionar bien, si el sistema es un tejido de hilos sueltos y otros rotos que conforman un enjambre institucional de cuanto servicio se puede crear como negocio imperfecto debido a la alta dependencia científica y tecnológica y la escasa transparencia.  

El negocio es importar tecnología y no desarrollar conocimiento, investigación e innovación. La acumulación con las importaciones es inmediata, aunque no genera valor añadido nacional. Mientras el desarrollo de tecnología permite ganar más a más tiempo, porque la productividad aumenta. Por la dependencia científica y tecnológica la productividad total de los factores (PTF) de Colombia ha caído y estancado en los últimos 33, según el FMI. El sistema de salud aporta al declive estructural.   

A las IPS domiciliarias les gira el ADRES cuando llega el consentimiento de las EPS. Como aún no hay reforma, entonces, el bypass ADRES-EPS-IPS opera deficientemente, al conformar un circuito imperfecto entre organismos del nivel nacional, local, EPS e IPS. Con un sistema anómalo, el servicio es anómalo, y el maltrato es a pacientes, auxiliares, fisioterapeutas y médicos generales. 

1. Auxiliares de enfermería. No quieren prestar servicios con las IPS porque no les pagan. Las IPS tienen poco personal bajo contrato laboral; la mayoría son contratadas por orden de prestación de servicios (OPS) bajo la figura de cuidadores con el fin de pagar menos. Ya vinculados, las IPS pagan a los setenta, noventa y más días. Para las personas con contrato laboral, la demora era menor, pero ahora padecen igual que los vinculados por OPS. Ante la imposibilidad de encontrar trabajo en su campo, los auxiliares se emplean en otras actividades o prefieren prestar servicios por días en clínicas y a domicilio, pues no quieren gastar más en transporte, alimentación y préstamos que pueden convertirse en gastos sin retorno. 

El paciente queda en el centro de una disputa en crecimiento entre auxiliares, fisioterapeutas, médicos generales e IPS, con lo cual desaparece cualquier código ético o de responsabilidad, cuya fractura ocurre por una anómala relación de trabajo, y un código de servicio en torno a lo ético, humano y el paciente. Así, las instituciones de educación técnica y superior también se vinculan al circuito de deficiencias de la salud. 

El sistema se deteriora y las autoridades competentes poco o nada hacen porque las IPS se manejan bajo el derecho privado, por tanto, es difícil intervenirlas por mal servicio. Se llega a situaciones extremas, de suspender de manera unilateral por varios días el servicio de auxiliar, sin que la EPS haga algo y tampoco retornar un peso de las cuentas presentadas. Los problemas van de la EPS a la IPS y de la IPS a la EPS. Por mandato constitucional, las EPS, en consecuencia, las IPS, no pueden dejar descubierto el servicio un solo día.  

Fisioterapeutas. La situación laboral es peor, porque su servicio, en un sistema deficiente, no es prioritario como el de la auxiliar, entonces, les dejan de pagar más tiempo: seis meses y más. Como espacio laboral alternativo la informalidad es una oportunidad que les niega la economía formal en el sistema de salud. Los fisioterapeutas renuncian a medio tiempo con las IPS y se dedican a servicios particulares el otro medio tiempo. Es un caso donde conviven la economía formal y la informal, destrozando la formalización, la productividad y la integración positiva del sistema de salud, de la economía y de la sociedad.   

El esquema con las fisioterapeutas funciona así: en los primeros cinco días hábiles de cada mes, la IPS envía a la EPS los servicios a autorizar; esta se demora cinco días hábiles en responder, de modo que pasan quince días calendario, por tanto, únicamente quedan quince días para las sesiones de fisioterapia. Sin embargo, la EPS autoriza por un mes: del día 15 al día 15 del mes siguiente, pero la IPS dice que solo le autorizaron por quince días. Clara anomalía, porque la prestadora cobra treinta días, pero presta el servicio quince.  

Por lo anterior y más, los paquetes crónicos deben autorizarse cada tres meses para pacientes con patologías irreversibles y total dependencia. Con paquetes segmentados cada mes, se esfuman recursos y el servicio pierde calidad y continuidad. 

El sistema, un derrumbe estructural 

Existen EPS e IPS que intentan desobedecer las decisiones de los jueces, así el paciente, por tutela, tenga derecho a los servicios de auxiliar en el día. Olvidando que la tutela es una orden permanente del juez constitucional y que solamente cesa con el fallecimiento del protegido, en consecuencia, si se incumple se incurre en desacato. 

No sería raro que la Corte Constitucional, opositora del Gobierno, esté pensando en dictar una sentencia que deje sin algunas coberturas a miles de pacientes de medianos y menores ingresos. Una IPS domiciliaria dijo en respuesta a un derecho de petición que la paciente había liberado recursos por la muerte del hermano que vivía con ella. A ninguna IPS le corresponde esa decisión, ni siquiera insinuarla y menos proponerla en documento con efectos jurídicos, desconociendo que el paciente tiene auxiliar en la noche que paga con su pensión.  

El paciente que sustenta este aparte tiene desde hace veinte años las secuelas de un severo accidente cerebro vascular (ACV). Con los años han aparecido problemas de vejiga neurogénica, tratada con urólogo particular; úlcera gástrica severa, con gastroenteróloga particular; traumatólogo particular, que incluye fisiatra, férulas, citas de control e imágenes, y la lista sigue. 

Sus ingresos tienen tope y si la EPS no asume sus obligaciones, tiene que suspender los tratamientos, como ya ha ocurrido. Además, la IPS no dispone de servicio médico si el paciente llega a presentar una novedad, porque el sistema no es preventivo. 

Se suma que los pacientes sin autonomía funcional tienen negada su movilidad por fuera del domicilio. La razón, las pólizas de las IPS son de menor cuantía. Las EPS y los organismos públicos no intervienen porque defienden a las IPS. Es decir, el Estado en contra de la correcta administración de los recursos públicos: las víctimas, el paciente y la sociedad. 

La UPC si alcanza y sobra 

Los recursos que la sociedad invierte por fuera de las coberturas del sistema son enormes. De varios billones, que el sistema podría cubrir si no hubiera tanta sustracción a su presupuesto. Faltan estudios, región por región, para disponer de una radiografía cierta de la realidad. Estos gastos afectan el resto de la economía porque la gente de medianos y menores ingresos no puede gastar en otras necesidades. Incluso, recurren al endeudamiento para gastos que el sistema evade. 

El argumento de que la unidad de pago por capitación (UPC) no alcanza es falso, porque hay un segmento grande de población de los estratos 2 a 5, que con sus ingresos pagan muchos servicios que debe cubrir el sistema. El problema está en la corrupción y servicios deficientes, por lo cual no hay UPC que alcance. Los supuestos sobre los cuales se calcula son errados porque niegan una verdad: lo que paga la gente por fuera del sistema. 

La reforma es urgente 

La salud vive en un círculo perverso por problemas en las normas existentes. Si la reforma a la salud se centra en la prevención y no en la prestación e intervención a las IPS, será un fracaso. Las IPS son puente clave en el sistema, pero no pueden obedecer a un derecho privado cuando la salud es un derecho social del Estado por la vida, el bienestar, la equidad y la justicia social. 

Los ministros continúan negociando una reforma que poco avanza en el Congreso de la República, mientras aumentan las filas de los pacientes frente a EPS, IPS y dispensadoras de medicamentos. Inexplicablemente la Nueva EPS todavía no dice cuál es el dispensador de medicamentos que sustituirá a Audifarma.  

Este texto muestra algunos de los problemas que debe asumir, entender y solucionar la salud preventiva. La salud negocio es negocio, no es humana, ni preventiva, ni obedece a una justa ley. El sistema atiende y salva vidas si el enfermo tiene suerte con un buen médico general o especialista, de lo contrario, corre riesgo su vida. La salud preventiva es por la vida, el bienestar y el desarrollo de la sociedad. 

El sistema se derrumba, lo que intenta el Gobierno no tiene justificación luego de dos años y medio de administración. Las enfermedades no esperan y los pacientes no resisten. La oposición dirá que toda la culpa es del gobierno progresista, y será el fin de la utopía y el retorno de la decadencia. La reforma debe aprobarse ya: la vida no está al servicio de la polarización. 

Le recomendamos: Reforma a la Salud: en riesgo el derecho a la atención