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La salida de Ángela María Robledo: una democracia amenazada

Escrito por Fernando Medina
Ángela María Robledo en la Plaza de Bolívar

Ángela María Robledo en la Plaza de Bolívar

Luis Fernando MedinaPrimero fue Antanas Mockus y ahora la candidata a la Vicepresidencia que por mandato constitucional tiene el derecho a una curul en la Cámara de Representantes. ¿Un ataque sistemático contra la oposición?

Fernando Medina Gutiérrez*

Otra sorpresa

La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró nula la elección de Ángela María Robledo. Hace pocas semanas, la misma sección había anulado la elección de Antanas Mockus —el segundo aspirante más votado en las pasadas elecciones— como Senador de la República para el período 2018-2022.

El Consejo de Estado decidió anular la curul de Ángela María Robledo por doble militancia.

La oposición debilitada por la anulación de curules
​Foto: Facebook Ángela María Robledo

Esta vez, una ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno le dio la razón a la demanda interpuesta por tres ciudadanos según la cual la representante Robledo “incurrió en doble militancia por no haber renunciado a la curul que ocupaba en la Cámara de Representantes, por el Partido Alianza Verde, doce meses antes del día de inscripción como candidata a la Vicepresidencia de la República” por la Colombia Humana y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Aunque Robledo y Mockus militan en orillas distintas, comparten una larga trayectoria en contravía de las prácticas clientelistas que imperan en nuestra democracia. Por eso mismo, el Congreso perdió dos figuras representativas de las nuevas fuerzas políticas.

La decisión del Consejo de Estado priva de la curul en la Cámara de Representantes que les había reconocido el Estatuto de la Oposición a los ocho millones de ciudadanos que votaron por la Colombia Humana.

¿Cómo fue la decisión?

El Consejo de Estado partió de los hechos alegados por los demandantes que fueron aceptados como válidos por el apoderado de la representante Robledo. En cuanto a las bases jurídicas que sustentaron su decisión, el fallo hace referencia a las siguientes disposiciones:

  1. El artículo 107 de la Constitución, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2009 según el cual ningún ciudadano puede pertenecer simultáneamente a varios partidos. Quien, siendo miembro, decida presentarse en las elecciones con otro partido debe renunciar a su curul doce meses antes del día de inscripciones.
  2. El artículo 2º. de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 reafirma que “en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político”. Por lo tanto, quienes aspiren a cargos de elección popular “no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados”. El artículo añade que quien incumpla estas reglas será sancionado por doble militancia “y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción”.
  3. El numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 ratifica que “los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código, y además cuando (…) tratándose de elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política”.

Puede leer: Mockus, sin curul: otro golpe para la democracia.

Una democracia en construcción

Basta mirar las normas anteriores para constatar que las reglas de juego político en Colombia están lejos de dar resultados aceptables en términos de legitimidad y gobernabilidad.

Nadie discute la urgencia de una reforma política. Nuestra democracia tiene una larga historia de corrupción que hace ilegítima a la clase política:

La decisión del Consejo de Estado priva de la curul en la Cámara de Representantes a los ocho millones de ciudadanos que votaron por la Colombia Humana.
  • Empezamos con el Proceso 8.000 y sus derivaciones en la narco-política y la parapolítica;
  • continuamos con la cooptación de autoridades locales por parte de algunas organizaciones insurgentes, y
  • seguimos con los escándalos de la financiación ilegal de las tres últimas campañas presidenciales por parte de Odebrecht.

La decisión de anular las elecciones de Mockus y de Robledo abre la puerta a que interpretemos estas decisiones como un paso atrás en la lucha por limpiar la política. Estaríamos entonces ante una reforma a cuentagotas, consistente en que al leer las normas se tiene la impresión de que el asunto es simple y por lo mismo la solución es simple: Mockus figuraba como representante legal de Corpovisionarios, Robledo se había inscrito por un partido diferente, y las normas se aplican de manera mecánica o sin siquiera entender el contexto.

Pero no hay nada de simple en este asunto. Las dos decisiones del Consejo de Estado desvertebran el sistema de pesos y contrapesos, que es el sustento de las democracias modernas.

El desierto de la oposición política

Nuestra historia muestra que el ejercicio de la oposición ha sido una tarea poco menos que imposible.

En Colombia, las armas han sido el recurso para imponer ideas o acallar a las oponentes. Durante el siglo XIX, esto dio lugar a las guerras civiles, y durante el siglo XX llevó a la exclusión de toda forma de expresión política distinta de los partidos tradicionales pactada bajo el Frente Nacional.

No sobra recordar la larga lista de líderes políticos locales, regionales y nacionales que han sido asesinados en décadas recientes.

La elección presidencial y el Estatuto de la Oposición

La jurisprudencia de la Corte Constitucional y la del Consejo de Estado coinciden en la necesidad de hacer una interpretación restrictiva de las causales de inhabilidad, porque esta puede constituirse en restricción para ejercer un derecho fundamental: el derecho a elegir y a ser elegido.

La Constitución establece taxativamente las siguientes causales de inhabilidad para quienes aspiran a ser elegidos como presidente de la República:

La oposición debilitada por la anulación de curules
El Consejo de Estado decidió anular la curul de Ángela María Robledo por doble militancia. 
Foto: Facebook Consejo de Estado
  1. La reelección está prohibida;
  2. Está inhabilitado el vicepresidente que ejerza la presidencia durante más de tres meses durante el cuatrienio, y
  3. Están inhabilitados quienes durante el año anterior a la elección hayan ostentado alguno de las altas dignidades del Estado.

Además de estas normas, la Constitución establece las siguientes causales de inhabilidad para ser elegido presidente o vicepresidente:

Las dos decisiones desvertebran el sistema de pesos y contrapesos, que es el sustento de las democracias modernas.
  1. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos;
  2. Haber perdido la investidura de congresista;
  3. Tener doble nacionalidad, exceptuando de los colombianos por nacimiento.

El artículo 293 de la Constitución no permite que las inhabilidades para la presidencia y vicepresidencia sean reguladas mediante leyes del Congreso. Lo habilita sí para ocuparse de las inhabilidades e incompatibilidades de quienes aspiren a ser elegidos por voto popular para desempeñar funciones públicas en las entidades territoriales.

Las normas colombianas al respecto están en armonía con los tratados internacionales de Derechos Humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Así lo entendió la Procuraduría General de la Nación que reconoce:

  1. En primer lugar, que la calidad de representante a la Cámara de Ángela María Robledo no resulta de su participación en las elecciones para esa corporación —sino de haber calificado para la segunda vuelta de la elección presidencial—.
  2. Por tanto la curul que ocupa a título personal la representante Robledo proviene de la reforma política o Acto Legislativo 02 de 2015, desarrollado en el artículo 24 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018, que confiere a los candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia que sigan en votos a quienes resulten ganadores en las elecciones, a ocupar, en su orden, una curul en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, e integrarán las comisiones primeras constitucionales de las respectivas cámaras.

Lea en Razón Pública: ¿Por qué haber votado por Angela María Robledo y Gustavo Petro?

Colofón y coda

Una interpretación ligera y descontextualizada por parte de la mayoría de magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado le rompe una vértebra al tan necesario Estatuto de la Oposición.

Este Estatuto fue ordenado por la Constitución de 1991 y tuvo que superar la prueba de más de un cuarto de siglo y de un Acuerdo de Paz para que viera la luz del día que hoy se quiere cegar.

La curul que el Estatuto de la Oposición reconoció a título personal a Gustavo Petro y a Ángela María Robledo constituye un elemento central de nuestra frágil democracia, que no puede ser vaciado de contenido sin afectar gravemente su funcionamiento.

La decisión del Consejo de Estado amenaza a la propia estructura del Estado. Por lo mismo, Iván Duque que es quien ejerce su jefatura, debería pronunciarse al respecto.

Sin embargo, el mismo Consejo mantuvo la elección de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, quien también fue acusada de doble militancia. Ramírez integra la fórmula presidencial ganadora a pesar de que está respaldada por un partido distinto de aquél que había respaldado su inicial aspiración a la Presidencia.

Hoy los congresistas del oficialismo celebran con cabeza caliente la salida del Congreso de Robledo, quien es una figura tan destacada en la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, de los derechos humanos y del medio ambiente. A quienes celebran, les recuerdo que la democracia electoral es un juego en permanente iteración.

Afortunadamente, están abiertas las instancias nacionales e internacionales para la protección de derechos fundamentales. Y, aún mejor, están abiertos también los propios escenarios de la democracia para que voces tan importantes como las de Ángela María Robledo se oigan aún con más fuerza.

*Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, magister en Problemas del Desarrollo Económico y Social y Ph. D. en Ciencia Política de la Universidad de York, Inglaterra. Consultor y Profesor Universitario.

 

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