La Rolita: Un llamado a la planificación para el futuro del transporte en Bogotá

Más allá del aspecto jurídico que protege a los bogotanos de las “alcaldadas”, e incluso más allá de los argumentos técnico-económicos relacionados con la sostenibilidad económica de La Rolita, el fallo del Tribunal envía una señal sobre la necesaria planeación del transporte público en Bogotá

El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró nula la creación de La Rolita y ordena su liquidación inmediata ha generado un impacto profundo en el sistema de transporte público de Bogotá. Esta decisión no solo afecta al único operador público de transporte de la ciudad, sino que envía un mensaje claro sobre la importancia de la planificación técnica y la responsabilidad en el uso de recursos públicos, requisitos de la legislación vigente para proteger a los ciudadanos de las aventuras de los funcionarios públicos.

La decisión judicial confirmó que La Rolita, concebida con una flota 100% eléctrica y con un enfoque para el cierre de brechas de género, careció de estudios técnicos y de una discusión previa en el Concejo de Bogotá. En este contexto, la administración de Carlos Fernando Galán debe ahora enfrentar el reto de corregir los errores jurídicos. El asunto es saber si sus acciones irán en la dirección de preparar al sistema de transporte para los desafíos futuros, especialmente con la entrada en operación de la primera línea del metro en 2028.

La Rolita y su impacto limitado, ¿pero significativo?

La Rolita fue creada con la misión de prestar el servicio de transporte en una zona en la que los operadores privados no quisieron participar. Pero además fue creada con la orientación de contribuir a la sostenibilidad ambiental (no es claro si financiera, está por verse) y promover la equidad de género en el sector transporte, un espacio tradicionalmente dominado por hombres.

Con una flota de 195 buses eléctricos, representa sólo cerca del 2% de cerca del zonal de Bogotá. Se pueden hacer cálculos para mostrar que su impacto en la sostenibilidad es mayor, ya que constituye el 18.9% de toda la flota eléctrica del sistema, una contribución importante en la reducción de emisiones contaminantes. 

Por otro lado, aunque La Rolita moviliza solo el 2.5% de las necesidades de viaje del SITP (unos 43,000 usuarios), su operación cubre áreas con baja atención de operadores privados, como Ciudad Bolívar y Fontibón.

A pesar de su alcance limitado en comparación con otros operadores del SITP, La Rolita se ha convertido en un modelo de transporte verde y de equidad de género, aunque depende de subsidios del presupuesto distrital para mantenerse. Su flota eléctrica ha sido un paso importante hacia la reducción de la contaminación en Bogotá, ofreciendo una alternativa sostenible a los buses diésel. Sin embargo, el fallo del 24 de octubre de 2023, que ratifica una segunda instancia, destaca una realidad crucial: sin los estudios técnicos que la justifiquen, incluso las iniciativas bien intencionadas pueden poner en riesgo los recursos públicos.

El magistrado Cermeño, ponente del fallo, al negar la solicitud del Distrito de darle tiempo para presentar los estudios, le envió un mensaje claro al alcalde Galán y todos los otros gobernantes, que permitir a los gobiernos subsanar retrospectivamente falencias de lo que parece haber funcionado bien es como permitir que un ladrón pague lo robado para enmendar su delito y no ir a la cárcel. El fallo en su totalidad subraya la necesidad de que los proyectos públicos cuenten con una base técnica sólida que asegure su viabilidad y un uso adecuado de los fondos públicos.

Continuar o liquidar La Rolita

La orden de liquidación de La Rolita deja al Distrito ante dos opciones: subsanar las deficiencias legales mediante estudios y una nueva autorización en el Concejo, o liquidar la entidad y transferir sus activos y rutas a operadores privados del SITP. La primera opción, apoyada por el alcalde Galán, permitiría a La Rolita seguir operando como un modelo público comprometido con el medio ambiente y la inclusión de género. Se discutirá en el Concejo, se espera, si la información recabada durante los años de operación respalda las declaraciones de que le empresa es fiscalmente sostenible, lo que sería casi un hito internacional. En el Concejo la discusión incluirá los argumentos de las voces opositoras. Aun viniendo de algunos operadores privados, sus argumentos deben ser escuchados.

La segunda opción es liquidar La Rolita y transferir su flota de 195 buses eléctricos a los operadores privados, lo que reduciría la carga financiera y administrativa para el Distrito. No obstante, esta opción significaría renunciar a un proyecto que, aunque imperfecto, ha demostrado ser valioso en términos de sostenibilidad y equidad social. Además, dejaría al sistema dependiente de operadores privados, cuya prioridad está en la rentabilidad, en lugar de la inclusión social o la sostenibilidad ambiental.

Dado el impacto positivo de La Rolita y el camino recorrido en los últimos años, parece razonable que el Distrito opte por la vía de la subsanación y presente el caso en el Concejo. Esto permitiría fortalecer el proyecto y asegurarse de que el operador público pueda continuar aportando a la sostenibilidad y la equidad de Bogotá.

Un llamado a la planificación responsable para el futuro del transporte en Bogotá

El fallo sobre La Rolita es un recordatorio de la importancia de gestionar el transporte público con visión de largo plazo, planificación técnica y responsabilidad política. Aunque La Rolita ha demostrado su valor en términos de sostenibilidad y equidad de género, su creación sin estudios técnicos adecuados resalta los riesgos de decisiones apresuradas y la importancia de una base sólida para las inversiones públicas. A solo cuatro años de la entrada en operación de la primera línea del metro, Bogotá tiene un tiempo limitado para realizar los estudios necesarios y abrir la discusión política en el Concejo y el Congreso, asegurando que el sistema esté preparado para la nueva realidad.

Por más de cinco años son claras las necesidades clave para lograr un sistema integrado y eficiente cuando entre en operación la primera línea del metro, momento clave para reformar todo el sistema desde el punto de vista legal, financiero y operativo. 

Estas reformas para la entrada en operación del metro, que aún están pendientes, deben enfocarse en tres áreas:

1. Coordinación entre operadores en estaciones: La entrada del metro requerirá que el SITP, TransMilenio y el metro operen en armonía en las estaciones de transferencia, evitando problemas de congestión de vehículos y pasajeros, de seguridad, de alineación de frecuencias y servicios, facilitando una experiencia fluida para los usuarios. Esto requerirá ajustes contractuales y operativos para establecer protocolos de integración y coordinación y leyes que aseguren que el sistema metro esté protegido legal y operativamente frente a eventos de terrorismo, violencia y desorden social.
2. Reestructuración de rutas: La llegada del metro exige una reorganización de las rutas del SITP para evitar redundancias y maximizar la cobertura en áreas desatendidas. Esta reestructuración implicará renegociar contratos con los operadores actuales, incluida La Rolita, para lograr una red de transporte eficiente y complementaria. Modelos de transporte y financieros son requeridos para poder apropiar recursos, hacer licitaciones y mejorar las reglamentaciones de hoy, cuando no existe un operador férreo.
3. Integración tarifaria y operativa para una experiencia de usuario fluida: La integración tarifaria es fundamental y que los operadores, tanto de buses como de los trenes, tengan claro cómo, quién y cuándo las transferencias por tarifas son realizadas. Esta integración también requiere sistemas complejos de tiquetes que deben comunicarse, algo que ya debería estar en estudio.

Este fallo debería servir como lección para la administración pública, recordando que las decisiones en transporte público deben estar respaldadas por estudios sólidos y una planificación coherente. Aunque cuatro años parezcan un periodo breve, es tiempo suficiente para sentar las bases de un sistema de transporte verdaderamente integrado y sostenible. La administración actual tiene la responsabilidad de implementar estas reformas y aprovechar la oportunidad de fortalecer el transporte de Bogotá en paralelo con la entrada de la primera línea del metro, estableciendo un sistema que sirva a las necesidades de una ciudad en crecimiento y en constante transformación.

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