Verdad que muchos delincuentes utilizan las motos, pero la prohibición de los parrilleros es una medida superficial porque desborda la capacidad de la Policía, tiene un costo social muy elevado y no atiende los problemas criminales de fondo.
Christian Álvarez Gómez*
Razones de una medida
La decisión de la Alcaldía Mayor de Bogotá de prohibir el tránsito de motos con hombres “parrilleros” como medida para contrarrestar la delincuencia ha dado pie a las protestas de los muchos usuarios de estos vehículos en la ciudad.
La adopción de la medida – que afecta a los usuarios de motocicletas de cilindraje superior a 125 c.c. dentro de un área específica de la ciudad – fue presentada por la administración como una necesidad para contrarrestar el aumento de los delitos atribuidos a “parrilleros”. En efecto, las cifras indican que:
- Hubo un aumento notable en el número de hurtos a personas perpetrados por delincuentes motorizados, los cuales aumentaron en más de 200 por ciento entre 2012 y 2017.
- Según las estadísticas policiales, el año pasado fueron registrados 62.169 hurtos a personas, de los cuales 5.288 involucraban el uso de motocicletas.
- En el cinco por ciento del total de los casos (3.031) el perpetrador fue el acompañante.
- Estos números excluyen otros delitos como los hurtos a establecimientos comerciales, de motocicletas, de entidades financieras, e incluso de homicidios bajo la modalidad de sicariato, en los cuales los perpetradores son en su mayoría motociclistas.
Una medida polémica
 Protesta por parte de motociclistas. Foto: Conexión Capital |
Pero el anuncio de esta nueva medida ha dado pie a un acalorado debate público debido al grave impacto social que ella conlleva.
En una ciudad con grandes problemas de movilidad y un sistema deficiente de transporte público, la motocicleta no solo se ha convertido en una alternativa económica de movilización sino también en un instrumento de trabajo, especialmente en poblaciones pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.
Según datos del Registro Único Nacional de Transito RUNT, más de 470.000 motos están actualmente registradas en Bogotá, a las cuales deben sumarse las motocicletas que, sin estar matriculadas en la ciudad, circulan por las calles de la Capital.
El alcalde Peñalosa ha insistido que la medida afectará a un porcentaje reducido de los habitantes de la ciudad. Pero no existe un registro de cuántas motos se movilizan con “parrilleros” en Bogotá, a diferencia de otros municipios como Barrancabermeja o Girardot donde los motoristas deben registrar a sus acompañantes ante las autoridades correspondientes. O sea que en Bogotá no se sabe cuántos “justos” pagarán por cuantos eventuales “pecadores”, y el argumento del alcalde no está suficientemente sustentado.
la motocicleta no solo se ha convertido en una alternativa económica de movilización sino también en un instrumento de trabajo
La prohibición de los parrilleros parece obedecer a una lógica de lo que se conoce como “prevención situacional” del delito. Para las autoridades distritales la medida busca disminuir las oportunidades de éxito de los delincuentes al evitar que hagan uso de motocicletas para llevar a cabo los delitos.
Pero esa hipótesis resulta controversial porque supone que dos hombres en una motocicleta son un factor de riesgo para la seguridad. La medida es impopular y tiene un alto costo político para el alcalde.
La restricción del “parrillero” ya ha sido adoptada en varias ciudades de Colombia (Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Pasto) por razones de seguridad. En estos lugares, las autoridades celebran la eficacia de la medida para disminuir el número de hurtos, fleteos y actos de sicariato.
En Medellín la medida estuvo vigente entre 2012 y 2015, cuando fue revocada por una decisión judicial; las autoridades municipales de esta ciudad creen que al revocarla se produjo un aumento de los hurtos a personas durante 2016 y 2017, ya que al menos el 50 por ciento de estos delitos fueron perpetrados por delincuentes motorizados.
En Bogotá la medida ya había sido ensayada en 2002 cuando Antanas Mockus restringió parcialmente el tránsito de motos con acompañantes.
La incapacidad de las autoridades
El debate de fondo está entonces en la eficacia de la medida para contrarrestar la delincuencia en la ciudad.
Por si sola la prohibición del “parrillero” resulta insuficiente. Para que la medida dé resultado se necesita un esfuerzo institucional realmente masivo:
- Las autoridades de tránsito tendrían que poner puestos de control para velar por la efectividad de la restricción e imponer las sanciones respectivas cuando la misma sea infringida, y
- Las autoridades deben hacer una verificación exhaustiva sobre (a) antecedentes penales, (b) porte y licencia de armas, y (c) supervisión sobre motos reportadas como robadas, como gemeleadas o como vinculadas con la comisión de delitos.
Aun sin haber adoptado la medida, las autoridades de tránsito de Bogotá se han mostrado incapaces tanto de regular el crecimiento caótico de motorizados en la ciudad como de hacer cumplir las normas básicas de circulación y seguridad vial a los motoristas. El alto índice de accidentalidad que involucra motocicletas es una muestra palpable de estas fallas.
Si los controles de las autoridades de tránsito se concentran en las vías de alta circulación, ¿qué pasa en las calles de los barrios? ¿Se delegará esta responsabilidad en los policías de los cuadrantes?
Esta hipótesis resulta controversial en tanto supone que dos hombres en una motocicleta son un factor de riesgo para la seguridad. La medida es impopular y tiene un alto costo político para el Alcalde
Como lo ha denunciado en repetidas ocasiones el Secretario Distrital de Seguridad Daniel Mejía, la ciudad tiene grandes limitaciones en el pie de fuerza policial: solo cuenta con un poco más de 6.000 policías de vigilancia por turno para hacerse cargo de las problemáticas de seguridad y convivencia en una ciudad con cerca de ocho millones de habitantes.
Por eso antes de aplicar la restricción haría falta:
- Un importante fortalecimiento la Policía, no solo en términos de pie de fuerza sino de capacidad operacional;
- Fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación criminal, para luchar mejor contra las bandas delincuenciales que actúan en la ciudad y que tendrían buena parte de la responsabilidad en los delitos que se valen de las motos, y
- Definir y aplicar una estrategia para combatir los mercados criminales donde participa la delincuencia en la ciudad, tales como la comercialización de autopartes y celulares robados, y el mercado negro de armas de fuego.
Los remedios de fondo
 Alcalde Peñalosa sobre el uso de parrillero Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
Sobre todo, la tarea más urgente es mejorar la política criminal del Estado y la capacidad del aparato judicial para atender aquellos delitos que, como el hurto a personas, afectan más a la ciudadanía.
Este comportamiento es todavía considerado como un delito menor y excarcelable, aun en casos de reincidencia que demuestran la existencia de verdaderos criminales de profesión. A ello se suman las incapacidades institucionales para investigar, juzgar y sancionar los delitos; así como una tendencia doctrinal dentro de los círculos judiciales a deslegitimar la efectividad de la prisión como recurso de prevención y sanción.
La práctica judicial de dejar en libertad a delincuentes que “no representan un peligro para la sociedad” alimenta la indignación ciudadana y acrecienta la percepción de inseguridad y desconfianza en las autoridades.
La implementación efectiva de la norma requiere de un importante fortalecimiento institucional de la Policía, no solo en términos de pie de fuerza sino de capacidad operacional
Las deficiencias de la justicia penal se traducen en una tasa elevada de impunidad, en los altos niveles de reincidencia delincuencial y en la falta de garantías de reparación y protección de las víctimas.
En definitiva, la restricción al “parrillero” hombre en las motos no deja de ser una medida de emergencia, coyuntural, cuya eficacia estará condicionada, fundamentalmente, a la capacidad de las autoridades distritales para hacer cumplir la norma. En todo caso, la medida por sí sola no resuelve el problema de la delincuencia motorizada en la ciudad.
Los resultados inmediatos no pueden encubrir la necesidad de reformas de fondo tanto en el aparato de seguridad como en el sistema penal necesarias para aumentar las capacidades institucionales de prevención del delito, aplicación de la ley y sanción efectiva de los delincuentes. Esto requiere del trabajo articulado y el compromiso político no solo de las autoridades distritales sino del ejecutivo, el legislativo y la rama judicial a nivel nacional.
*Politólogo de la Universidad Nacional, máster de investigación en Estudios Internacionales de la Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (Francia) y estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Granada (España).
