Si Trump pierde las elecciones de noviembre, Washington apoyará el proceso de paz, la protección de líderes sociales y la defensa de los derechos humanos en Colombia.
Adam Isacson*
Las prioridades de los demócratas
Una búsqueda en Google de las apariciones de la palabra “Colombia” en house.gov —el dominio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos—durante el primer semestre de 2020, no arroja más de 20 resultados. Casi todos están relacionados con los cultivos de coca y con los efectos que la crisis venezolana ha tenido en el territorio colombiano.
Mientras que el Senado está controlado por el Partido Republicano, los demócratas ganaron la mayoría de la Cámara en las elecciones del 2018. Desde entonces, esta corporación había hablado muy poco sobre Colombia, pero sorpresivamente, durante las últimas semanas, se ha pronunciado sobre su proceso de paz, sus líderes sociales y sus escándalos de espionaje militar.
El pasado 6 de julio, 94 legisladores demócratas firmaron una carta donde expresan su preocupación por estos temas.
Días después fue aprobado el proyecto de ley del presupuesto de ayuda exterior para 2021, lo cual implica Estados Unidos destinará recursos para apoyar la paz y los derechos humanos en Colombia. Entre otras cosas, el documento:
• Asigna 458 millones de dólares para Colombia en 2021, de los cuales menos de 200 millones se destinarán a las fuerzas policiales y militares del país, lo cual contrasta con la solicitud que Trump hizo en febrero: 413 millones, de los cuales 250 serían destinados a las fuerzas armadas y a la policía.
• Enumera los propósitos específicos de la ayuda de Estados Unidos. En los primeros lugares figuran el cumplimiento del acuerdo de paz, la sustitución de cultivos de coca según lo acordado con las FARC, la mayor presencia de instituciones civiles estatales en zonas abandonadas por el Estado, y la atención a las víctimas, los pequeños agricultores, las mujeres y los pueblos indígenas y afrocolombianos.
• Congela el 20% de los 189 millones de dólares que el Departamento de Estado había destinado al programa “Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley” hasta que el Departamento certifique que la estrategia de erradicación colombiana no viola el acuerdo de paz de 2016;
• Congela el 20% de los 38 millones de dólares destinados al mayor programa de ayuda militar hasta que el Departamento certifique que el sistema de justicia colombiano está tomando medidas efectivas para proteger a los líderes sociales, que está investigando y judicializando a los infractores de los derechos humanos, y —en un requisito nuevo— que está castigando abusos a la inteligencia militar.
Dos enmiendas sobre Colombia
Sumado a lo anterior, el pasado 21 de julio, la Cámara aprobó su versión de la Ley de Autorización de Defensa de 2021 (NDAA, por sus siglas en inglés), un proyecto que incluye ajustes a la Ley básica del Pentágono y de las fuerzas armadas estadounidenses. Es probable que este sea el único proyecto de ley importante que se convierta en ley antes de las elecciones de noviembre. La NDAA incluye dos enmiendas sobre Colombia.
La primera, propuesta por el representante Jim McGovern de Massachusetts, exige que el Secretario de Estado, el Secretario de Defensa y el Director de Inteligencia Nacional presenten un informe sobre las acusaciones publicadas por Semana en el sentido de que ayuda del gobierno estadounidense ha sido utilizada para vigilar ilegalmente a la población civil, incluyendo a defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas y opositores políticos. Este informe debe detallar:
• Cualquier uso de la asistencia brindada por Estados Unidos para tales actividades;
• La participación de las fuerzas armadas colombianas en la recopilación ilegal de inteligencia entre 2002 y 2018;
• Una evaluación completa del alcance de tales actividades, incluyendo la identidad de las unidades involucradas, las cadenas de mando relevantes y los objetivos de dicha vigilancia;
• Las medidas tomadas por las agencias diplomáticas, de defensa y de inteligencia estadounidenses frente al mal uso de la asistencia;
• Las medidas tomadas por el gobierno colombiano en respuesta al mal uso de la asistencia estadounidense;
• Una adecuación de la doctrina y del entrenamiento militar colombiano para garantizar que las operaciones de inteligencia respeten los derechos humanos de ahora en adelante.
La segunda enmienda, presentada por la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, establece límites al apoyo que brinda Estados Unidos a la fumigación aérea con glifosato de las zonas en donde se cultiva la coca. Si bien lo más probable es que esta enmienda no bloquee la ayuda que Estados Unidos brinda a la aspersión aérea, es notable que una congresista tan reconocida exprese su preocupación por este tema. Un portavoz de su partido, le dijo a Business Insider que la fumigación aérea fue una táctica destructiva de la guerra fallida contra las drogas emprendida por Estados Unidos que afectó el rendimiento de muchos agricultores y la salud de muchos colombianos.
En parte, las enmiendas prosperaron gracias a que el presidente del Comité de Reglas, que maneja el debate en el plenario, es el Representante McGovern, el miembro de la Cámara que más ha seguido la política estadounidense en Colombia desde una perspectiva favorable a la paz y los derechos humanos. El pasado 27 de julio le dijo a Business Insider: “Si fuera por mí, daría fin a la asistencia de seguridad a Colombia ahora mismo. Los responsables de actos ilegales deberían hacerse cargo de sus actos… Claramente, eso no va a suceder en Colombia”.
Después de que las enmiendas fueran aprobadas, McGovern manifestó en numerosos medios colombianos su desacuerdo con la dirección actual de la política estadounidense y expresó su preocupación por las violaciones de los derechos humanos perpetradas por los militares colombianos y los excesos cometidos por el gobierno Duque en nombre de la erradicación de la coca.
Dos posturas irreconciliables
Es evidente que la administración Trump y la Cámara tienen posturas irreconciliables sobre Colombia. La Casa Blanca llama la atención sobre la cifra récord de hectáreas de coca y considera a Bogotá como un aliado en la lucha contra el régimen venezolano. En contraste, la Cámara lamenta el incumplimiento del acuerdo de paz y las violaciones de derechos humanos encubiertas por el gobierno colombiano.
Mientras que los demócratas se muestran cada vez más reacios a aceptar este tipo de episodios, hay muy pocos republicanos que defiendan abiertamente el uso de la fuerza militar. En la década de los noventa, un grupo de republicanos del Congreso presionó a la administración Clinton para aumentar la ayuda militar y la fumigación en Colombia. En contraste, actualmente ningún republicano del Congreso aboga por algo parecido con tanta fuerza.
Como defensor de los derechos humanos, debo darle crédito a mis colegas: somos un grupo sólido de expertos y activistas que ha luchado para que la política estadounidense promueva la paz y los derechos humanos de los colombianos desde los años noventa. Durante las últimas décadas, hemos recopilado conocimiento valioso, y hemos atraído fundaciones y donantes individuales que se dedicaron a mantener nuestras capacidades.
¿Qué pasará en los próximos meses?
Los próximos pasos están en el Senado, donde el proyecto de ley de asignaciones del Departamento de Estado y la Ayuda al Exterior para 2021 aún no se ha redactado. Allí, el Comité de Asignaciones probablemente revelará su proyecto de ley después del receso legislativo de agosto. No se convertirá en ley antes de las elecciones de noviembre. Mientras tanto, la NDAA puede aprobarse después de una conciliación entre la versión de la Cámara y la versión aprobada por el Senado (que no incluye las enmiendas McGovern u Ocasio-Cortez).
Una carta del embajador Francisco Santos —que hemos visto y que no ha sido publicada— dirigida a los firmantes de la carta del 6 de julio, indica que el gobierno de Duque no esperaba, o ha menospreciado, el giro demócrata que ha tomado la Cámara. En ella, simplemente repite los argumentos de siempre de la administración colombiana, omitiendo información clave y rechazando toda crítica al funcionamiento del proceso de paz.
El tono agresivo de la carta demuestra que Duque prefiere mantener al margen de su gobierno a los demócratas de la Cámara. Dado que la opinión pública favorece al Partido Demócrata para la Presidencia y el Senado faltando 13 semanas para las elecciones, adherirse tanto a los republicanos parece un error estratégico.
