El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia, y progresividad". Atendiendo a la historia, el desarrollo de esta institución necesita una Regla Fiscal.
Cesar González Muñoz *
Artículo 163 de la Constitución Nacional: “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad”. Atendiendo a la historia, el desarrollo de esta institución probablemente necesita lo que ahora se denomina una Regla Fiscal. No sé si ésta será, finalmente, parecida a la que ha propuesto el gobierno con apoyo de un grupo de reconocidos expertos. En todo caso, esta propuesta es incompleta: coincido en ello con Mauricio Cabrera, quien ha planteado sus opiniones en reciente columnas de prensa. Para darles a las finanzas públicas la sostenibilidad de la que hoy carecen, es indispensable un nuevo ambiente tributario que sea solidario con los principios constitucionales. Creo que ningún observador serio defiende el actual estado de cosas. Me parece muy bien puesto el comentario del profesor de la Universidad de los Andes Mauricio Uribe López, publicado en la edición 215 del semanario virtual Caja de Herramientas de Corporación Viva la Ciudadanía (“¿Y por qué no un pacto social en lugar de una regla fiscal?” ): “Las raíces estructurales de la debilidad de las finanzas públicas en Colombia no se resuelven con una regla como la propuesta. Si la contrapartida de un contrato fiscal fuerte es un Estado cuyo financiamiento depende fundamentalmente de la tributación de los ciudadanos y a su vez éste se traduce en la provisión de bienes públicos y en regulaciones efectivas, es claro entonces que las raíces de la debilidad fiscal hay que buscarlas en la precariedad del compromiso tributario de las élites”.
Cabrera, López, Antonio Hernández Gamarra, quien hizo parte del grupo de asesores de la propuesta, José Antonio Ocampo y la gran mayoría de analistas de la cosa fiscal, con seguridad están de acuerdo en que a la llamada Regla Fiscal hay que añadirle, ante el statu quo presente, un conjunto de volantines institucionales: impuestos, regalías, relaciones fiscales entre el centro y las regiones. La gestión de este nuevo panorama institucional no es cosa fácil, y muy probablemente hay visiones distintas en cuanto al calendario legislativo aplicable. En todo caso, es claro que un régimen político responsable no puede quedarse preso en el estrecho marco de la discusión de la Regla Fiscal, cuando es rampante la mediocridad del Estado colombiano en el cumplimiento de los mandatos constitucionales.
Ahora bien, la discusión no puede centrarse en la pura técnica de hacienda, en los modos más expeditos para alcanzar el equilibrio fiscal y la viabilidad del Tesoro como deudor. La gracia está en ser eficientes y “modernos”, al tiempo que se profundiza la democracia real y efectiva. En materia de regalías, por ejemplo, existe en Colombia una fuerte corriente de pensamiento que quisiera concentrar estos recursos en los centros de decisión del gobierno nacional, dejando por fuera los intereses legítimos de las regiones. Ciertamente, son muy fuertes y atractivos los argumentos de esta corriente: Éstos consisten en que la estabilidad macroeconómica es determinante y en que para ello es necesario echar mano de la totalidad de los ingresos fiscales generados por las actividades mineras y petroleras. Consisten también en que las reglas de la distribución geográfica de las regalías son injustas, que generan elevados riesgos de indisciplina y desorden en las finanzas públicas regionales y en que la corrupción administrativa produce grandes desperdicios y filtraciones de recursos públicos hacia los bolsillos de agentes electorales corruptos y sus cómplices del sector privado. Pero, como lo ha dicho Hernández, lo que Colombia debe lograr es quitarle las regalías a la corrupción y a los señores de la guerra, y no quitárselas a las regiones. No hay democracia efectiva que no sea una democracia descentralizada, con músculo financiero adecuado.
*Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí.
