Desde hace varios años la Registraduría es fuente de contratos muy rentables para algunas empresas, pero con dudosos resultados para la democracia colombiana.
Libardo Espitia*
El fallo del Consejo de Estado
El pasado 8 de febrero, en un fallo sin precedentes, el Consejo de Estado (CE) resolvió dos demandas de nulidad electoral presentadas –una por un ciudadano y otra por el movimiento cristiano y político MIRA– contra la elección de los senadores de la República para el período 2014-2018 (Resolución 3006 de 2014).
Los motivos de las demandas fueron las diferencias injustificadas en los formularios E-14 y E-24 y el sabotaje en el software utilizado para los escrutinios, concretamente en lo relacionado con la información, transmisión y consolidación de resultados.
En las elecciones para 2018-2022 las denuncias sobre fraude no han faltado.
El CE analizó los formularios E-14 (acta de escrutinio del jurado de votación), E-24 (cuadro de resultados de la comisión escrutadora) y E-26 (consolidación de resultados de los escrutinios) de 2.933 mesas de votación que correspondían a 6.499 registros por irregularidades. Con dicho análisis verificó la existencia de la “mancha espejo”, que consistía en el traspaso de tinta por no secado rápido a tarjetas electorales de votos nulos. Esto, en efecto, había afectado un 10 por ciento o más de la votación por el MIRA para Cámara y Senado.
En el informe pericial ordenado al software utilizado se concluyó que la supuesta manipulación no pudo verificarse porque la versión utilizada no fue entregada por la empresa ADS, contratada por la Registraduría en 2014, que no la guardó y en el momento de la inspección tenía otras versiones mejoradas.
Aunque no se resolvieron todas las inquietudes del CE, en el análisis realizado a la información entregada por la Registraduría se encontraron irregularidades que corroboraron la pérdida o destrucción de documentación electoral. Así, la entidad incumplió el artículo 209 del Código Electoral que ordena que los documentos electorales solo puedan ser incinerados una vez vencido el período de gobierno correspondiente.
La decisión del CE cambió el resultado electoral de 2014: anuló las credenciales de tres congresistas pertenecientes al Centro Democrático, al Partido Liberal y a Opción Ciudadana y se las devolvió al partido denunciante.
Por último, el tribunal ordenó la compulsa de copias tanto a la Procuraduría General de la Nación como a la Fiscalía General para que adelantaran las investigaciones pertinentes.
La mina de oro
 Senado de la República. Foto: Ministerio de Interior |
La Registraduría Nacional del Estado Civil es una entidad con autonomía administrativa, presupuestal y contractual. Tiene la misión de llevar el registro civil y la identificación de los ciudadanos, así como de administrar los mecanismos de participación ciudadana y los procesos electorales con plenas garantías.
Sin embargo, las recurrentes denuncias por fraude en procesos electorales ponen en tela de juicio las garantías dadas por la Registraduría, ya sea de manera directa o indirecta por medio de sus contratistas.
La mayoría de las denuncias han cuestionado la información contenida en los formularios E-14 y E-24, que están a cargo de sociedades contratadas por la Registraduría. El fallo del Consejo de Estado va mucho más allá de los formularios porque cuestiona y presenta evidencia de sabotaje al software desarrollado y suministrado por contratistas externos para recoger y consolidar la información de los escrutinios.
La Registraduría cedió sus funciones a agentes privados.
El mismo Gobierno nacional llamó a las elecciones para Congreso 2010-2014 “una verdadera vergüenza”, debido a las fallas electorales. Por ello el procurador de entonces abrió investigación disciplinaria contra el registrador Carlos Ariel Sánchez, elegido para el período 2007-2011 y reelegido hasta diciembre de 2015.
Del mismo modo, el actual procurador, Fernando Carrillo, anunció la apertura de una investigación por la manipulación de tarjetones electorales en las elecciones del pasado 27 de mayo.
Ahora bien, antes de la llegada de Sánchez a la Registraduría la sociedad Thomas Greg & Sons de Colombia estaba ejecutando dos contratos:
- El primero por 25 millones de pesos para la entrega de 56.000 hojas del formulario E-11 (actas de instalación, lista de sufragantes y registro general de votantes). Este contrato fue adjudicado el 9 de marzo de 2017.
- El segundo contrato, por 220 millones de pesos, fue adjudicado a la unión temporal de dos de sus empresas (Thomas Greg & Sons Transportadora de Valores S.A. y Thomas Greg & Sons de Colombia S.A.) en 2007, precisamente el año en el que Juan Carlos Galindo Vacha fue registrador encargado. El objeto de este contrato era la prestación del servicio integrado de seguridad para la realización de pruebas y exámenes al personal supernumerario que colaboraría en el proceso de elección de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y juntas administradoras locales de ese año.
No obstante, fue con Sánchez Torres que llegó la abundancia de contratos para Thomas Greg & Sons. Esta empresa se presentó a varios procesos de licitación por medio de la conformación de uniones temporales que incluían a la razón social principal, así como otras empresas constituidas por la misma sociedad o por otras sociedades con objetos afines. Así le fueron adjudicados varios de los contratos asignados por la Registraduría para distintos certámenes electorales bajo la batuta de Sánchez. Los contratos continuaron con Galindo Vacha y han sido los siguientes:
- Consulta popular de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica celebrada el 26 de octubre de 2008;
- Elecciones de representantes a la Cámara del departamento de Caquetá en 2009;
- Elecciones atípicas de alcalde de Valledupar el 4 de octubre de 2009;
- Elecciones para Congreso de la República, Presidencia y Parlamento Andino en 2010; en estas elecciones se incluyeron las consultas del Partido Conservador y el Partido Verde para elegir a sus candidatos presidenciales;
- Elecciones atípicas de gobernador para el departamento de Bolívar el 24 de octubre de 2010;
- Elecciones atípicas de gobernador para el Valle del Cauca el 23 de octubre de 2011;
- Comicios electorales para elegir gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales el 30 de octubre de 2011;
- Elecciones de Congreso Nacional, Parlamento Andino, Presidencia y Vicepresidencia realizadas el 9 de marzo y el 25 de mayo de 2014;
- Elecciones de gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales el 25 de octubre de 2015;
- Plebiscito para la refrendación del Acuerdo de paz en 2016;
- Producción de cédulas;
- Elecciones de Congreso Nacional, Parlamento Andino, Presidencia y Vicepresidencia realizadas el 11 de marzo y el 27 de mayo de 2018.
De este modo, con Sánchez Torres la empresa Thomas Greg & Sons pasó de suministrar insumos para la producción de documentos electorales a vender todo lo relacionado con el proceso electoral: desde el documento de identidad y el cuadernillo electoral, pasando por bolígrafos, marcadores y cajas, transporte y logística, hasta el desarrollo de software para la validación biométrica. Es decir, la Registraduría cedió sus funciones a agentes privados.
¿Qué es Thomas Greg & Sons?
 Registrador Juan Carlos Galindo. Foto: Canal Capital- Señal en vivo |
Thomas Greg & Sons de Colombia es una empresa colombiana fundada en 1959 por Gregorio Bautista Barrera como una subsidiaria de la británica Thomas de la Rue & Company Ltda., una de las impresoras de valores más antiguas del mundo. La empresa inició con la impresión de valores y posteriormente se involucró en el negocio de transporte y manejo de efectivo, por lo que Bautista Barrera creó en 1963 la Transportadora de Valores de la Rue.
Con el paso del tiempo la empresa diversificó su portafolio de servicios y lo extendió a la entrega de soluciones integrales de seguridad. Desde entonces sus principales clientes han sido entidades del Estado, como la Registraduría.
El presidente Juan Manuel Santos integró la junta directiva tanto de Thomas Greg & Sons de Colombia como de Thomas Greg Limited entre septiembre de 2002 y julio de 2006, antes de ser nombrado ministro de Defensa.
Si bien los mayores contratos de Thomas Greg con la Registraduría se firmaron en los períodos de Sánchez Torres, según los archivos de esta entidad la relación contractual viene desde 1986, cuando su director era Humberto De la Calle Lombana. En ese entonces la empresa fue contratada para prestar servicios de vigilancia, custodia, acarreo y distribución de material para las elecciones parlamentarias y presidenciales que se celebraron en marzo y mayo de 1986.
Desde esa época hasta hoy el conglomerado Thomas Greg ha recibido –a través de su razón social principal, así como de otras empresas controladas y no controladas– contratos por cerca de 2 billones de pesos. Además, por medio de sus filiales, suscribía contratos de manera simultánea con la Registraduría y con su Fondo Rotatorio.
De igual manera, llama la atención que el período de Iván Duque Escobar como registrador nacional (1999-2002) fue un tiempo próspero para las finanzas de Thomas Greg, que pasó de la impresión de material electoral a prestar el servicio de almacenamiento, custodia y transporte de medios magnéticos de la información de la Gerencia de Informática, la Dirección Nacional de Identificación y de las claves para las cajas fuertes de la Pagaduría Central de la Registraduría. Es decir, pasó a tener información privilegiada del ente electoral.
¿Y el software?
El software utilizado en las muy criticadas elecciones de Congreso de la República hace referencia a dos sistemas: Convoto y Kronos, que hacen parte de la categoría de software de aplicación y fueron desarrollados por los contratistas externos de la Registraduría. Su objetivo era ejecutar, controlar y consolidar la información de los escrutinios y para hacerlo estaban instalados en los computadores de las comisiones escrutadoras en todo el país.
El Consejo de Estado estableció que el software fue suministrado a la Registraduría por la firma ASD en 2014. Sin embargo, el asunto de los softwares suministrados por contratistas viene desde 2009, cuando la empresa Thomas –a través de la unión temporal Renting 2009– fue contratada para el suministro de un sistema de validación biométrica y de automatización del proceso electoral para las consultas internas de los partidos y movimientos políticos del 27 de septiembre de 2009. Renting 2009 estuvo conformada por Thomas Instruments, ID Systems y Assenda.
Por otro lado, ASD, encargada del software de las elecciones de 2014, es la sociedad Asesorías en Sistematización de Datos o Grupo ASD. Esta empresa ya había prestado sus servicios a la Registraduría gracias a la subcontratación que hizo en 2009 EPM Telecomunicaciones (convenio interadministrativo No. 574 de 2009) para la prestación del servicio integral de los componentes informáticos relacionados con la elección al Congreso, Parlamento Andino y comicios presidenciales celebrados en 2010, donde hubo graves fallas.
Todo proceso electoral debe estar acompañado de una auditoría externa y de la supervisión de la Registraduría.
Actualmente, esta empresa presta servicios integrales a la Registraduría gracias a varios contratos firmados en unión temporal con Thomas Greg.
Por último, cabe indicar que todo proceso electoral debe estar acompañado de una auditoría externa y de la supervisión de la Registraduría.
El 8 de febrero de 2018 la Registraduría adjudicó la auditoría externa de los diferentes componentes del proceso electoral para las elecciones de Congreso de la República y Presidencia a la firma ID Systems S.A. Pero esta no es la primera vez que esta sociedad presta sus servicios profesionales a la Registraduría. En 2009, por medio del Fondo Rotatorio de la Registraduría, fue contratada para realizar mantenimiento y soporte técnico al Sistema del Archivo Nacional de Identificación.
Ante estos escandalosos hechos de corrupción, cabe preguntar cuáles son los resultados logrados en la investigación por la Procuraduría y por la Fiscalía General de la Nación. Así mismo, sería importante saber cuál ha sido el seguimiento realizado por la Misión de Observación Electoral, organización civil creada en 2008 para promover los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.
* Profesional en Ingeniería con estudios en electricidad y electrónica, especialista en Servicios Públicos Domiciliarios, contratación pública, control fiscal y disciplinario, Magíster en Gestión y Auditorías Ambientales.
