Solidaridad y pandemia

El proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno pretendía solucionar las dificultades económicas ocasionadas por la pandemia. Pero si quiere cumplir con su propósito, el gobierno debe aceptar enfoques nuevos y honrar el espíritu participativo de la Constitución.

Para solucionar los problemas, hay que mirar con cuidado las consecuencias sobre la ejecución del gasto público y el contrato social que es la base de la relación entre el Estado y los ciudadanos. Está bien un enfoque de solidaridad, ¿pero debe ser la solidaridad el único enfoque? Desde la economía la respuesta es clara: no.

¿Es la solidaridad inherente a los seres humanos? Esta cuestión se ha discutido desde siempre, pero es un hecho que las sociedades contemporáneas aspiran a que en tiempos de crisis la solidaridad emerja con mucha fuerza. Y sin duda, las reformas a las políticas económicas deben convocar la sensibilidad que subyace a nuestra humanidad para despertar el espíritu solidario.

Al comienzo de la pandemia se oyeron voces que coreaban la empatía ante la situación desconcertante, e inclusive se dieron ejemplos abundantes de solidaridad alrededor del mundo.

Y quizá en ese momento Paolo Giordano acertaba al afirmar que “como suele ocurrir, una vez superado el miedo desaparecerá la posibilidad de tomar conciencia”.

Con el paso del tiempo aquella discusión de si existe un dilema o un “trade-off” entre salud y economía se agravó, y las consecuencias para los ciudadanos son cada vez mayores.

Un asunto complejo

Es inevitable que el gobierno busque más ingresos para sobrellevar la crisis lo mejor posible. Igualmente es necesario mantener un nivel de calificación de riesgo para evitar la fuga de capitales.

Pero el asunto debe abordarse desde múltiples enfoques, por ejemplo, una perspectiva de género, o una de protección a la vejez. A partir de ahí se puede establecer la necesidad de acumular más recursos para estabilizar la situación fiscal del país.

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Luces y sombras del proyecto

El gobierno necesita recaudar alrededor de 23,4 billones de pesos. Es encomiable que por primera vez se incluya en una propuesta de reforma una renta mínima de 168.000 pesos mensuales para una familia de cuatro personas en condición de pobreza moderada, y de 244.000 pesos para una familia de cuatro personas en pobreza extrema.

Así mismo, es encomiable ayudar al 40 % de la población más pobre con casi 80.000 pesos mensuales por miembro menor del hogar, condicionando el subsidio a que el menor prosiga sus estudios, y otros 80.000 pesos para mayores de 65 años de manera no condicionada. Esto duplica la meta actual del 20 %.

El tema de los impuestos verdes es también encomiable, pero todavía queda un camino largo en esta dirección. Primero, porque los productos que contaminan no son los únicos que deben ser gravados, y segundo, porque las empresas deberían aceptar su responsabilidad y ser solidarias.

El proyecto de reforma tampoco incluye impuestos sobre los alimentos que afectan negativamente la salud, no modifica los programas sociales existentes y no hace claridad sobre el tema de protección a los mayores.

En materia de empleo la reforma es tímida y confusa; el enfoque de género simplemente no existe. No importó que muchos analistas demostraran el costo social de la pandemia sobre las mujeres en términos de cuidado no remunerado y de pérdida del empleo.

Un artículo de uso femenino pasó de la categoría de bienes exentos del IVA a excluidos del IVA, y la propuesta de empleo para las mujeres de más de 40 años a partir de 2023 como una forma de apoyo a las empresas que las contraten no tiene más de dos renglones nebulosos y sin dientes.

El IVA del 19 % a los servicios públicos a partir del estrato 4 es un desatino; la “clase media” es la más endeudada y no recibe subsidios.

Por otro lado, las pensiones que superen los 7 millones de pesos pasarían a pagar renta sin haber determinado los efectos reales. Esto parece inapropiado. Es posible que se use para sostener el sistema de pensiones, pero no es claro si cobija al sistema público-privado existente o se refiere exclusivamente a Colpensiones.

Por otra parte, el tema del recaudo solidario para ayudar a la población antes mencionada es más complicado, ya que la progresividad que contiene no es suficiente.

En el Ministerio de Hacienda temen aumentar el impuesto al capital; se considera que esto es negativo porque no fomenta la inversión ni crea empleos, pero es un tema suficientemente rebatido por los conocedores del tema.

En cuanto a los dividendos y al patrimonio, la reforma también se queda corta y la carga del tributo se concentra en ampliar la base gravable a personas naturales, bajando el rango a aproximadamente 29 millones de renta líquida gravable en 2022 y casi 17 millones de renta líquida en 2023.

En el caso de las empresas, se pasan muchos productos de exentos a excluidos sin tener en cuenta que el impuesto se traslada a los precios de los productos de primera necesidad.  El precio incluye el IVA de 19 % por la compra de las materias primas para elaborar esos productos, y eso no se lo informan al consumidor. Pero la plata saldrá de su bolsillo.

El documento del gobierno anuncia nuevos renglones de gasto, como la creación de Fonclima y otras entidades, que implicarán más burocracia. Esto va en contravía del sentido de sostenibilidad y solidaridad que se anuncia. También van en contravía las nuevas facultades al presidente de la República, o los impuestos temporales, que crearán nuevas discusiones en pocos años.

Finalmente, el tema de la evasión y la elusión no aparece en la reforma; parece que ni el mismo gobierno sabe cómo atacarlas.

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Cambios necesarios

El enfoque de solidaridad que el proyecto del gobierno menciona en su comienzo es necesario y es importante. Y este enfoque además se refleja en la adopción de la renta minina y en el hacerla progresiva.

Pero los enfoques de apoyo a los mayores y de género deslumbran por su ausencia; son propuestas menores o simplemente inexistentes en el texto que deben ser reconsideradas para mejorar el proyecto actual.

La propuesta en cuestión es un documento de reforma fiscal que incluye impuestos y cambios en la regla fiscal. Muchos analistas pidieron que la regla fiscal se adapte o se suprima y la reforma va en esa dirección.

Pero el contrato social implica que las personas vean el enfoque solidario como parte de la contraprestación que reciben por pagar impuestos. En este punto es mucho lo que al gobierno le falta por recorrer.

Para las personas, la reforma no es necesaria, aún cuando es importante y esto se debe a la manera forma y al momento de presentar el proyecto. Nunca será un buen momento, pero este sin duda alguna es el menos apropiado.

La propuesta del gobierno debe organizarse, so pena de quedar muy corta, cubriendo apenas el hueco debajo del peñasco. Este primer intento de reforma puede modificarse para llegar a una versión que elimine las exenciones de la reforma anterior, haciéndola más progresiva al gravar los capitales, desapareciendo las zonas francas y motivando a las personas a creer en el contrato social.

El enfoque de género es fundamental; las mujeres son parte importante del contribuyente, pero son las que menos se ven atendidas en la contraprestación del Estado. Una reforma seria debe poner fin al sistema de cuotas modestas para las mujeres en los cargos públicos.

Si el gobierno quiere tener un enfoque solidario, debe abrir la propuesta al concurso de nuevos enfoques y honrar el espíritu participativo de la democracia que resplandece en la Constitución.

La comunicación es importante y las redes sociales sirven para explicar de forma simple las implicaciones de la propuesta. Los invito a leer @EconomiaPipol en Twitter, donde un grupo de académicos y periodistas explicamos de forma sencilla la propuesta.