En vez de exigir a los ciudadanos y a las empresas que paguen más impuestos en medio de una crisis sin precedentes, el gobierno debería solicitar un préstamo al Banco de la República.
César Ferrari*
El proyecto no resuelve los problemas
Este 15 de abril, el gobierno presentó al Congreso la “Ley de Solidaridad Sostenible”. Por ahora, todo indica que el proyecto naufragará, pues ha sido criticado por la opinión pública, por los partidos de oposición e incluso por los partidos afines al gobierno.
¿Por qué proponer una reforma tributaria y del gasto público en estos momentos? Se supone para subsanar la situación económica y fiscal que enfrenta el país a causa de la pandemia, y para transformar el alcance y el funcionamiento de los impuestos. En principio, la reforma busca auxiliar a la población más vulnerable, hacer que la recaudación tributaria sea más eficiente, y mejorar la distribución de ingresos. ¿Podrá cumplir estos propósitos?
En primer lugar, la reforma no contempla acercar la recaudación colombiana (que representaba el 19,7% del PIB en 2019) al promedio de recaudación de los países de la OCDE (33,8% del PIB en ese año). Por consiguiente, la recaudación seguirá siendo insuficiente para atender las necesidades básicas de toda la población y promover el desarrollo del país.
Por otra parte, tampoco logrará que el país sea más equitativo, pues propone extender la tributación de los impuestos indirectos (o sea del IVA) sin considerar el ingreso y la capacidad de pago de las personas. Además, plantea reducir el límite a partir del cual se debe declarar renta, lo cual afectará a la clase media que tiene menos ingresos.
Tampoco estimulará el uso de los mercados de créditos porque mantiene impuestos como el gravamen a las transacciones financieras que estimulan el uso de efectivo, lo cual reduce la trazabilidad de las transacciones y facilita la corrupción.
Finalmente, la propuesta añade numerosas enmiendas, complementos y sustitutos al Estatuto Tributario que reducen su eficacia.
Propuestas inverosímiles
El proyecto incluye medidas sumamente controversiales como ponerle IVA en forma indirecta a productos de la canasta familiar como el huevo, la papa y el pollo. Si esta idea es aprobada, los productores de dichos bienes no podrán solicitar la devolución del IVA que pagan al adquirir insumos como los plaguicidas. Naturalmente, los precios de estos bienes se elevarán porque los productores trasladarán a los consumidores el valor del IVA sobre los bienes intermedios.
Así mismo, el proyecto gravaría con IVA la conexión a internet en los estratos 3 a 6, los computadores que valgan más de $1.815.000, los móviles y tabletas que superen los $726.160, y los servicios postales y de mensajería. Estas propuestas resultan inverosímiles en medio de la pandemia, cuando las personas usan estos servicios diariamente.
Como si fuera poco, mientras el mundo entero acelera la sustitución de combustibles fósiles, la reforma propone gravar con un IVA del 5% a los inversores en energía solar, a las bicicletas, y a las bicicletas y patinetas eléctricas.
Los impuestos directos
El gobierno propone que los dividendos superiores a $29.046.400 paguen una tasa de 15% de impuesto a la renta después de que la reforma tributaria de 2018 la redujo al 10%. ¿Para qué redujeron la tasa si tres años después volverían a subirla?
Además, propone que los salarios de los estratos medios y altos paguen una tasa superior a la de los dividendos: del 20% para los salarios anuales por encima de $34.492.600, del 28% a los mayores de $54.462.000, hasta llegar a 41% para los tramos superiores. ¿Por qué las rentas del capital y del trabajo no pagan la misma tasa?
Para lograr que las empresas destinen más recursos a expandir su capacidad de producción, la tasa de impuesto a los dividendos debería ser mayor que la de los salarios.
El proyecto gravaría con IVA la conexión a internet en los estratos 3 a 6, los computadores que valgan más de $1.815.000, los móviles y tabletas que superen los $726.160, y los servicios postales y de mensajería
Pero la propuesta obliga a las personas con salarios superiores a $10’000.000 mensuales a “prestarle” al Estado el 10% de su ingreso desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Se trata de un impuesto temporal y solidario a los ingresos altos que sería descontado del impuesto a la renta a partir de enero de 2022.
Así mismo, propone un impuesto temporal a la riqueza para 2022 y 2023 que es, en realidad, otro préstamo al Estado. La tasa propuesta es del 1% para patrimonios netos superiores a 4.865 millones de pesos y del 2% para los patrimonios superiores a los 14.500 millones que sería descontado del impuesto a la renta.
Una solución viable
El proyecto del gobierno es inoportuno. No tiene sentido proponer este tipo de cosas en medio de la peor crisis económica que ha vivido el país. Durante la pandemia, la recaudación tributaria ha disminuido porque los ingresos de las empresas y las personas se han visto gravemente afectados. Es poco sensato pedirles que paguen más impuestos en estos momentos.
Sin duda, es necesario conceder más subsidios a las empresas y personas afectadas por la pandemia. La pregunta del millón es cómo financiar el aumento del gasto público que exigen dichos subsidios. La respuesta es sencilla: el gobierno debe pedir un préstamo transitorio al Banco de la República, y pagarlo en cuatro o cinco años cuando la economía se recupere.
Muchos afirman que dicho préstamo causaría una inflación desbordada. Esa creencia es producto de la famosa “ecuación cuantitativa” del dinero según la cual la cantidad de medios de pago multiplicada por la velocidad con que estos circulan es igual a la cantidad de bienes ofertados multiplicada por sus respectivos precios. De tal modo, si la velocidad y la oferta de bienes son constantes, toda expansión monetaria será inflacionaria.
Durante la pandemia, ingresos de las empresas y las personas se han visto gravemente afectados. Es poco sensato pedirles que paguen más impuestos en estos momentos.
Esa teoría fue propuesta por David Hume a mediados del siglo XVIII. En la actualidad, es imposible argumentar que la velocidad y la oferta son constantes porque existe una gran diversidad de medios de pago y es posible completar la oferta doméstica con importaciones.
De hecho, según el Banco de la República, en 2020 los medios de pago en Colombia aumentaron en un 14,4%, el PIB se contrajo en un 6,8% y la inflación fue de 1,6%. Por lo tanto, la velocidad tuvo que haberse reducido en un 19,6% (14.4 + 6.8 – 1.6), lo cual implica que los hogares prefirieron gastar más lentamente sus recursos debido a la crisis económica. Así pues, los supuestos tradicionales de la teoría de Hume no funcionan en el actual contexto colombiano.
Situaciones extraordinarias como esta, ameritan medidas extraordinarias. Como están haciendo casi todos los bancos centrales del mundo, es hora de un préstamo del Banco de la República al gobierno.
