Los congresistas no aprobarán la impopular reforma tributaria del gobierno o aprobarán una versión muy diferente de la misma. Esta es la escena política.
Juan Guillermo Albarracín*
Juan Pablo Milanese**
Vuelve y juega el Congreso
Tras un año de haber sido marginado por el “decisionismo” presidencial, el proyecto de reforma tributaria le ha devuelto al Congreso su protagonismo en la política colombiana.
Antes de la pandemia, el Congreso se había enfrentado con el gobierno a propósito de la Ley Estatutaria de la JEP y después con la fallida moción de censura al ministro de Defensa Guillermo Botero, pero desde que llegó el coronavirus el poder legislativo dejó de participar en las grandes decisiones nacionales.
Lo anterior fue sin duda un alivio para el presidente Iván Duque, que antes de la pandemia ya había mostrado serias dificultades para controlar la agenda legislativa. Aunque Duque intentó mejorar su relación con el Congreso al ampliar el espacio de algunos partidos en el gabinete, la pandemia cambió el balance de poder en favor del Ejecutivo (y así lo habíamos explicado en un artículo anterior de Razón Pública).
Pero la situación excepcional del último año no podía durar para siempre. Aunque la pandemia continúa y asuntos como el Plan de Vacunación y la respuesta a los nuevos picos seguirán en manos del gobierno nacional, hay otros asuntos que no pueden ser resueltos mediante decretos.
Hoy por hoy el principal de esos asuntos es la reforma tributaria. El gobierno no puede eludir al poder legislativo cuando se trata de modificar los tipos o el nivel de los impuestos, y por eso esta vez el presidente Duque no tendrá más remedio que volver a pararle bolas al Congreso.
El peor de los momentos
Ningún presidente o ministro de Hacienda en su sano juicio radicarían un proyecto de reforma tributaria durante un año preelectoral. Pero esta vez la severa recesión y el aumento del gasto social provocados por la pandemia obligaron a Duque y a Carrasquilla a redactar el tercer proyecto de este tipo en los últimos tres años.
Aprobar una reforma tributaria —o “Reforma social, solidaria y sostenible”, como el gobierno decidió llamarla— es una tarea difícil y desgastante en cualquier contexto, pero lo es todavía más en medio de una recesión como la que estamos padeciendo. Este gobierno, que ya es impopular, se arriesga así a perder la última de sus apuestas políticas y a pasar a la historia por haber capoteado la pandemia.
Ningún presidente o ministro de Hacienda en su sano juicio radicarían un proyecto de reforma tributaria durante un año preelectoral
Cada vez que se abre la caja de pandora de la legislación tributaria, ciertos grupos poderosos apelan a sus recursos políticos para lograr un tratamiento favorable; por eso y por ejemplo han fracaso todos los proyectos que han intentado poner impuestos a las bebidas azucaradas.
En estos momentos es muy poco probable que el gobierno encuentre legisladores dóciles, porque todos están en medio de la carrera por la reelección. Subir impuestos y quitar exenciones u otros privilegios no es una buena estrategia para conseguir votos. Si la reforma anterior –mucho más modesta que la actual– enfrentó un sinnúmero de obstáculos, es de prever que este proyecto encontrará muchas mayores resistencias.
Propuestas impopulares
Aumentar la tarifa del IVA para algunos productos y ampliar la base de este impuesto, eliminar exenciones, expandir el número de personas que deben declarar renta, introducir el pago de impuestos por parte de pensionados a partir de cierto ingreso, volver permanente el impuesto al patrimonio y aumentarlo al 3% son propuestas que, seguramente, traerán consigo un intenso debate legislativo y un malestar social que afectarán la ya maltrecha imagen del gobierno.
De hecho, estas propuestas ya han recibido críticas de parte de miembros de la coalición e inclusive del partido de gobierno.
En numerosas ocasiones los gobiernos han tenido que aceptar que el Congreso modifique puntos centrales de sus reformas tributarias. Esto le sucedió a Álvaro Uribe durante el tercer año de su primer mandato, cuando gozaba de gran popularidad. ¿Cuál será el futuro del proyecto Duque/Carrasquilla si ese fue el destino de un gobierno mucho más popular y poderoso?
Por otra parte, presidenciables con gran influencia en el congreso como Alejandro Char y Dilian Toro difícilmente sacrificarán sus ambiciones políticas por apoyar a un gobierno impopular que está entrando en su recta final a pesar de que son cercanos a la administración actual y es posible que establezcan una coalición con el Centro Democrático y el Partido Conservador en las elecciones de 2022.
Como si no existieran suficientes obstáculos, el gobierno deberá ser sumamente cuidadoso con el ámbito procedimental, pues el último proyecto de este tipo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por vicios de procedimiento.
Los “incentivos” y el mico
En condiciones normales, para lograr que un proyecto de este calibre sea aprobado, el gobierno se vale de “incentivos” que incluyen repartir cargos de alto nivel y endulzar el camino con mermelada.
En un año preelectoral, con una economía resentida y un sentimiento generalizado de insatisfacción lo más probable es que los “incentivos tradicionales” no sean suficientes para convencer a los congresistas de que aprueben el polémico proyecto.
Subir impuestos y quitar exenciones u otros privilegios no es una buena estrategia para conseguir votos.
La descabellada, inconveniente y –afortunadamente– efímera propuesta de extender los periodos de todos los cargos de elección popular habría permitido que los legisladores tuvieran más tiempo para esquivar los costos de apoyar el aumento de impuestos y, en ese sentido, habría facilitado la aprobación de una reforma tan complicada. Pero no es claro qué buscaban los autores de la desafortunada propuesta; resulta llamativo que entre ellos no hubiera ningún congresista de peso sino más bien una colección de políticos de segundo nivel.
De cualquier modo, quedó claro que apoyar la idea de extender los periodos era sinónimo de suicidio político: el rechazo de la opinión a esta iniciativa fue, si cabe, mayor que el rechazo a una nueva reforma tributaria.
Por todo lo anterior resulta claro que el panorama para la reforma tributaria es muy oscuro: si logra ser aprobada, lo más probable es que el Congreso la modifique de manera sustancial. Todo indica que el gobierno perderá su última pelea importante en el ámbito legislativo.
