Bajo el disfraz de la “disciplina de partidos”, la paridad de género y la trasparencia financiera, el Congreso está a punto de aprobar una reforma clientelista que pondrá en riesgo la democracia colombiana.
Esteban Salazar Giraldo*
La reforma mentirosa
A principios de septiembre, en esta misma revista, advertí la importancia de tres reformas: la política, la electoral y la del diseño institucional, reformas que se plantearon desde el gobierno nacional y sus representantes en el Congreso, con el fin de solucionar problemas profundos de la democracia colombiana.
Pero la reforma para despolitizar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y poner contrapesos a la Registraduría fue archivada: una derrota clara para la democracia, cuando además no fue tenida en cuenta la opinión del gobierno que acababa de ser elegido.
En lugar de eso y a toda velocidad, se aprueba la reforma “anti clientelista”, como la apodaron Roy Barreras y sus copartidarios. A pesar de que, según la letra menuda, se trataría de todo lo contrario. Es decir, de legalizar el engaño al elector, la diáspora de partidos y las “listas subasta”.
Por otro lado, quieren aplicar la misma fórmula para aprobar la reforma del Código Electoral. La propuesta, impulsada por el cuestionado registrador Alexander Vega, fue ratificada con mínimas correcciones del texto original. No obstante, hay muchos reparos y preocupaciones por parte de la ciudadanía.
Tres ideas que parecen buenas
La reforma política planteada por el gobierno nacional se basa en las recomendaciones de la Misión Especial Electoral (MEE) en 2017, cuando convocó a expertos para determinar una ruta ideal para el país. Los expertos hicieron aportes sobre el diseño institucional, el código electoral y el sistema de partidos.
Grosso modo, los expertos propusieron establecer listas cerradas para mejorar el comportamiento de los partidos, así como listas paritarias de género, y finalmente la financiación predominantemente del Estado.
En principio parece ser la fórmula ideal para acabar con los colados en las listas abiertas, la brecha de género en los cargos de elección popular y la corrupción en el financiamiento de contratistas y dineros ilegales. Sin embargo, estas podrían resultar en problemas peores si se tiene en cuenta el comportamiento histórico de los partidos.
Y es porque no existen fórmulas exactas ni perfectas cuando se trata de diseñar el sistema político y electoral de un país. Esas fórmulas podrían funcionar si estuviéramos en un laboratorio, donde las variables estuvieran controladas y los escenarios fueran ideales; pero ese laboratorio estaría desconectado de la realidad.
Sin embargo, en el caso colombiano, parece que el idealismo superó a la realidad.
Punto por punto explicaré a continuación los riesgos de las propuestas anteriores en el caso concreto de los partidos en Colombia.
Listas subasta y danza de los millones
Las listas abiertas han sido causa de una seria distorsión en el funcionamiento de los partidos. Estas listas permiten que quienes quedan elegidos no compartan sus principios ideológicos, de manera que al final, los elegidos no representan el interés general de los votantes ni al partido como tal.
Hay que mencionar, además, que algunos de ellos resultan investigados o presos por problemas legales; esto se da porque llegan a punta de favores, sin importar la trayectoria, prontuario o ideología.
Pero las listas cerradas podrían empeorarla situación, más todavía cuando la democracia interna de los partidos nunca ha sido definida ni regulada con claridad.
La reforma que cursa en el Congreso permite que, por única vez, los congresistas puedan cambiar de partido, lo cual legalizaría un gran engaño al elector.
Por eso, la integración de cada lista será una decisión exclusiva del dictador del bolígrafo. El privilegio será otorgado a quienes tengan buena relación con él, o tengan un mejor “negocio” que ofrecerle. Una auténtica subasta donde ya no solo se negocia un puesto, sino el mejor de los puestos.
La dictadura del bolígrafo actualmente es ejercida por los jefes de partidos, como Gaviria en el Partido Liberal, Carlos Trujillo en el Conservador, Vargas Lleras en Cambio Radical, Álvaro Uribe en el Centro Democrático y Dilian Francisca Toro en la U, por mencionar los principales casos (y por no entrar a hablar sobre cómo se integró la lista cerrada del Pacto Histórico).
Por otro lado, esas subastas estarán intermediadas por la financiación estatal. Es decir, los jefes de partidos tendrán un aumento abismal de poder económico y se dará una auténtica danza de los millones donde ganarán los partidos tradicionales.
También hay que considerar la escasa capacidad del CNE para otorgar anticipos, un hecho comprobado en las elecciones de Congreso de 2022, cuando los candidatos de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz -CITREP- no tuvieron ningún incentivo para hacer campaña.
Otro problema importante consiste en que las listas cerradas en el corto y mediano plazo llevarán a que los candidatos formen sus propios partidos que, según la última elección, no serían una representación real de la ciudadanía: hoy tenemos 23 partidos que no representan prácticamente a nadie.
El problema se dará porque las listas cerradas evitarán que un ciudadano “ordinario” sea escogido por el dictador del bolígrafo, ya que no está dentro del círculo más próximo.
El engaño al elector
A pesar de las claras evidencias y riesgos, los puristas del modelo de laboratorio manifiestan que la receta va a funcionar. Pero olvidan mencionar que, para cada reforma, hay una contrarreforma. En este caso se llama transfuguismo, la costumbre de saltar de un partido a otro partido, un grupo parlamentario u otro grupo político.
La reforma que cursa en el Congreso permite que, por única vez, los congresistas puedan cambiar de partido, lo cual legalizaría un gran engaño al elector.
No es coherente exigir listas cerradas bajo el argumento de fortalecer el orden de los partidos, así como la ideología y la calidad de los elegidos, mientras se aprueba la idea de saltar de un partido a otro.
Indudablemente el artículo no tiene relación con el interés general de la ciudadanía, sino con los cálculos de los clanes políticos. Y lo mismo sucede con la mayoría de la reforma.
Patear la escalera
Llama la atención que un gran espectro de quienes promueven estas reformas llegó por listas abiertas y no habrían podido llegar por una lista cerrada. De los 296 congresistas, 183 son nuevos, y alrededor del 40 % llegaron por listas abiertas. Incluso, muchos de los nuevos congresistas nunca militaron en los partidos que los avalaron.
Entonces, además de patear la escalera, tendrán la posibilidad de ser beneficiados por perpetuar la dictadura del bolígrafo a cambio de puestos, y acabar, de pasada, con los mecanismos de democracia interna. En efecto: como no se tiene una definición clara de democracia interna, los estatutos son un papel que se pueden modificar a conveniencia del director del partido.
Eso, ni más ni menos. Fue lo que vimos con las consultas: algunas veces se hace una votación con los militantes únicamente y a veces se convoca a toda la ciudadanía, solo para acomodar la situación en favor de algunos candidatos.
El mico: congresistas promovidos a ministros
A pesar de las buenas intenciones derivadas de las democracias de laboratorio y las recomendaciones de la MEE, es un hecho que los partidos tradicionales y los clanes políticos han incluido artículos que deberían tumbarse, como la posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros.
La posibilidad es una aberración que rompe con el sistema político, democrático y presidencialista en Colombia. La Constitución es clara en establecer una independencia de las tres ramas del poder. Es tan inconstitucional este regalo que quieren darse los congresistas que, además de no relacionarse en absoluto con el interés general, va en contravía de las funciones del Congreso.
Con esta idea, los congresistas a cambio de burocracia y clientelismo resultarán cooptados, rompiendo así el pilar fundamental de pesos y contrapesos en Colombia.
No es lógico que, con apenas el 15 % de favorabilidad, según recientes encuestas, los partidos políticos, mediante sus congresistas, abusen de la ciudadanía y legislen en favor propio, como lo demuestra la reforma anti-clientelista. Evidentemente, esta reforma prometo todo lo contrario.
Finalmente, es inconcebible que la reforma al diseño institucional, al CNE y la Registraduría haya sido descartada sin un proceso igual al de la reforma anti clientelista. Aún más cuando es una reforma que busca fortalecer la democracia en Colombia.
