En lugar de hacer más estrictos los controles sobre los agentes, la reforma policial debería crear las condiciones para que estos sean autónomos y justos. ¿Cómo alcanzar este objetivo?
Equipo editorial de Razón Pública Para la alianza Razón Pública – Friedrich Ebert Stiftung en Colombia*
¿Por qué hay abuso policial?
Según la organización no gubernamental Temblores, entre 2017 y 2019, agentes de la Policía Nacional de Colombia habrían cometido 289 homicidios y causado 39.613 lesiones y 102 episodios de violencia sexual.
Este año, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) reveló cifras igual de preocupantes: durante el primer semestre de 2021, la Policía fue la institución que más violó los derechos humanos en el país, con 926 víctimas.
Por lo general, las reformas a la policía se centran en fortalecer los controles externos sobre la conducta de sus miembros. Para ello, se suelen diseñar regulaciones detalladas de las funciones de los agentes e intensificar los mecanismos de vigilancia y control. Pero, aunque en lugares como Colombia se han puesto en marcha este tipo de estrategias, los abusos policiales no han disminuido.
En esta discusión, un aspecto importante que ha sido poco estudiado es la cultura organizacional de la Policía. Es probable que atributos como la doctrina de “ellos vs. nosotros” y los “códigos de silencio” que valoran más la lealtad que la integridad tengan efectos negativos sobre el comportamiento de los agentes y faciliten que los abusos policiales queden impunes. Este aspecto ha sido ignorado porque muchos siguen creyendo que estas conductas son ejercidas por unas pocas “manzanas podridas”.
Entonces, ¿cuál es la estrategia más efectiva para detener el abuso policial? ¿Y cómo se puede incentivar a los policías para que cumplan las normas y se apeguen a la ley?
¿Control o autorregulación?
Existen dos estrategias para reducir o eliminar la mala conducta de los policías:
- La primera se conoce como el modelo de “mando y control” y consiste en aplicar reglas, procedimientos y castigos que sancionen las malas conductas.
- La segunda se conoce como el “modelo de autorregulación” y consiste en diseñar y establecer un marco normativo, organizacional y de comportamiento que incentive el cumplimiento de la ley.
El modelo de mando es el más popular y ha sido aplicado en varios países, pero ha demostrado ser insuficiente para lograr que los policías se adhieran a las normas oficiales de la institución a la que pertenecen. Aunque hacen parte de una organización altamente jerarquizada, en la práctica, los policías tienen un alto grado de discrecionalidad, pues enfrentan amenazas al orden público sin la supervisión de sus superiores.
Por eso, aunque podría parecer contraintuitivo, numerosos expertos han señalado que, en vez de intensificar los mecanismos de vigilancia sobre los policías, la mejor opción es crear las condiciones necesarias para que sean capaces de tomar decisiones autónomas en momentos de mucho estrés.
En todo caso, para que el aumento de la autonomía y la discrecionalidad de los agentes no provoque más abusos, es necesario mejorar los procesos de selección, entrenamiento y permanencia de los policías en la institución.
Adicionalmente, es importante que la Policía vuelva a tener legitimidad entre los ciudadanos, pues varias investigaciones han encontrado que el respaldo y la cooperación de la ciudadanía hace que los policías se apeguen más a las normas y prevengan el crimen de forma más efectiva sin violar los derechos humanos.
Los policías parecen más propensos a seguir las reglas y los valores de la institución cuando se identifican con ellos, y no cuando temen ser castigados por incumplirlos. Es decir, los policías son más proclives a seguir las políticas y normas de la institución si perciben que son justas.
Este modelo propicia un círculo virtuoso, pues cuando los policías se sienten valorados y tratados de forma justa suelen prestar un mejor servicio al público. Esto, a su vez, mejora sus relaciones con la comunidad y aumenta su legitimidad entre los ciudadanos.
La Policía y la protesta social
En general, hay dos formas en las que el Estado se relaciona con la protesta social: por una parte, puede promover el diálogo y la cooperación o, por otra, puede usar la fuerza y la militarización para mantener el control. La primera corresponde con el modelo de autorregulación y la segunda con el modelo de mando.
En el modelo de mando, las instituciones policiales adoptan equipamiento, tácticas y formas de organización similares a los de las fuerzas militares. Aunque a primera vista esta podría parecer la forma más efectiva para mantener el orden, numerosas investigaciones han encontrado que la militarización tiende a exacerbar e incluso a desencadenar actos de violencia porque despierta miedo, desconfianza e incluso rabia entre los manifestantes.
En contraste, el manejo negociado de las protestas se basa en estrategias preventivas y disuasivas, que buscan promover la cooperación de la comunidad y ganarse la confianza de los manifestantes. Este modelo rechaza el uso indiscriminado de la fuerza y los arrestos masivos, pero no renuncia por completo a las prácticas coercitivas. En cambio, establece parámetros claros para determinar cuándo se debe acudir a ellas. Por ejemplo, se establece que no se podrá usar la fuerza contra ciudadanos dispuestos a colaborar, pero se permiten controles más robustos contra grupos e individuos que representan una amenaza para los demás manifestantes.
En Colombia, el enfoque basado en el diálogo no ha sido exitoso, al menos por tres motivos:
- la Policía sigue siendo un cuerpo altamente militarizado, que se ha involucrado en el conflicto armado y en la lucha contra el narcotráfico;
- los policías carecen de legitimidad entre la ciudadanía. De hecho, el estudio Global Law and Order realizado este año reveló que Colombia es uno de los países del mundo que menos confía en la Policía;
- la Policía tiene recursos escasos y poca capacidad institucional para ejecutar las reformas que se han promovido.
La reforma que se necesita
Como se dijo anteriormente, la evidencia disponible sugiere que el modelo de mando y control es mucho más costoso e ineficiente que el modelo de autorregulación. Por eso, una reforma que busque reducir el abuso de la fuerza policial en las protestas sociales, valiéndose del segundo modelo, debe incluir los siguientes aspectos:
- Liderazgo político y compromiso institucional
Es fundamental que los funcionarios –civiles y policías– que dirigen la institución y tienen poder de decisión sobre su estructura, organización, funcionamiento y control se comprometan a liderar este tipo de reformas. Sin voluntad política, será imposible mejorar los procesos de selección, formación y ascenso dentro de la Policía y transformar el ambiente organizacional y laboral.
- Buscar la transformación de la cultura organizacional
Se deben destinar los recursos económicos y humanos necesarios para construir un ambiente organizacional y laboral que propicie un trato justo y respetuoso entre los miembros de la organización. Para lograrlo, es importante transformar el enfoque jerárquico, disciplinario y militarista que domina la Policía e identificar actitudes e interacciones concretas que propician un ambiente laboral tóxico.
- Promover la participación ciudadana
Es fundamental desarrollar estrategias para mejorar la legitimidad de la Policía y construir puentes entre la ciudadanía y esta institución. Estos puentes deben incluir líderes políticos, miembros de organizaciones sociales y ciudadanos del común. Solo con el apoyo de la ciudadanía será posible poner en marcha una reforma verdaderamente ambiciosa.
- Mejorar los procedimientos de selección, entrenamiento y ascenso
Los procesos de selección no deberían guiarse por la urgencia de llenar vacantes, sino por la necesidad de incorporar personas que se alineen con los valores y las normas de la institución. Estas personas deben tener vocación de servicio y contar con las habilidades y el temperamento adecuados para promover el diálogo y la cooperación y ejercer la autoridad de forma pacífica en medio de contextos estresantes.
Si bien los cursos sobre derechos humanos son importantes, es necesario darles un sentido práctico que permita que los policías interioricen las lecciones aprendidas. Podría pensarse, por ejemplo, en recrear espacios similares a los que van a enfrentar en su trabajo.
Además, las condiciones laborales, los salarios y las recompensas deberían ser justas y atractivas, pues solo así será posible atraer jóvenes talentosos con ganas de construir una mejor sociedad.
- Adoptar un enfoque particular para el ESMAD
Los funcionarios que pertenezcan al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) deben recibir un entrenamiento especial que garantice que usen el armamento y las tácticas militares de forma moderada y responsable. Además, es importante transmitirles a los agentes que los manifestantes no son “enemigos”, sino ciudadanos que se toman las calles para hacer reclamos razonables.
Solo si logramos llevar a cabo estas transformaciones de forma exitosa tendremos una Policía más justa y comprometida con el bienestar de la ciudadanía.
*Este texto forma parte de la alianza entre Razón Pública y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol) y se basa en el documento “Ser duros o ser justos: uso de la fuerza y su impacto sobre la eficacia y legitimidad de la Policía en el control de la protesta social” de Manuel Iturralde. El documento original puede consultarse en este enlace.
