La reforma laboral y la consulta popular: de una polarización democrática a una corrosiva

Mientras la polarización no degenere en corrosiva o violenta, en gobiernos con algunas instituciones democráticas como el nuestro: con elecciones periódicas, una esfera pública que goza de cierta libertad de expresión y con la posibilidad de generar alternancia en el poder, la polarización puede contribuir a fortalecer la democracia.

El gobierno Petro argumenta que ha enfrentado profundas dificultades para avanzar con sus reformas sociales dentro de la estructura institucional; sin embargo, la oposición en el Congreso insiste en que están haciendo su trabajo de controlar al poder ejecutivo y que Petro distrae a la ciudadanía en disputas políticas porque no ha sido capaz de administrar con éxito la burocracia. Esta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo tiene en medio al pueblo con expectativas de mejorar sus condiciones de vida, pero en un contexto preelectoral solo se avizora el aumento de esa tensión y la postergación de la resolución real de los problemas sociales. 

Colombia sigue siendo el país más desigual del hemisferio occidental, y el corazón de la agenda presidencial del gobierno del cambio ha sido apostar por las reformas sociales para atacar esa desigualdad: las reformas: tributaria progresiva, a la salud, a la educación, a la pensión, agraria y laboral dan cuenta de esa agenda. Aun así, su paso por el Legislativo ha mostrado los obstáculos para adelantar en esos cambios estructurales. Lo que a finales de 2022 se llamó “aplanadora Petro en el Congreso” por el avance normativo de la paz total y la expectativa del Partido Liberal (fundamental para conformar las mayorías necesarias en el Congreso) de tener más participación burocrática en el Ejecutivo (mermelada) se vio truncado en marzo de 2023 cuando comenzaron las tensiones en las relaciones Ejecutivo-Legislativo.

En marzo de 2023 comenzó la crítica de los medios de comunicación a las entonces ministras de Salud y de Minas y Energía (Carolina Corcho e Irene Vélez, respectivamente) por sus apuestas de reformar estructuralmente la prestación del servicio de salud en Colombia y de generar un cambio en la matriz energética del país. Posteriormente, la Corte Constitucional recortó artículos clave de la reforma tributaria que había liderado José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda, siendo la primera reforma tributaria progresiva en Colombia; en ese sentido, actualmente la misma Corte discute los vicios de trámite en la aprobación de la reforma tributaria y pronostica su inconstitucionalidad. Así mismo, el constante filibusterismo de la oposición en el Congreso se muestra incapaz de dar argumentos contra las reformas sociales y acude constantemente a la estrategia de romper el quórum y de dejar hundir las reformas sin agendarlas para los debates, o de archivarlas sin siquiera discutirlas. 

Esto que Petro ha llamado “bloqueo institucional” en contra de las reformas del cambio, que parecía un discurso paranoico propio de la izquierda colombiana, ha logrado credibilidad. El archivo sin discusión de la reforma laboral en la Comisión séptima del Senado por la decisión de apenas ocho senadores fue un despropósito, máxime cuando la misma llevaba dos años en un proceso de concertación –en cabeza de la entonces ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez– con la sociedad civil, los sindicatos y los gremios en más de cincuenta mesas técnicas y había avanzado en la plenaria de la Cámara de Representantes con 65 artículos concertados y sin ningún artículo sobre la asociación sindical, tal como lo indicó Danna Vargas, secretaria de juventudes del Comité ejecutivo de la Confederación General del Trabajo en la última audiencia pública sobre la reforma laboral. 

La respuesta de Petro al doblar la apuesta en la puja con el Congreso, a través del llamado a la consulta popular, ha sido una estrategia exitosa. Con el objetivo de que la sociedad civil funja de trianguladora en el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, la respuesta de la ciudadanía ha sido la movilización y Petro ha conseguido invertir la percepción de favorabilidad del Gobierno. Así lo muestra la más reciente encuesta polimétrica de Cifras y Conceptos frente a temas de opinión pública y de coyuntura social, en la que, además, el 47% de las personas encuestadas creen que la razón por la que el presidente convoca a una consulta popular es que el Congreso no aprueba sus reformas. Quiere decir que la ciudadanía está de acuerdo con que existe un “bloqueo legislativo” a las reformas del cambio. 

La jugadita del presidente del Senado, Efraín Cepeda, para hacer inviable la consulta popular en medio de una atropellada votación, fortalece la idea de un Congreso que impide el cambio, pero revivir la reforma laboral vuelve a poner al Congreso en el ojo de la ciudadanía. El liderazgo que ha asumido la senadora del partido Verde Angélica Lozano como presidente de la Comisión cuarta del Senado, que retomó el debate de la reforma laboral, es una oportunidad para el centro político y para los senadores de demostrarle al país que están por encima de la polarización y son capaces de entregarle a la ciudadanía una respuesta real frente a la problemática de la precarización laboral. Esto en un país en el que seis de cada diez trabajadores no tienen un contrato formal de empleo y en el que la gran mayoría de estos no cotizan a salud, pensión, riesgos laborales ni cesantías.

Sin embargo, los obstáculos para la participación ciudadana en la audiencia pública del 19 de mayo sobre la reforma laboral, en la que no pudieron intervenir todas las organizaciones de la sociedad civil, y el esfuerzo de la senadora verde por mostrar equidad entre las muchas voces a favor de la reforma y los pocos gremios críticos de algunos artículos de la misma –que ni siquiera están en contra de la necesidad de una reforma laboral para Colombia– siguen poniendo en evidencia la falta de voluntad política del Senado para avanzar en las reformas sociales. Todo ello contrasta con los mismos gremios que están convencidos de que es posible llegar a acuerdos para que avance la reforma laboral en el Senado, teniendo en cuenta la propuesta de un régimen especial laboral para las compañías pequeñas, las microempresas, las pymes, así como las empresas del sector turístico y de vigilancia, tal como lo indicó en esa misma audiencia el presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master; así mismo, José Daniel López, gerente de la Alianza In (el gremio de las aplicaciones) resaltó los acuerdos logrados en torno a las plataformas digitales en la discusión de la reforma laboral en la Cámara de Representantes.

Si el Senado no avanza esta semana de manera decidida en la revivida reforma laboral, la nueva radicación de una consulta popular con cuatro preguntas adicionales sobre la salud amenaza con exacerbar las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo y seguir dándole a Petro la capacidad de establecer la agenda de la opinión pública; esta vez ya no sólo en torno a la reforma laboral, sino también sobre la reforma a la salud. La respuesta del Gobierno con la consulta popular ante el “bloqueo legislativo” ha generado polarización, pero también ha aumentado la implicación de la ciudadanía en el debate sobre las reformas sociales y ha logrado que la misma respalde como fundamental la inclusión de esas agendas en el entramado institucional. 

En medio de este ambiente de tensiones surge la polarización en la esfera pública, la cual no debe satanizarse. Mientras la polarización no degenere en corrosiva o violenta, en gobiernos con algunas instituciones democráticas como el nuestro: con elecciones periódicas, una esfera pública que goza de cierta libertad de expresión y con la posibilidad de generar alternancia en el poder, la polarización puede contribuir a fortalecer la democracia. En ese sentido, la estrategia de polarización a favor de la consulta popular para movilizar a la gente también contribuye a poner en evidencia la falta de voluntad del Senado para debatir a fondo el contenido de esas reformas sociales, lo que ha hecho que la ciudadanía reconozca la importancia del órgano representativo y de quienes ocupan esos cargos de representación. Todo esto sin duda tendrá impacto en el contenido de las campañas para 2026 y en la forma como la ciudadanía participará para las elecciones al Congreso, en las cuales normalmente participa el 10% menos en comparación con las elecciones presidenciales. 

Pese a los efectos positivos de una polarización democrática, lo cierto es que sus resultados aumentan el nivel de incertidumbre frente al horizonte político, porque la misma sirve para agendas tanto de derecha como de izquierda. Recuérdese el éxito de la estrategia de polarización frente al plebiscito por la paz de 2016 en la que el gerente de la campaña del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, instaló en la opinión pública la emoción del miedo en contra de una “ideología de género” en los acuerdos de paz con las FARC como si representara un peligro para lograr que la ciudadanía saliera a “votar berraca” en contra del plebiscito. De modo que esta estrategia no es útil solo para profundizar en la ciudadanía los deseos de una justicia social, también puede serlo para promover el ascenso de gobiernos que recorten derechos. 

Otra advertencia frente a la activación de la polarización es la facilidad con la que pasa de ser democrática a ser corrosiva, y para ello es necesario que todos los líderes políticos insistan en los canales institucionales y legales para conducir la discusión. Lo cual no ha hecho Petro cuando llama a la huelga general y advierte al Ejército su deber de proteger al pueblo, como si se preparara para un movimiento insurreccional; y lo propio ha hecho el director del Partido Liberal con su comunicado a la opinión pública, al amenazar con desconocer la autoridad de Petro como jefe del Estado. Dos acciones dañinas para el debate democrático que solo la Comisión cuarta del Senado y luego la plenaria pueden desescalar con el avance de la reforma laboral. 

Le recomendamos: El hundimiento de la consulta popular