Se está ahogando en el Congreso

El proyecto de reforma del sector la salud fue aprobado en primer debate, gracias en parte al cambio de tono del nuevo ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien entabló diálogos con los diversos sectores y actores afectados por el proyecto.

Sin embargo, es más probable que este proyecto (339 de 2023) se hunda en alguno de los debates que le quedan o que sea declarado inexequible por la Corte Constitucional debido a los vicios durante su trámite en el Congreso.

En el momento de escribir este artículo, no parece probable su aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes, sobre todo por la postura de la mayoría de los miembros de estos tres partidos:

• La U solicitó que se aplazaran los debates para la próxima legislatura;
• El Conservador tomó la decisión de votarlo negativamente, y
• El Verde registra una división interna frente al proyecto. Dicha divergencia se expresó cuando la representante Martha Alfonso, coordinadora ponente de la reforma, increpó a sus compañeras de bancada, Katherine Miranda y Catherine Juvinao, por haber firmado una proposición de archivo –de varias que existen– del proyecto.

A las anteriores discrepancias, se añadió el escándalo protagonizado por Laura Sarabia y Armando Benedetti. Este episodio enturbió los debates en el Congreso, a punto que el presidente de la Cámara, David Racero, afirmó que se suspenderían los debates sobre las reformas sociales hasta la próxima semana. Finalmente, el congresista se retractó y citó a plenaria el pasado 6 de junio.

Pero la cita de Racero no funcionó porque los partidos impidieron reunir el quórum necesario para sesionar y porque hasta ahora apenas se ha avanzado en la votación de una larga lista de impedimentos declarados por los representantes. Este proceso dispendioso continuará el martes de esta semana.

Puede leer: Reforma de la salud, primer debate: ¿prevenir enfermedades o asumir sus costos?

Ocho argumentos contra el proyecto

Además de sus problemas de redacción y de la tensión entre la exministra Corcho y los diversos actores, estas son las objeciones principales contra el proyecto en su versión actual:

1) La reforma desordena el sistema al dividir la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud entre los Centros de Atención Primaria (CAPS), las Gestoras de Salud y Vida (el nuevo nombre de las EPS) y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), entre otras. Tal el desorden institucional, que al preguntarle ante cuál entidad podría interponerse una tutela por vulneración del derecho a la salud, el ministro afirmó dubitativo que “ante el Estado”.

2) El acceso a la salud no es igual en todos los territorios, y por eso el proyecto ampliaría el acceso mediante la construcción de CAPS financiados directamente por el Estado. Pero no es clara la participación de los gobiernos locales ni por tanto la sostenibilidad de estos Centros; también hay dudas sobre su capacidad para   gestionar todas las demandas de salud de las comunidades asignadas.

3) El ministerio y las secretarias de salud gestionarían las Redes Integradas de Servicios de Salud. Esto deja de lado a las Gestoras de Salud y Vida, quienes tendrían la responsabilidad de remitir los pacientes a las IPS o instituciones prestadoras del servicio (clínicas, laboratorios y similares) sobre los cuales no tendrían control alguno. Los riesgos de sobrecostos, negación del servicio, corrupción, ineficiencia y mala calidad en el servicio son entonces muy altos.

4) El proyecto pone en riesgo el equilibrio fiscal al disminuir los controles sobre el gasto en salud, al diluir la gestión del riesgo entre varias entidades y al sobrecargar de funciones y responsabilidades al ADRES. De esta manera, los recursos serán insuficientes y sobrevendrá una crisis financiera que paralice el sistema.

5) La seguridad de recibir un tratamiento oportuno no depende tan solo del acceso, sino de la existencia de protocolos que garanticen la integralidad del servicio. Pero   el proyecto destruye el conocimiento adquirido a lo largo de treinta años por las EPS e IPS. De esta manera se perderá el avance en la armonización de procesos internos que han permitido que pacientes con patologías crónicas reciban los tratamientos necesarios.

6)  La reforma propone crear hospitales itinerantes par el servicio de poblaciones dispersas; pero esta fórmula no atiende las necesidades permanentes de las áreas rurales y las comunidades más vulnerables del país.

7) Uno de los problemas más serios del sector es el déficit de talento humano. Aunque el proyecto incluye becas para la formación del personal, no aborda las razones o los desincentivos que tiene el personal para trabajar lejos de las grandes ciudades. Por ejemplo: la falta de condiciones para construir un proyecto de vida, los riesgos de la violencia contra la misión médica o las presiones migratorias resultantes de la escasez mundial de este personal.

8) Un sistema de información integrado es esencial para el buen funcionamiento del sector. Aunque fuera posible construir este sistema en un plazo relativamente corto, suponer que tendrá la solidez y transparencia necesarias para controlar la gestión y las finanzas sería un gran desacierto. Este asunto pone el riesgo la viabilidad operativa y el derecho fundamental a la salud.

Otros retos del gobierno

En este punto vale preguntar si la reforma es necesaria o si los problemas pueden resolverse mediante cambios en el marco legal. Me atrevo a afirmar que más de la mitad de los artículos del actual proyecto ya están contenidos en la legislación.

En conclusión, el gobierno ha jugado gran parte de su capital político para aprobar una reforma que en su opinión tendría gran apoyo popular. Pero la iniciativa acabó por despertar resistencias, inclusive entre los mismos ministros. Así, el trámite fue un motivo de pérdida de gobernabilidad, al fragmentar la coalición de gobierno y ocasionar crisis ministeriales.

Más lamentable todavía: en el caso de ser aprobada, la ley probablemente será demandada ante la Corte Constitucional, quien podría declararla inexequible. Mientras tanto, la incertidumbre afectará el adecuado funcionamiento del sistema, y, por supuesto, a los usuarios.

Antes la ruptura de la coalición de gobierno, lo sensato sería retirar la reforma para promover un nuevo acuerdo político y social que permita elaborar un texto concertado con los actores del sistema. Este acto, además de dar calma al país, es el gran reto que enfrenta Gustavo Petro.