La reforma a la salud avanza en medio de críticas y desacuerdos

La crisis del sistema de salud sigue siendo un tema de gran controversia. A pesar de las múltiples coyunturas desde su implementación en 1995, el reciente avance en la discusión de un nuevo proyecto de reforma ha reavivado el debate entre quienes defienden y quienes rechazan los cambios propuestos.

Durante la pandemia de COVID-19 pareció haber consenso sobre la necesidad de fortalecer el sistema de salud y mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, sin embargo, a cinco años de esta emergencia los problemas acumulados en el sistema parecen ser mayores que entonces. Mientras las disputas políticas se intensifican, los usuarios enfrentan cada vez más dificultades como barreras administrativas, cierre de servicios, problemas de acceso a medicamentos y tratamientos. La incertidumbre aumenta y la falta de soluciones concretas deja a la ciudadanía en medio de un conflicto de intereses.

Avance en la Cámara de Representantes

El pasado 6 de marzo, la reforma a la salud fue aprobada en segundo debate en la Cámara de Representantes, con 95 votos a favor y 25 en contra. De los 62 artículos que conformaban la ponencia, once fueron aprobados sin modificaciones, cincuenta sufrieron cambios y uno fue eliminado. Además, se añadieron 22 nuevos apartados.

Entre los puntos clave aprobados se encuentra la transformación de las EPS en Gestoras de Salud y Vida, a las cuales se les reconocerá el 5% del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Se propone reconocerles este porcentaje para cubrir las funciones que estas entidades asumirían en el nuevo modelo, como la gestión del riesgo en salud, la supervisión de la red de prestadores de salud y el acompañamiento a los pacientes para el acceso a los servicios, entre otros. También se confirmó que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) será la encargada de administrar los recursos y realizar los pagos directos a los prestadores de servicios. Asimismo, se estableció la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) como puertas de entrada al sistema y se propuso la creación de un régimen laboral especial para los trabajadores del sector salud, con el objetivo de reducir la precarización laboral.

Críticas y preocupaciones

El avance de la reforma ha sido fuertemente cuestionado por sectores de la oposición, quienes han señalado presuntas irregularidades en el trámite legislativo. En este sentido, un grupo de exministros de salud, entre ellos Jaime Arias, Augusto Galán, Alejandro Gaviria, Beatriz Londoño y Mauricio Santamaría, envió una carta al presidente del Congreso expresando su desacuerdo. Los firmantes consideran que la reforma no soluciona los problemas estructurales del sistema de salud, alertan sobre la insuficiente capacidad de la ADRES para administrar los recursos del sector, y la califican como un “retroceso”. Además, advierten sobre los riesgos de concentrar el gasto en un solo actor y cuestionan la viabilidad fiscal del modelo de aseguramiento individual propuesto. Estas observaciones no son nuevas, los firmantes de esta carta ya se han manifestado en contra del proyecto gubernamental en otras ocasiones y han expresado en diferentes momentos su preocupación por la desaparición de las EPS y por lo que consideran una propuesta que impulsa un modelo “estatista”.

Entre los senadores críticos a la reforma se encuentra Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; también la critican representantes del Centro Democrático y el Partido Conservador. Mientras otras congresistas como Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza también han manifestado preocupación por la centralización de los recursos y por los riesgos que implica la contratación con 60.000 prestadores sin contar con la capacidad técnica necesaria.

Los argumentos a favor

Desde el sector que impulsa la reforma se defiende la necesidad de un mayor control público de los recursos de la salud. El representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón ha afirmado que el objetivo es garantizar que las EPS no administren los recursos, eliminar las autorizaciones para acceder a medicamentos y cirugías, y fortalecer los hospitales públicos.

Según Mondragón, actualmente hay más de 630 municipios sin atención médica. Esto significa territorios sin servicios asistenciales públicos ni privados, sin atención médica de urgencias, hospitalizaciones y partos, por lo que la reforma busca mejorar la infraestructura sanitaria, reducir sobrecostos y garantizar una atención más eficiente. Además, se propone que los CAPS tengan mayor capacidad resolutiva, faciliten el acceso a los servicios y optimicen la identificación de riesgos en la población.

La Federación Médica Colombiana también ha mostrado respaldo a estos cambios. En un comunicado del pasado 7 de marzo esta entidad agradece la inclusión del régimen laboral especial en la reforma. En sus palabras, “por primera vez en treinta años, se reconoce la urgente necesidad de dignificar las condiciones laborales de más de un millón de trabajadores que, a pesar de su dedicación al servicio de la población, han sido sometidos a condiciones precarias e inaceptables impuestas por el modelo actual. La incorporación de este régimen laboral especial representa un acto de justicia para quienes sostienen el sistema de salud con su esfuerzo diario”.  

¿Qué sigue para la reforma?

Con la aprobación en la Cámara de Representantes, la reforma continuará su trámite en la Comisión Séptima del Senado, donde todavía deberá enfrentar un debate, además, en un escenario cada vez más polarizado no solo por las contiendas en torno a la estructura y el modelo de salud, sino también por los múltiples intereses que se mueven alrededor de los recursos del sector y por la opinión de muchos medios claramente sesgados en el tipo de información que resaltan cuando hablan de la innegable crisis por la que está pasando el sistema de salud. Tampoco se puede olvidar que este tire y afloje por la reforma no es nuevo, como lo muestra la tabla que ilustra todas las propuestas debatidas solo en 2023 y 2024:

Infortunadamente estos conflictos de interés han llevado a que la atención siga centrada casi exclusivamente en el valor de la USPC o en la centralización de los recursos en el Estado. Todos aspectos que sin duda son relevantes y se deben discutir, pero no pueden dejarse de lado otros temas fundamentales como la gran corrupción que se ha dado en estos treinta años del sistema de salud. En estos años se han documentado múltiples desvíos de los recursos de la salud por parte de las EPS, IPS y farmacias que hacen entregas de medicamentos. Además, la concentración de prestadores de servicios de salud ha sido en el sector privado, como puede verse en esta gráfica:

La pregunta ahora es: ¿cómo lograr que el debate en el Senado conduzca a soluciones efectivas para los problemas estructurales del sistema de salud, establezca mecanismos sólidos de control sobre los recursos públicos, garantice el acceso real y equitativo a la atención médica para toda la población colombiana y reduzca las profundas brechas de clase y territoriales que ha generado el modelo actual?, todo ello en un contexto de intereses en disputa.

Sostener que la permanencia de las EPS es la única opción viable o reducir la reforma a un capricho gubernamental, quedarse en afirmar que esta es la peor crisis del sistema en sus tres décadas de existencia es una conclusión fácil que ignora el desfalco continuado de los recursos públicos y deja de lado la urgencia de repensar un sistema de salud que pueda responder eficazmente a emergencias como la pandemia y garantizar la atención a todas las personas sin importar su ubicación geográfica.

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