Hay avances -e incluso avances significativos-, pero hay también vacíos, timideces, ideas incompletas y francas omisiones en relación con la propuesta de la Misión Electoral que surgió del acuerdo de paz. Un repaso de conjunto.
Nadia Pérez Guevara*
De la academia al Congreso
El Ministro del Interior dio a conocer esta semana el proyecto de Acto Legislativo “por medio del cual se adopta una reforma política y electoral que permita la apertura democrática para la construcción de una paz estable y duradera”.
El proyecto pretende dar desarrollo al Acuerdo Final entre el gobierno y las FARC, y en especial al punto 2 de la agenda, sobre apertura política. Por eso mismo está basado principalmente en la propuesta que elaboró la Misión Electoral Especial (MEE) prevista dentro del propio Acuerdo y cuya síntesis fue divulgada recientemente.
Las propuestas de la MEE fueron tema de controversia entre los académicos, de reacciones dispersas sobre temas puntuales que por lo mismo ignoraban el sentido integral de la reforma (un hecho que Yann Basset ya señaló en Razón Pública), y en general de comentarios negativos por parte de los congresistas (como también mostró Fabián Acuña en esta revista), principalmente porque buscaban poner en cintura a los partidos políticos y exigirles más responsabilidades, y porque planteaban una suerte de revolcón en las instituciones que tienen que ver con los asuntos electorales.
Por todo eso se esperaba con muchísimo interés la propuesta de reforma que ahora presenta el gobierno y que -a diferencia de la de la Misión Electoral- sí tiene por supuesto que contar con la aceptación y el apoyo de los partidos políticos para que sea tramitada sin mayores contratiempos.
Las reformas
 Ministro de Interior, Juan Fernando Cristo. Foto: Radio Televisión Nacional de Colombia |
El proyecto del gobierno se ocupó de algunos de los temas y recogió algunas de las ideas de la MEE. Entre estas innovaciones, las tres que podrían tener implicar mayores cambios en la vida política pueden ser:
- La creación del Consejo Nacional Electoral,
- La preponderancia de la financiación estatal de las campañas, y
- La adopción de las listas cerradas para corporaciones públicas.
1. La reforma de la organización electoral ya estaba incluida en el Acuerdo Final e hizo parte de uno de los tres ejes de trabajo de la MEE (“reforma a la arquitectura institucional”). En términos generales, la idea de la MEE era adoptar dos subsistemas integrados por tres instituciones, así:
- Una Organización Electoral compuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Electoral Colombiano y,
- Una Jurisdicción Electoral encabezada por la Corte Electoral.
El proyecto de Acto Legislativo también plantea crear el Consejo Electoral Colombiano (CEC) con la función de control y vigilancia de los procesos electorales y de los partidos políticos. En cuanto a su composición, el proyecto oficial prevé que este esté compuesto por nueve miembros, de los cuales tres serán designados por el presidente de la República y seis por las altas Cortes (lo que debilitaría su independencia). En este punto hay que añadir que tampoco fue acogida la propuesta de la MEE en el sentido de tener una terna exclusiva de mujeres para asegurar la presencia femenina en este órgano.
El proyecto del gobierno propone la financiación indirecta de las campañas políticas por parte de Estado.
Si el proyecto es aprobado, el nuevo CEC entraría en funcionamiento a partir del 1 de septiembre de 2018 con sus nuevos miembros, con autonomía administrativa y presupuestal.
Por su parte la idea de crear la Jurisdicción Electoral -una de las propuestas más importantes y más polémicas de la MEE- no fue acogida por el gobierno, que no consideró conveniente cambiar el régimen ni las instituciones disciplinarias. Esto era de esperarse pues desde muy temprano se levantaron voces críticas desde la Procuraduría y la sección quinta del Consejo de Estado, las entidades que hoy cumplen esas funciones.
2. En materia de financiación de partidos y campañas, el proyecto del gobierno propone la financiación indirecta de las campañas políticas por parte de Estado. Esto incluye la distribución equitativa del 50 por ciento entre todos los partidos y movimientos que tengan candidatos inscritos:
- El 30 por ciento se distribuirá en proporción al número de curules que hayan obtenido en la misma elección en el proceso anterior;
- El 10 por ciento se entregará proporcionalmente al número de mujeres inscritas como candidatas en cada lista, y
- El otro 10 por ciento se entregará proporcionalmente al número de jóvenes inscritos como candidatos en cada lista.
La propuesta de la MEE distribuía el 40 por ciento de acuerdo con los resultados electorales anteriores y el 10 por ciento restante lo entregaba de modo equitativo a todas las organizaciones.
La propuesta gubernamental también incluye la creación de un Registro Nacional de Proveedores Electorales, que debe incluir a todas las personas que provean bienes y servicios para las campañas electorales y el registro de los precios de referencia de sus productos, para que las campañas solo puedan contratar con quienes se encuentren en dicho registro.
3. Finalmente, y de acuerdo con las recomendaciones de la MEE, el proyecto proponen las listas cerradas y bloqueadas. Con esto se elimina la figura del voto preferente para las corporaciones públicas y se refuerzan los principios de universalidad, alternancia y paridad. Hay quienes consideran, como Felipe Botero en edición anterior de Razón Publica, que ésta sola reforma podría significar una “revolución democrática” al dotarnos de partidos fuertes y bien organizados.
La MEE consideró que la lista cerrada y bloqueada era impensable si no se tienen mecanismos democráticos dentro de los partidos, razón por la cual en su propuesta estableció la posibilidad de realizar consultas internas para la selección de candidatos, convenciones partidistas y encuestas con los afiliados. La propuesta del gobierno establece la posibilidad de que los partidos y movimientos realicen estas consultas entre sus afiliados para la selección de candidatos.
También se contempla un régimen de afiliación para los partidos políticos y la adquisición progresiva de derechos de los partidos y movimientos, para cumplir lo pactado en el Acuerdo Final. El censo de afiliados sería el criterio determinante para otorgar la personería jurídica a los partidos por parte del Consejo Electoral Colombiano, de acuerdo aquí con la propuesta de la MEE.
Sin embargo, en el proyecto presentado por el gobierno se hace la diferencia entre movimiento político y partido político. Un movimiento político será reconocido como tal cuando su base de afiliados esté compuesta por al menos el 0,2 por ciento del censo electoral nacional. Por su parte, un partido debe haber obtenido una votación no inferior al 3 por ciento de los votos válidos en las últimas elecciones de Cámara de Representantes o Senado.
Lo que quedó en el tintero
 Partidos políticos en Colombia. Foto: Consejo Nacional Electoral |
Al revisar la propuesta de reforma política del gobierno se puede concluir que los principios y objetivos planteados por la MEE fueron acogidos, sobe todo en aspectos relacionados con la financiación de campañas. No obstante, el proyecto de Acto Legislativo no solo se queda corto ante las propuestas planteadas por la MEE, sino también ante los retos del sistema político en el postconflicto.
Aunque se hace un esfuerzo para transformar la organización electoral, en especial el actual Consejo Nacional Electoral (CNE), esta resulta insuficiente teniendo en cuenta la integralidad de la propuesta de la MEE, que buscaba mayor independencia y celeridad en la resolución de las controversias electorales.
Aunque el proyecto gubernamental adoptó la propuesta de eliminar el voto preferente, no se consideró la propuesta del sistema mixto, ni siquiera como posible función del CEC, ante la necesidad de revisar la representación territorial y la proporcionalidad del actual sistema electoral colombiano. De esta manera quedaron excluidos el aumento de curules en la Cámara de Representantes, las circunscripciones o distritos uninominales dentro de los departamentos y el mayor peso de la representación territorial sobre la poblacional, tres asuntos de gran importancia para la paz y para la descentralización, como lo explica Jorge Armando Rodríguez en esta misma entrega de Razón Pública.
En el proyecto presentado por el gobierno se hace la diferencia entre movimiento político y partido político.
Frente a la adquisición progresiva derechos, el proyecto de Acto Legislativo se encarga de diferenciar el estatus de partidos y movimientos al trasladar su reglamentación a la ley. Sin embargo, al seguir condicionando su personería jurídica al umbral electoral se limita uno de los objetivos principales de las propuestas de la MEE y del Acuerdo Final: consolidar partidos fuertes e ideológicos, no simplemente máquinas electorales.
Queda por ver cuáles serán los proyectos de ley que presente el gobierno para desarrollar la reforma constitucional (si esta es aprobada), porque muchos de las regulaciones sobre los partidos y sobre las elecciones deben hacer por ley.
En resumen y aunque el proyecto implica algunas avances, queda la sensación de que otra vez el gobierno está perdiendo una oportunidad histórica para modernizar el sistema electoral. Otra vez el gobierno prefirió mantener los apoyos y negociar acuerdos entre los partidos en el Congreso.
* Politóloga, máster en Estudios Latinoamericanos, candidata a doctora en Ciencia Política y profesora de la Universidad Javeriana.
