El Código de Alexander Vega

El registrador Alexander Vega movió todas sus influencias en el Congreso del 2020 para aprobar de manera apresurada el nuevo Código Electoral.

Aunque necesitamos renovar este Código, la propuesta de Vega no resolvía los problemas de fondo de las instituciones ni de las reglas de juego. Su aprobación irregular llevó a que la Corte Constitucional lo tumbara finalmente.

Pero el registrador ignoró la decisión de la Corte y entregó el mismo Código Electoral, con algunos pequeños ajustes, para que fuera discutido en el Congreso, esta vez con mensaje de urgencia y con el apoyo de la bancada del Pacto Histórico. No obstante, persisten las irregularidades y los problemas dentro del Código.

Como ya lo he advertido en este mismo espacio, la reforma del Código Electoral es necesaria: basta con recordar que este Código data de 1986, cuando no había luz en todos los municipios, internet, conectividad y apenas se estrenaba la elección popular de alcaldes y gobernadores. Un instrumento viejo y lleno de defectos, que por esto se vio reflejado en la falta de garantías en las recientes elecciones.

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Las reformas necesarias

La actualización del Código debe ceñirse a tres criterios centrales:

• Resolver los problemas de diseño institucional, desde el censo electoral hasta la selección de jurados, la inscripción de candidatos, el preconteo y conteo de votos, todos los softwares y las funciones y competencias dentro de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.
• Estar basada en el interés general y no en el de las bancadas, los clanes y los políticos. Las reglas deben garantizar elecciones libres, transparentes y que promuevan la confianza jurídica e institucional.
• Resultar de un proceso consensuado con la sociedad civil, los expertos, la academia, la ciudadanía y, de ahí en adelante, las bancadas, el gobierno nacional, la Registraduría y el Consejo Nacional.

Pero Alexander Vega ha pretendido todo lo contrario. El Código que propuso en 2020 y que ha reintentado reencauchar ignora las recomendaciones hechas por expertos y organizaciones de la sociedad civil. Se han hecho cuatro grandes recomendaciones:

1. Discutir sin afanes. El mensaje de urgencia del gobierno nacional envió una alerta sobre las elecciones de 2023. El 29 de octubre pasado comenzó el calendario para elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles, de modo que aprobar un cambio en las reglas del juego no brinda seguridad jurídica ni confianza institucional.

Un Código Electoral para consolidar y actualizar la democracia, debe discutirse sin afanes; esto indujo al gobierno a retirar el mensaje de urgencia y ahora el Congreso debe postergar su discusión para el año entrante.

2. Promover la confianza en las instituciones. La Registraduría no goza de buena imagen, especialmente por la gestión de Alexander Vega, quien protagonizó un escándalo por la presunta falsedad en documentos que demuestran su experiencia para ocupar el cargo, irregularidades que fueron denunciadas por la representante a la Cámara Catherine Juvinao.

Además, Vega incurrió en varias conductas imprudentes y contraproducentes en las elecciones de 2022.

En este mismo contexto, el nuevo Código Electoral es la oportunidad para revisar la labor de los veedores, los auditores, los observadores y los testigos electorales. Aunque parezcan sinónimos, técnicamente cumplen funciones diferentes.

• Los veedores ciudadanos deben cumplir un papel protagónico en el acceso a la información de forma oportuna y transparente sobre los abultados contratos de las elecciones. Esto se ha vuelto cada vez más engorroso ante la opacidad en la Registraduría y la concentración en manos de los mismos contratistas durante años.
• Los auditores cumplen funciones técnicas mucho más complicadas. Se trata de los expertos tecnológicos y de procesos que verifican la inexistencia de fallas o riesgos de seguridad informática en el manejo de los softwares. Basta recordar que el mismo Vega sugirió que las elecciones de 2022 tuvieran apoyo del FBI y que la soberanía territorial en materia de seguridad informática era violada.
• Los observadores son funcionarios o representantes de organizaciones multilaterales, países e invitados a observar el proceso electoral, a partir de recomendaciones que formulan esos, las cuales deberían ser de carácter público.
• Finalmente, los testigos electorales son la principal herramienta de los candidatos y bancadas para controlar la idoneidad y cumplimiento del proceso durante el día de las elecciones, en el preconteo y el escrutinio.

2. Una actualización gradual y responsable. La apuesta fundamental del Código presentado ante el Congreso es la digitalización y el mejoramiento tecnológico mediante el voto electrónico y el voto digital anticipado.

Pero Colombia no cuenta con suficiente conectividad de internet o aun de energía eléctrica, de manera que su ejecución debe ser gradual. Esto exige pilotos de prueba y un abultado presupuesto que, en manos del registrador, crean desconfianza puesto que no se sabe cómo se van a manejar esos recursos.

Adicionalmente, según la Fundación Paz y Reconciliación, persisten la presencia y dominio territorial de, al menos, un grupo armado ilegal en 300 municipios. Esto no se corrige con la sola posibilidad de votar de manera remota y anticipada, sin la presión armada.

Por otro lado, la contratación de los softwares para inscripción de cédulas y biometría, así como el preconteo mostraron la incapacidad del contratista, de la institución e, incluso, de los órganos de control para garantizar su cumplimiento. Sería irresponsable aprobar un Código que no plantee una transición gradual y responsable sobre estos aspectos.

3. El consenso. La Misión de Observación Electoral, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), entre otras organizaciones, han solicitado una mesa técnica de expertos, académicos y representantes de la sociedad civil, junto con las bancadas, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral para discutir y aprobar una línea técnica que permita validar el Código Electoral salvaguardando el interés general.
4. La unidad de materia. Un gran inconveniente del proyecto de Código Electoral son los muchos artículos que no se relacionan directamente con la reforma y que parecen de forma soterrada para evitar otro tipo de debates. Por ejemplo, el artículo que permitiría el transfuguismo, la escisión o unión de varias bancadas. También hay “micos” a propósito del censo electoral, la biometría, el cambio de cédula digital e, incluso, el aumento de burocracia dentro de la Registraduría.

Todos estos elementos atentan contra la unidad de materia con el proyecto y pretenden evitar los debates o procesos que serían adecuados. La revisión por parte de la Corte Constitucional podría por eso conducir a un segundo rechazo del proyecto. ya no por asuntos de forma sino de fondo.

En conclusión,

Aunque el gobierno nacional ha retirado el mensaje de urgencia al Congreso para discutir este proyecto, el registrador Alexander Vega insiste en la urgencia de expedir este Código antes de las elecciones de 2023 que ya tienen su calendario en curso.

Pero Vega no inspira confianza entre muchos sectores, así que su insistencia debilita la imagen de una institución que cuenta con funcionarios de carrera y contratistas que han sobrevivido a los embates de la violencia, los discursos de fraude y los inmerecidos ataques por las piruetas políticas del registrador.

Desde la sociedad civil se advierte que siempre debe primar el interés general y aunque se hace necesario un nuevo Código Electoral, no puede ser hecho de la mano de los clanes políticos.

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