La reforma de Petro

Gustavo Petro confirmó que su mandato incluirá una reforma agraria como uno de los elementos centrales. La ministra de Agricultura designada, Cecilia López, reveló algunos puntos claves preliminares.

La reforma pretendería ahondar y actualizar la Reforma Rural Integral incluida como punto 1 del Acuerdo de Paz en tres sentidos:

1. Desplaza el énfasis de la formalización de tierras y la recuperación y adjudicación de baldíos hacia la redistribución de tierras fértiles improductivas mediante el uso de instrumentos fiscales y compras de tierras.
2. Pretende resituar la producción de alimentos como un motor crucial de la economía nacional. Así lograría:

• Promover una mayor soberanía alimentaria para proteger al país del fenómeno inflacionario global, que resultó de un aumento en los precios de los alimentos por un sistema de producción frágil y dependiente de las cadenas globales de suministro, las cuales entraron en crisis durante la pandemia y después con la invasión de Rusia a Ucrania.

• Contribuir a superar la dependencia de las rentas de la minería y el petróleo, en el marco de un consenso científico global sobre la importancia de una transición energética que reemplace los combustibles fósiles por otras formas de energía con menos emisiones de gases de efecto invernadero.

3. Reducir la presión para el avance de la frontera agrícola y frenar la deforestación en zonas previamente controladas por las FARC en la selva amazónica, que se ha acelerado notoriamente a partir de la firma del Acuerdo de Paz.

Un anuncio bienvenido

Aunque aún no se sabe qué tipo de reforma agraria propondrá el gobierno ni qué reforma aprobará el Congreso, las declaraciones de la ministra designada en las que se refiere a una “reforma agraria sin timidez” causaron reacciones entusiastas por parte de diversos sectores progresistas del país.

Los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales y la academia llevan décadas reclamándole al Estado la prioridad de la producción agrícola y de reversar las políticas neoliberales que desmontaron las instituciones agrarias, relegaron la inversión en el sector rural a una posición marginal y empobrecieron a la población campesina, indígena y afrocolombiana.

Como señaló la Comisión de la Verdad, el conflicto armado afectó desproporcionadamente a la población rural, y la manifestación actual de esa violencia son los homicidios de los líderes de dichas comunidades.

La Política de Restitución de Tierras del gobierno Santos es la política de tierras progresista más ambiciosa en la historia reciente del país. Aunque tuvo propósitos distintos, convendría revisarla para tener un referente y facilitar el diseño y la ejecución de la reforma que ahora se necesita.

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La propiedad

La Política de Restitución de Tierras contó en sus comienzos con la voluntad de la administración Santos y un apoyo masivo de diversos sectores del país, que vieron en ella un primer paso en la dirección correcta para atenuar la deuda del Estado con las comunidades rurales.

Esta política surgió en un momento de crecimiento económico, una situación que contrasta con la que enfrentará el presidente electo. Además estuvo acompañada de un esfuerzo presupuestal significativo, que permitió crear instituciones técnicas, y de una serie de mecanismos de justicia transicional que flexibilizaron los instrumentos legales para intervenir sobre la propiedad.

Podría pensarse que esta política contó con todas las condiciones a su favor, pero aun así los resultados se quedan cortos frente a las expectativas creadas, pues a diez años de su implementación, el gobierno anunció que solo se han restituido 390 mil hectáreas, muy por debajo las por lo menos 2 millones de hectáreas que fueron despojadas y abandonas forzosamente.

Uno de los aprendizajes que deja esta experiencia es la necesidad de resignificar la idea de propiedad. Según el imaginario colectivo, la propiedad de la tierra es un concepto jurídico y espacial, simple y estático, creado con la ayuda de binarios distinguibles (propiedad privada vs. baldíos, tierra formal vs. informal, tierra productiva vs. improductiva, tierra urbana vs. rural). Pero, es claro que en la práctica esa noción es escurridiza, cambiante y llena de matices lo que dificulta y ralentiza la ejecución de las políticas de tierras, pero también abre espacios para discutir y redefinir su significado.

Las intervenciones sobre la propiedad de la tierra en contextos democráticos enfrentan la resistencia de las élites locales. Pero además exigen voluntad política, instituciones capaces y una comprensión de las relaciones de poder expresadas en la definición de la propiedad de la tierra que en últimas determinan quiénes deben ser los y las propietarias legítimas de la tierra. Por eso, las nociones implícitas de la propiedad sobre las que se proponen las políticas deben someterse al escrutinio público.

Cuando la ministra designada y el presidente electo hacen énfasis en la necesidad de “acabar con el feudalismo y hacer capitalismo” mediante una intervención estatal que ofrezca incentivos para la transición del latifundio improductivo a la propiedad (capitalista) productiva, muestran un imaginario de la propiedad basado en el “progreso” lineal, unidireccional e inevitable, que ubica al terrateniente feudal y su contraparte, el campesino, como sujetos improductivos del pasado, mientras que el terrateniente capitalista se presume como moderno y productivo. Esta noción de propiedad es problemática porque establecería una subordinación insalvable entre la propiedad adjudicada a los y las campesinas —y otras formas de propiedad colectiva reconocidas a los pueblos indígenas y afrodescendientes— y la propiedad terrateniente capitalista, que sería el modo de propiedad más deseable.

Además, esta noción sugiere que el campesino tendría el potencial de ser reconocido como propietario legítimo, pero solo si se transforma en un pequeño productor capitalista gracias a la ayuda estatal, lo que evoca la imagen de un campesino como un sujeto pasivo, individual y masculino, sin conocimiento ni cultura propia, frente al que el estado tiene la potestad de decidir los términos en los que debe vivir y producir, que amenaza con negar los modos de vida y las relaciones con el territorio propios de los pueblos rurales, y su derecho al buen vivir y la vida sabrosa, mencionados en el plan de gobierno del presidente electo.

En vez de hacer una reforma agraria apresurada y llena de lugares comunes y nociones implícitas, convendría que el gobierno entrante facilite una discusión abierta e incluyente que ayude a resignificar los imaginarios sobre la propiedad para que dejen de formarse a partir de los prejuicios y las visiones románticas patriarcales, racistas y clasistas sobre las tierras rurales y sus habitantes.

Los protagonistas de esta discusión deben ser los representantes de los movimientos sociales campesinos, indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rrom, los congresistas que provienen del campo, así como la vicepresidenta, Francia Márquez, cuyo conocimiento y experticia en estos temas resulta invaluable, en vez de las voces de tecnócratas y “expertos”.