Petro acusa a Uribe y un juez le ordena limpiar la honra del expresidente. Petro rectifica, pero insiste en sus cargos contra Uribe. La periodista protesta porque el juez la obligó a ceder espacio en su programa.
William Duica*
La rectificación de Petro
Un fallo de tutela emitido por una juez ordenó al senador Gustavo Petro rectificar declaraciones públicas que atentan contra el buen nombre y el honor del demandante, senador Álvaro Uribe Vélez. Concretamente, el senador Petro había dicho en la W Radio que “Uribe debió haber estado preso hace tiempos, y por delitos de lesa humanidad” y esto fue lo que el fallo le ordenó rectificar.
El pasado 21 de septiembre Petro acudió a los estudios de W Radio a realizar la rectificación, pero no fue lo que muchos esperaban. No solo no se retractó de su acusación al senador Uribe de tener vínculos con paramilitares, sino que ratificó su convicción de que Uribe debía ser investigado por la justicia.
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Los políticos y la posverdad
 Senado Álvaro Uribe y los medios de comunicación Foto: Senado República de Colombia |
Existe una tendencia de los políticos contemporáneos a usar la mentira como un elemento efectivo para influir sobre la opinión pública movilizando determinadas emociones: esto hace parte de lo que se conoce como la “posverdad”.
En un principio, podría pensarse que este caso serviría para ilustrar cómo los políticos tergiversan información en lugar de ofrecer argumentos para persuadir a sus seguidores. Pero el caso de Petro trae a la cabeza la letra de ese gran tema del maestro Eddie Palmieri, “Sujétate la lengua”:
Se está perdiendo el concepto de las cosas
entre la injuria, la calumnia y la discordancia
ya no se puede vivir
en el ambiente social
Tenemos que luchar por levantar
La virtud y la moral en los hombres.
Coro: Sujétate, la lengua, sujétate.
En mi versión salsera y sincopada de la historia, lo que la juez le dijo a Petro fue: “¡sujétate la lengua!”. Por eso es interesante analizar los efectos de esta situación recurrente sobre el panorama de la democracia colombiana. En particular:
- Los efectos en la opinión pública del tratamiento periodístico de estos casos;
- Los efectos de los fallos judiciales en el ejercicio periodístico;
- Y los efectos que quieren producir los demandantes en su propia imagen.
Los periodistas y la posverdad
Los políticos no son los únicos productores del fenómeno de la posverdad. Los medios, inclusive los que pretenden no ser amigos o servidores del poder, son en gran medida reproductores de esa práctica.
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Durante la rectificación de Gustavo Petro, la periodista Vicky Dávila insistió en “preguntar” -en realidad afirmar- si lo que Petro estaba haciendo era ratificarse y no retractarse o corregir su declaración inicial. Pero después de la exposición de Petro quedó claro que su acusación de vínculos de Uribe con el paramilitarismo no era una opinión injuriosa, sino la conclusión de un argumento sustentado con pruebas.
La desvalorización de la verdad, propia de esta era de la posverdad, no consiste solo en elaborar y divulgar conscientemente información falsa. Es también la falta de un criterio para considerar los hechos, las opiniones y los argumentos. Y es por esta falta de criterio como algunos periodistas contribuyen a la posverdad.
El sentido de objetividad y el compromiso con “la veracidad de los hechos” del periodismo colombiano ha producido el efecto de no distinguir entre la veracidad de los hechos y la veracidad de las personas y sus opiniones. Con la buena intención de afianzar una prensa democrática, los guardianes de la información acaban creyendo que todas las opiniones deben tener el mismo espacio porque todas tienen el mismo valor.
Pero la única forma en la cual tiene sentido decir que todas las opiniones tienen el mismo valor es suponiendo que ninguna está mejor justificada que otra y que ninguna tiene una relación con la verdad.
Existe una tendencia de los políticos contemporáneos a usar la mentira como un elemento efectivo para influir sobre la opinión pública.
El efecto nocivo de esta incapacidad de distinguir entre opiniones y argumentos es que produce y reproduce la idea de que “no hay verdad”, la idea de que todo son “puntos de vista” y “opiniones”. Eso es falso: las opiniones pueden y deben ser sopesadas a la luz de los argumentos que las sostienen y la veracidad de los hechos y las personas.
Hay personas veraces, es decir, personas que dicen sinceramente lo que creen y se apoyan en hechos que ponen al alcance de todos, hechos públicos. Y hay personas que mienten o tergiversan y manipulan los hechos.
Las personas veraces (que pueden estar equivocadas) ofrecen argumentos; las personas mendaces repiten un libreto, o hablan con rodeos, o se enfurecen cuando son cuestionadas o simplemente dicen “siguiente pregunta, amigo”.
Por eso, el compromiso de no juzgar o calificar los hechos no debería traducirse como no juzgar o calificar las opiniones de las personas. Perder la capacidad de cuestionar, juzgar y calificar las opiniones de las personas es reproducir el efecto de la posverdad. A saber, la idea de que todas las opiniones tienen el mismo valor porque no hay una verdad que pueda asignársele a unas y no a otras.
Un periodismo comprometido con la democracia debería cuidarse de dejar ese mensaje en la opinión pública.
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Los jueces: ¿guardianes de la justicia o de la palabra?
 Medios de comunicación. Foto: Función Pública |
En la introducción de esa misma emisión, Vicky Dávila señaló que de alguna manera estas órdenes judiciales limitan el amparo constitucional a la libertad de información y convocó a distinguidos periodistas para discutir en torno a la pregunta: ¿se está judicializando la labor del periodista?
La pregunta es muy relevante pero no estoy seguro de que lo sea a propósito de este caso.
Vicky Dávila abrió el programa diciendo “vino un fallo de tutela que nos dice que usted tiene que rectificar aquí en la W, así que no compartimos ese fallo, pero lo acatamos”. Lo que parece indignar a Dávila es el hecho de que una juez la obligue a hacer algo en su espacio radial. Nada parece indicar que lo que ella no comparte del fallo es que Petro tenga que rectificarse, sino que tenga que hacerlo en su programa de la W.
A mí esto no me parece judicialización de la labor periodística. Según entiendo, en este caso la juez está actuando como guardiana de la justicia ordenando que los “desagravios” se hagan en el mismo medio y con la misma extensión con la que se hizo el “agravio”. Y creo que es una obligación ética de los medios garantizar tal espacio de equidad.
Pero otra cosa es el caso de la periodista María Jimena Duzán, contra quien un fiscal interpuso una tutela, también para proteger su buen nombre, por algo que ella escribió en una columna. La actuación de ese fiscal sí parece un caso de judicialización de la labor del periodista, en el sentido de que pretende actuar como guardián de la palabra para impedir que se hagan públicas las investigaciones que ha hecho la periodista Duzán.
Es interesante notar que tanto Petro como Duzán aclaran que lo que están diciendo es el resultado de sus propias investigaciones y señalan hechos y elementos en los que sustentan sus afirmaciones. Esto es lo que llamamos argumentar.
Por supuesto, tanto Uribe como el Fiscal tienen todo el derecho a controvertir esos argumentos, pero para ello deben ofrecer otros argumentos, basados en hechos, en documentos, etc.
Esto es lo quiero subrayar: ni lo que dice Petro de Uribe y su relación con el paramilitarismo, ni lo que dice Duzán del Fiscal Martínez y sus relaciones interesadas con la investigación sobre Odebrecht son opiniones. En ambos casos estamos frente a argumentos, y solo el hecho de controvertirlos con otros argumentos libraría a Uribe y al Fiscal Martínez de las acusaciones respectivas.
Los jueces hacen bien en ser guardianes de la justicia y garantizar las condiciones de equidad cuando un ciudadano ha cometido el delito de injuria y calumnia y es obligado a rectificar esa conducta. Pero cuando se convierten en guardianes de la palabra, cuando usan instrumentos jurídicos para acallar o intimidar a los ciudadanos, incurren en un atentado contra la democracia. Es la palabra mentirosa lo que puede ser considerado un delito, no la palabra argumentada.
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Honor e inocencia
Hay un claro beneficio en confundir a la opinión pública cuando se logra que un fallo judicial ordene corregir una declaración a un opositor político o un periodista.
Uribe sabe que para desmentir las acusaciones de vínculos con el paramilitarismo que le vienen corriendo pierna arriba en las cortes, tiene que ofrecer pruebas. Este no es un problema de honor y buen nombre.
Perder la capacidad de cuestionar, juzgar y calificar las opiniones de las personas es reproducir el efecto de la posverdad.
Pero al lograr que una juez obligue a Petro a retractarse (que era lo que esperaban) pensaba que Petro tendría que decir lo que dijo Claudia López cuando le tocó su turno a propósito de sus declaraciones sobre Cambio Radical. Esto es, Uribe quería que Petro tuviera que decir que sus afirmaciones no cuentan con fundamento judicial admisible y por lo tanto no son ciertas jurídicamente.
El efecto esperado era que se oyera de la mismísima voz de Petro esas palabras, contando con que la opinión pública no lograría distinguir entre “no son ciertas jurídicamente” y “no son ciertas”. Era una apuesta por ordenar a proteger el honor con el propósito de hacer creer que se reconocía su inocencia. Pero no funcionó.
Si Palmieri tiene razón, nuestra tarea es no dejar que se confundan las cosas, y esta vez le tocó a Uribe aguantarse a Petro casi una hora en radio diciéndole que no confunda porque del honor a la inocencia hay mucho trecho.
*Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Filosofía.
