La pandemia no ha parado la protesta ciudadana y los próximos meses pueden ser una oportunidad para fortalecer los movimientos sociales.
Magda Jiménez*
La protesta y la pandemia
Los movimientos sociales entienden el tiempo como un recurso que puede ser utilizado para reflexionar sobre su sentido y acciones, o para ahondar en las disputas con los gobiernos, con el fin de que los cambios puedan ser más rápidos.
Así, la aparición y posterior expansión de la Covid-19 alrededor del planeta es para los movimientos sociales un punto de inflexión en cuanto al desarrollo de sus disputas y trayectorias de enfrentamiento con diversos gobiernos por múltiples problemas. Las acciones y alcances desarrollados por el movimiento social durante 2019 quedaron suspendidos ─mas no congelados─ debido a la dificultad que significa juntarse en la calle por la pandemia, y estar en la calle es determinante para que la protesta pueda ser visible.
Pero la suspensión ha ido cambiando poco a poco. De acuerdo con los datos de la organización no gubernamental The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), especializada en sistematizar datos sobre diversas manifestaciones o protestas en más de 150 países, las protestas durante la pandemia han aumentado en un 67.1% respecto a 2019, con un total de 6776 manifestaciones realizadas en el mundo. Para el caso colombiano, los reportes cuantifican 158 manifestaciones entre violentas y pacíficas.
Esta información deja ver que la protesta siguió a pesar del coronavirus, pero que esta durante el 2020 ha sido discontinua. Los colectivos sociales han tenido tiempo y espacio para reconfigurarse en cuanto a sus estrategias de organización, comunicación y acción. Podemos dividirla en tres periodos:
- Entre enero de 2020 y el comienzo de la cuarentena, el 25 de marzo;
- Los meses de la cuarentena, desde el 25 de marzo hasta septiembre; con disturbios y protestas en todo el país debido a la muerte de Javier Ordóñez, y
- Entre el 21 de noviembre y la actualidad, en el que intentaron emular la movilización de 2019, conocida como el 21N.
La protesta antes de la pandemia
Para los movimientos sociales, el comienzo del 2020 estuvo lleno de esperanza respecto a los alcances que podrían lograrse frente al gobierno Duque, por la legitimidad, recursos y capacidades acumuladas que quedaron del éxito del Paro nacional que agitó al país en los últimos meses de 2019. Durante los dos primeros meses el Comité Nacional del Paro articulado en trece puntos de negociación a pesar de la diversidad de su composición, logró sentar al gobierno con el fin de lograr acuerdos.
Sin embargo, más que una diferencia semántica entre negociación (para los movimientos sociales) y conversación (para el gobierno nacional), lo que hubo fue una fractura del abordaje de las consecuencias de la movilización. Aunque según el gobierno en las múltiples sesiones se lograron algunas reformas institucionales, el Comité del paro y los líderes de la movilización no quedaron conformes, los problemas estructurales seguían ahí y por eso llamaron en febrero y marzo a aumentar las protestas a lo largo del territorio nacional, con el fin de hacer más grande la presión.
Las redes sociales fueron fundamentales para que la indignación no desapareciera
Esa tirantez entre gobierno y comité consiguió que para el momento cercano a que se dimensionaran las consecuencias de la pandemia, el gobierno de Duque desviara su atención y tiempo a la situación que se avecinaba y que la articulación alcanzada por los movimientos sociales empezara a quebrarse, no solo por la forma en que se estaba interactuando con el gobierno, sino por las estrategias de acción que debían llevarse a cabo.
El coronavirus encontró el movimiento social débil en cuanto a la solidez organizativa, tensionado en cuanto al liderazgo y a la toma de decisiones y con hondas preocupaciones frente a cómo el éxito alcanzado, traducido en recursos de negociación, se diluía frente a la estrategia del gobierno de ralentizar cualquier proceso de discusión. Es en ese contexto, en el que se decreta una cuarentena nacional que frena en seco la posibilidad de llamar a la calle a protestar, y vienen unos meses en los que la trayectoria de la movilización osciló entre perder totalmente la oportunidad política lograda y un intento por mantener las ganancias organizativas. Las redes sociales fueron fundamentales para que la indignación no desapareciera.
La protesta durante la cuarentena
Con el miedo, la incertidumbre y la preocupación como resultados de la pandemia, las organizaciones sociales intentaron durante los primeros meses, y en un ámbito político de polarización, restricción de libertades individuales y crisis económica, mantenerse conectadas y en alerta frente al alcance de los decretos gubernamentales respecto de las demandas sociales que cada una defiende, mientras el Comité de paro entró en un mutis estratégico.
Es en ese orden organizativo y comunicativo, puesto en marcha a través de las redes sociales, en donde el movimiento social siguió existiendo y hablando del tremendo impacto que la pandemia ha traído, que va desde las denuncias del movimiento sindical sobre la precaria situación laboral y de desempleo, hasta la muerte sistemática de líderes sociales y el aumento de masacres en diversos territorios del país, revelados por los colectivos de protección de derechos humanos.
Los reclamos también llegaron a la calle, aunque estos fueron esporádicos y con un número de participantes cada vez menor. Los que más protestaron fueron los vendedores ambulantes, quienes a partir de mayo y junio realizaron diversas protestas contra los gobiernos nacional y local. Esas protestas son un tímido, pero real reflejo de problemas como el modelo económico, la fragilidad de la legitimidad del gobierno, el aumento de la inequidad, o la escalada de la violencia política, que mostró su peor cara en septiembre.
Por ello, la muerte de Javier Ordóñez, a manos de miembros de la Policía Nacional, desencadenó entre el 9 y el 21 de septiembre jornadas de disturbios y asonadas en algunos barrios de Bogotá y otras ciudades. Bombas aturdidoras, CAI incendiados y comercios saqueados fueron la respuesta violenta, desorganizada y alejada del movimiento social a las tensiones ya señaladas y que hicieron evidente la ausencia de acciones decisivas del Estado. Los altercados pusieron en tela de juicio la capacidad o el interés del gobierno en proteger la vida de los ciudadanos e hizo que segmentos de la ciudadanía percibieran al gobierno como pasivo e indolente hacia los problemas ya señalados.
Esas protestas son un tímido, pero real reflejo de problemas como el modelo económico y la fragilidad de la legitimidad del gobierno
A lo anterior se suma la percepción de animadversión entre las fuerzas policiales y algunas partes de la ciudadanía, partes que son cada vez más numerosas. Si bien los abusos policiales no son nuevos, la existencia de las redes sociales y la democratización de los medios ha permitido visibilizar el grado de estratificación al que son sometidos los ciudadanos en Colombia. Además, en plena cuarentena, el gobierno Duque siguió viendo la protesta como un problema de orden público, condicionando el debate y las respuestas de las fuerzas policiales que perciben a los protestantes en clave subversiva.
La protesta hoy
Con el paso de cuarentena a aislamiento selectivo, octubre y noviembre parecieron ser un tiempo ideal para reconvocar la salida a la calle. Así, la acción de la Minga Indígena que arribó desde el Cauca en Bogotá, con el objetivo de reunirse con el presidente Duque, despertó de su mutismo al Comité del Paro Nacional, que, aunque con menos capacidad aglutinadora y organizativa, convocó a una gran movilización nacional el 19 de noviembre bajo el lema “por la vida, la paz, democracia y negociación del pliego”.
Pese a que las acciones no violentas y la defensa de la vida de la Minga Indígena resonaron en gran parte de las organizaciones sociales, el Paro Nacional desarrollado entre el 19 y el 21 de noviembre no logró ni en extensión, recursos, capacidad de presión o participantes, un impacto significativo para incomodar al gobierno nacional y obligarlo a reunirse nuevamente con los movimientos sociales.
A pesar de que la polarización se mantiene, de que la violencia política se recrudecerse, de las preocupantes cifras de desempleo y de una reactivación económica coja, el ambiente electoral de cara a 2022 puede ser una nueva ventana de oportunidades políticas para los movimientos sociales. Será el momento de salir con mayor fuerza y presión durante un proceso electoral que estará permeado no solo por el incumplimiento de los acuerdos con las Farc sino por la gestión de la Colombia post COVID-19.
El miedo al contagio y la pérdida real de recursos, incluyendo el tiempo para transformar las cosas, nos hace pensar que para los movimientos sociales el año 2021 será de movilizaciones más dilatadas, menos numerosas y con menor capacidad de presión. Cuando el movimiento social se retrae esto no significa que desaparece, más bien es el momento en que se tejen nuevas formas de acción, organización y comunicación. Hay que volver a salir a la calle cuando el coronavirus no sea más que un recuerdo congelado.
