Las recientes denuncias contra el director de Canal Capital por supuestas extralimitaciones sirven para un análisis sobre cómo estamos en Colombia en materia de ética periodística y respeto a la libertad de expresión.
Si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho
a decirle a la gente aquello que no quiere oír.
George Orwell. La rebelión en la granja.
Derechos humanos y libertad de prensa
La historia de los derechos humanos es la historia de la lucha del ser humano contra el poder. En esa lucha, el logro que más impacto ha tenido es la reivindicación de la libertad de prensa, pues esta representa la capacidad de enfrentarse a las instancias públicas y privadas que ejercen y representan los intereses del poder.
La libertad de prensa es la quintaescencia de la democracia. Como diría Jean François Revel: “hay prensa sin democracia, pero no hay democracia sin prensa libre”, puesto que la democracia solo puede surgir del libre intercambio de ideas y opiniones, lo que solo puede darse cuando existe una prensa libre de censura.
El hemisferio occidental se ha construido sobre esta hipótesis, y es importante resaltar que ni en el sistema interamericano ni en el derecho colombiano existen causales que justifiquen la censura a la prensa.
La Corte Constitucional ha sostenido que la censura a los medios de comunicación está totalmente prohibida para cualquier autoridad del Estado, incluyendo a los jueces.
La Corte Constitucional ha sostenido que la censura a los medios de comunicación está totalmente prohibida para cualquier autoridad del Estado, incluyendo a los jueces.
Pero si bien las normas prohiben la censura, lo cierto es que en Colombia el fenómeno de la censura ha pasado por todos los matices imaginables, incluyendo el asesinato y la persecución de periodistas de todas las tendencias, que han sido víctimas del conflicto armado y de los carteles de la droga.
El fenómeno llegó a tal punto que a comienzos de la década de 2000 muchos periodistas y sus medios empezaron a autocensurarse, es decir, a evitar investigar y publicar ciertos temas a fin de resguardar sus propias vidas.
Comunicación y poder
Pero la sociedad actual no solo se ha modernizado en las formas de hacer llegar la información a los ciudadanos, sino que también lo ha hecho en imaginar maneras más sutiles de manipular y restringir la libertad de prensa para ajustarla a los intereses del poder.
Las formas actuales de censura son sofisticadas, se solapan en figuras complejas a fin de pasar inadvertidas y no requieren de la intervención directa del Estado, pues se ejercen incluso por los propios medios de comunicación.
Es importante entender esta situación en un contexto histórico de transición del poder del modelo Estado-Nación a una época de debilitamiento del Estado y ensanchamiento del poder privado, concentrado en nodos que luchan por el dominio de la información; eso que Manuel Castells denomina la “sociedad red con diversas formas de poder”.
En ese modelo, la información se ha convertido en uno de los bienes más valiosos del mercado global, haciendo que los medios de comunicación se concentren, a través de fusiones empresariales, en manos de unos pocos.
Pero la apropiación y concentración de los medios en ciertos grupos empresariales no son fenómenos nuevos, lo nuevo es más bien la incestuosa relación que se ha desarrollado entre la política y los medios de comunicación social.
La cuestión radica en que en Colombia (al igual que en el mundo) los medios de comunicación pertenecen a unos pocos grupos empresariales que, evidentemente, tienen intereses marcados.
Esta concentración de los medios ha sido vista como un efecto negativo en la sociedad, pues, al contrario de la democracia que es pluralista, implica una unificación de opiniones.
Según María Teresa Herrán este fenómeno de concentración de los medios ha llevado a que la redacción dependa cada vez más de la parte comercial, pues los intereses de los dueños de los medios se convierten en líneas editoriales y el periodista ve restringida su acción.
Con todo, queda claro que la libertad del periodista está cada vez más limitada en Colombia y el mundo. Por una parte, la violencia sigue siendo la espada de Damocles que pende sobre los periodistas; y por otra, el poder político y financiero, cada vez más cercano a las líneas editoriales de los medios, se transforma en el cauce del que no puede salirse la investigación periodística.
Quienes se arriesgan a enfrentar estas barreras pueden correr el riesgo de perder su vida o su trabajo.
Censura en Colombia
Tan solo en los últimos cinco años el número de casos de este tipo ha venido creciendo en Colombia, y los ejemplos son notables:
1. El cierre de la Revista Cambio en 2009 por las denuncias de Agro Ingreso Seguro;
2. El despido de Daniel Pardo de Kien&Ke por su columna “Pacific es Colombia”, en la que se refería a la influencia de la petrolera en los medios de comunicación;
3. La renuncia en 2012 de Álvaro García a Cablenoticias, porque “en los medios se le da una interpretación política a lo que es una decisión editorial”.
Estos son casos contrarios a los valores de la ética periodística, pero que resultan complejos desde el punto de vista jurídico, pues las situaciones se dan en medio de relaciones contractuales que generalmente especifican amplias competencias para la dirección. Además, al no existir participación directa del Estado, difícilmente se puede hablar de una situación de violación de derechos humanos.
En materia específica de derechos humanos, y particularmente en lo que atañe al derecho a la libertad de prensa, es importante tener en cuenta que por provenir historicamente de una lógica de contraposición frente al Estado, el derecho humano implica una obligación correlativa de este.
En otras palabras, es el Estado el que debe ser responsable de la censura (directa o indirectamente) para que se pueda hablar de una vulneración a la libertad de prensa como un derecho humano.
 El periodista Hollman Morris, acompañado del Alcalde Mayor, Gustavo Petro Urrego. Foto: Gustavo Petro Urrego |
El caso Hollman Morris
Un ejemplo reciente de este debate se produjo a raíz de la confrontación entre el periodista Mauricio Arroyave, director y presentador del magazín El primer café, y el gerente de Canal Capital, Hollman Morris, quien, presuntamente censuró la independencia del periodista al limitar los temas y los entrevistados que este escogía.
En este caso la vulneración de la libertad de prensa es tangible puesto que, en primer lugar, no le corresponde al gerente de un canal hacer control de contenidos ni de entrevistados, pues, justamente como dijo Daniel Coronel en Semana: “El gerente de un periódico puede despedir al director pero no puede cambiarle la primera página”.
En segundo lugar, tratándose de un canal público, el gerente es un agente del Estado, y por lo tanto sus actuaciones se encuentran enmarcadas en los deberes que surgen de los derechos humanos.
Ello implica que, a diferencia de lo que sucede en un medio privado, la decisión del gerente genera responsabilidad al Estado. Y por eso, en este caso, desde el punto de vista internacional, fue el Estado quien decidió limitar a un periodista en su tarea de dar a conocer información y opiniones.
Valerse de un medio público para perseguir intereses políticos es una violación de la libertad de prensa y afecta al periodista que fue restringido indebidamente en su labor, pero también afecta a la sociedad, la cual tiene el derecho a la libertad de prensa.
En particular, este derecho se reafirma cuando se trata de medios de comunicación de origen público, costeados con recursos públicos y cuya única tarea debe ser satisfacer el derecho a la información y a la cultura de la población.
Tratándose de un canal público, el gerente es un agente del Estado, y por lo tanto sus actuaciones se encuentran enmarcadas en los deberes que surgen de los derechos humanos.
Lo que resulta realmente lamentable es que quienes alguna vez se preciaron de ser abanderados de la libertad de prensa, e incluso sufrieron en carne propia la persecusión y la censura por atreverse a contar lo que al poder le resultaba incómodo, parecen olvidarlo todo y repiten las prácticas que antes denunciaban cuando llegan a hacer parte de las esferas del poder y tienen en sus manos el manejo de un medio.
Al final, la cuestión se resume en un problema que supera los límites formales de la libertad de prensa: la desaparición de la ética periodística. A diferencia de los gremios y el sector privado al que pertenezcan los medios cuyos intereses son políticos o financieros, los medios masivos de comunicación social solo pueden seguir un interés: el de cumplir con el deber de informar con veracidad e imparcialidad.
El director y los periodistas de estos medios tienen un papel social fundamental y deben cumplir su tarea con la dignidad y la rectitud que implica su profesión. La pregunta principal toca a la ética periodística de los directores de medios y el respeto que por ella deben tener los gerentes (y otros cargos ejecutivos), quienes deberían limitar sus tareas exclusivamente a lo administrativo.
Si no hay una reflexión seria en este punto, los medios de comunicación, lejos de ser el pilar de la democracia, acabarán convirtiéndose en herramientas de manipulación.
* Director del Departamento de DDHH y DHI, Escuela Mayor de Derecho.
