Gobernando a oscuras

Tras seis meses de la administración Petro, todavía no está claro cuál sea o cuál será su política antidrogas.

Además, desde su llegada a la Casa de Nariño, la información estadística sobre el tema se ha vuelto escasa y, para efectos prácticos, el Observatorio de Drogas de Colombia, que hace unos años fue considerado un ejemplo para América Latina, ha sido desmantelado por completo, lo cual llevó a su total desprestigio.

Por eso en el pasado cuando al menos algunas de las decisiones se basaron en evidencias, pero hoy día se estan reemplazando por ideología. La administración Petro, a través de su Ministerio de Justicia, opta por ignorar la gran cantidad de información acumulada durante las últimas cinco décadas de éxitos y fracasos en la lucha contra las drogas. Esto se ha hecho para garantizar un discurso político con poco futuro.

Sin embargo, es importante recordar que el gobierno actual tiene una vida finita, y que, para el 7 de agosto de 2026, el problema de los cultivos, el narcotráfico y la corrupción que los alimentan seguirán existiendo, además no es seguro es que la visión política del problema se mantenga.

Por otra parte, resulta sorprendente que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), haya cedido a las presiones del gobierno colombiano, abandonando más de 20 años de prácticas bien definidas para la presentación de estadísticas sobre drogas en Colombia. Actualmente, incluso en sus páginas de internet, es difícil encontrar datos útiles sobre la evolución del problema desde el 2021.

Es imposible realizar un análisis estadístico de la evolución de los cultivos de coca en el país, pues la desinformación, tanto social como académica alcanzó grandes niveles durante los últimos años. Por ejemplo, el informe publicado en 2022, que debería haber descrito la evolución del problema de los cultivos en 2021, omitió o desconoció información como la productividad por hectárea, la estimación del volumen de hoja emanada de los cultivos, el contenido de alcaloides de la hoja, la densidad de los cultivos por región, las tasas regionales de conversión de hoja a clorhidrato de cocaína, etc.

Aunque controvertida por muchos en el pasado (me incluyo), toda esta información era de gran importancia para los indicadores de tendencias.

Es probable que en los próximos años tengamos que confiar en los datos obtenidos por los satélites de la DEA, pues tengo entendido que se han suspendido los estudios de campo que, con el beneplácito de la Policía Nacional de Colombia y el Ministerio de Justicia, dicha agencia realizaba anualmente. Esta decisión se tomó por instrucciones del gobierno Petro, para evitar que se recopile información que pudiera usarse en su contra en el futuro.

Puede leer: Colombia y la falacia de la Comisión Global de Drogas

Consecuencias del no querer saber

Es importante tener en cuenta que la falta de información detallada sobre el terreno podría tener un efecto negativo en la lucha contra el narcotráfico. La formulación de políticas debe apoyarse en estadísticas confiables o, al menos, en evidencias que reflejen la realidad; pero actualmente esta condición no se cumple.

La falta de trabajos de campo y estadísticas confiables dificultan, por ejemplo, detectar variaciones en los precios de la hoja de coca en finca y realizar estudios de precios. Debo recordar que el precio de la hoja de coca en finca normalmente representa apenas el 5% del valor final del kilo de cocaína en mercados como Miami, Nueva York o Londres.

La incertidumbre sobre cuál será el precio que se le pagará al agricultor por la hoja para usos alternativos y cuánto están dispuestos a pagar los narcos por ella causa dudas sobre la viabilidad de dichos usos. Es posible que los narcos estén dispuestos a pagar precios significativamente mayores sin grandes sacrificios en sus ganancias.

El cuento de los usos alternativos

Esa falta de información puede responder a promesas de campaña, como el uso alternativo de la hoja de coca.

Sin embargo, la producción de más de 198,000 toneladas de hoja en 2020 en Colombia excede significativamente la cantidad necesaria para el consumo en ritos tradicionales y/o usos alternativos, incluso si se considera un número generoso de 100,000 consumidores. Cabe destacar que países como Bolivia y Perú son grandes cultivadores de hoja de coca con 18,000 y 32,000 toneladas métricas respectivamente, están a la vanguardia de la investigación sobre sus usos alternativos pero aun con la oferta de productos alternativos no hay señales que estén derrotando al narcotráfico que ofrece mejore precios por la hoja. Es poco probable que la estrategia del gobierno colombiano tenga éxito.

Bolivia y Perú tienen una larga historia en el cultivo de la hoja de coca, que ha evolucionado como parte de su cultura desde antes de la conquista española. El mambeo de la hoja es un uso común en ambos países, lo que tiene dos efectos pocos discutidos en Colombia:

1. Por un lado, mambear/masticar la hoja de coca apacigua el hambre, pero tiene efectos negativos en la salud dental de los consumidores.
2. Por otro lado, su contenido de alcaloides aumenta la resistencia física en esfuerzos demandantes y jornadas extensas en países de complicada geografía.

En Bolivia y Perú, donde una parte de su población vive y trabaja por encima de los 3.000msnm, la hoja de coca se usa para aumentar la capacidad de enfrentar la reducción de oxígeno. En Colombia eso no es necesariamente cierto, su uso para mejorar el rendimiento de los trabajadores podría asociarse con algunos estudios que describen cómo hasta comienzos del siglo XX, se pagaba a los trabajadores con hoja de coca.

Sin embargo, hoy en día el apego a la hoja de coca es limitado y el consumo de la hoja como infusión es reciente. Este uso puede traer problemas de salud, pues la hoja viene contaminada con trazos de químicos usados en los cultivos colombianos, como glifosato, paraquat y lorsban.

En Colombia, el uso cultural de la hoja de coca se limita a unas pocas comunidades, y la mayoría de los cultivos (más del 95 %) está en manos de campesinos que no tienen tradición ancestral en su uso. De hecho, sin el narcotráfico, es probable que estos campesinos cultivaran productos de pancoger, es decir, maíz, frijol, yuca, plátano, entre otros.

Durante un estudio de campo realizado en la década de los 90 en el Guaviare y Catatumbo, un líder campesino me dijo que habían estado sembrando y comercializando la hoja durante diez años, y que eso era una tradición. Pero el uso de la hoja de coca en Colombia para usos alternativos es muy reciente.

Desde los años 90, quienes hemos visitado en múltiples ocasiones las regiones donde se cultiva coca presenciamos cómo la población campesina dedicada a este cultivo se encuentra atrapada en un ciclo de consumo. Este ciclo no permite la acumulación de capital para mejorar la calidad de vida (ya sea legalizando la tenencia de la tierra, mejorando las cercas, caminos, agua, viviendas, sistemas sanitarios, educación, etc.) Pero sí observamos la destrucción de los valores de las sociedades campesinas, el aumento del individualismo y la consolidación de valores nocivos para el problema de género dentro de los hogares.

Diálogo de sordos

Desafortunadamente el discurso de la administración Petro ignora el contexto internacional que enmarca el problema, y parece estar más enfocado en mejorar su base política en Colombia.

Los países que practican el prohibicionismo, como China, Irán, Rusia y Estados Unidos, son potencias políticas y económicas que Bolivia, Colombia y Perú deberán enfrentar en foros internacionales. Sin embargo, la posibilidad de entablar un diálogo constructivo parece muy remota, dado que ambas partes se muestran incapaces de comprenderse mutuamente.

El principal problema del grupo de productores es que su discurso apela a los sentimientos de la comunidad internacional mediante argumentos socioeconómicos, en vez de razonamientos lógicos. Sin embargo, este enfoque solo llega a las bases en Estados Unidos, mientras que en otros países el discurso es bloqueado o simplemente no es importante. Además, en estos países (China, Irán y Rusia) existe una trágica historia de descomposición social causada por el consumo indiscriminado de drogas, especialmente opioides.

Las medidas necesarias

Para concluir, la administración Petro tendría que emprender las siguientes tareas:

• Evaluar cuidadosamente los pros y contras de una política permisiva en torno al cultivo de hoja de coca, amapola y marihuana.
• Construir una base de datos sólida para medir la magnitud del problema, a través de estudios de campo, análisis epidemiológicos del consumo de estas sustancias, y la creación de una agencia que produzca políticas basadas en evidencia, no solo en discursos políticos.
• Explorar el posible uso alternativo de productos como la hoja de coca y definir su rentabilidad, como complemento a una estrategia más amplia que contemple el destino de las 198.000 toneladas de hoja, y cómo evitar su comercialización con organizaciones criminales. Asimismo, abordar el desafío de extraer el ingrediente activo de la cocaína, para desarrollar productos alternativos.
• Reforzar los elementos clave de una política antinarcóticos, no apenas enfocada en los cultivos, sino en el control de organizaciones criminales, la rehabilitación de adictos por parte del sistema de salud, y la adopción de medidas efectivas para evitar el movimiento de capitales y precursores hacia la industria ilegal.

Estos son algunos elementos mínimos para pensar en un cambio de la política colombiana en materia de narcóticos.

Le recomendamos: Minas antipersonal: ¿cómo vamos?