En qué consiste el cambio en el manejo de los cultivos y el tráfico de drogas, cuáles son sus aciertos, desaciertos, avances, contradicciones y grandes desafíos. ¿Será que hay luz, por fin, al otro lado del túnel?
Jorge Baquero*
Zanahoria y garrote
Este 9 de septiembre el gobierno presentó la nueva política antidrogas, denominada “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”.
La política tiene dos ejes principales. El primero es suministrar “oxígeno” a los campesinos y jornaleros rurales vinculados a los cultivos ilícitos, y el segundo es “asfixiar” las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
Aunque estos rótulos de la nueva política suenan rimbombantes, los elementos de “zanahoria” y “garrote” ya se venían madurando desde el gobierno del presidente Santos, pasando por el punto cuarto del Acuerdo con las FARC sobre la “solución al problema de las drogas ilícitas” y la prohibición de la Corte Constitucional de fumigar con glifosato para erradicar cultivos ilícitos.
Los aciertos
Pero el gobierno Petro se propone aplicar estos dos lineamientos de manera más profunda y sistemática que los gobiernos anteriores. Por eso su política “Sembrando vida, desterrando narcotráfico” es un cambio en el paradigma de la lucha contra las drogas, una apuesta innovadora y valerosa, una respuesta alternativa a uno de los más graves problemas de Colombia a partir de los años sesenta.
Más aún, el gobierno ya ha ejecutado dos de los cuatro pasos primordiales para llevar a cabo su política: (1) enmarar el problema dentro de una agenda social, y (2) planificar las grandes decisiones.
La nueva formulación del problema tiene antecedentes en Colombia y en la literatura internacional. Además, el nuevo documento de política antidrogas fue producto de un proceso de consulta donde participaron 274 organizaciones sociales, varias universidades y centros de pensamiento y más de 2700 líderes sociales que realizaron sus aportes en 27 espacios en 17 departamentos y en Bogotá.
en la gestión de los distintos ministerios y agencias del Estado no parece haber conciencia ni, en todo caso, acciones efectivas o en la escala gigantesca que exigiría la transformación integral de esa “media Colombia”.
Entre los aciertos de la propuesta también debe notarse que la política antidrogas
- incorpora medidas de manejo ambiental,
- aborda el consumo de sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública, y
- no estigmatiza a los campesinos vinculados a las economías de uso ilícito.
Lo que falta
Pero el gobierno “del cambio” no ha avanzado o ha avanzado muy poco en los dos pasos realmente decisivos del proceso: ejecutar los programas y evaluar sus resultados.
Según el documento que ha sido publicado, las acciones concretas del gobierno consistirán en
- No perseguir a los cultivadores de hoja de coca, amapola y marihuana,
- Combatir organizaciones multi crimen, y
- Transformar los territorios con presencia de cultivos ilícitos.
En un artículo anterior de Razón Publica ya había analizado algunas implicaciones de estos tres cambios de enfoque. De entrada, sin embargo, hay que advertir que en el nuevo documento de política sigue faltando claridad sobre dos de sus tres elementos: ¿De qué manera se van a perseguir las organizaciones multi crimen y los dineros del narcotráfico más efectivamente que en gobiernos anteriores? ¿En qué consiste y como se logrará la transformación de los territorios?
Tres lunares
Hay tres propuestas concretas que conviene analizar poque ilustran la gran dificultad del cambio.
- El documento propone una “integración de mercados” para que los jornaleros de cultivos ilícitos se vinculen a otras actividades agrícolas y de servicios.
Pero este asunto es muy complicado porque necesitaría tiempo, presupuestos, metodologías, agencias estatales en terreno, armonía en la política nacional, regional y local y acciones expeditas del Estado. Estos elementos se encuentran en el texto acompañados de palabras como “fomentar” y “promover”. Pero si esto no logra aterrizarse pueden decantar en buenas intenciones que nunca se llevaron a cabo.
- Además de erradicar cultivos ilegales, la pretensión de “transformar el territorio” implicaría un programa muy agresivo y eficaz de sustitución de cultivos, y otra serie de cambios económicos e institucionales para elevar la calidad de vida en esas regiones.
Con relación al primer punto, este gobierno no tiene mucho que mostrar en materia de erradicación manual de cultivos, y posiblemente no tendrá tiempo de aprender. En relación con lo segundo, en la gestión de los distintos ministerios y agencias del Estado no parece haber conciencia ni, en todo caso, acciones efectivas o en la escala gigantesca que exigiría la transformación integral de esa “media Colombia”.
- La política antidrogas depende estrechamente de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, que con razón ha sido criticada por muchos de los expertos en la materia.
Por ejemplo, para el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED), a la política del gobierno Petro le falta una estrategia militar para recuperar el control territorial y le falta claridad en procesos de sujeción a la justicia por parte de organizaciones criminales. En suma, el tema de la seguridad va más allá de la retórica. El país está encendido y el gobierno parece olvidarlo.
Sin información y sin financiación
Las políticas antidrogas solían tener el acompañamiento de algunas agencias norteamericanas que monitoreaban con imágenes satelitales la extensión de las hectáreas cultivadas con coca. Pero este monitoreo se encuentra suspendido, y las últimas mediciones corresponden al año 2021: no sabemos qué ha pasado bajo el gobierno del cambio.
La política antidrogas depende estrechamente de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, que con razón ha sido criticada por muchos de los expertos en la materia.
Por otro lado, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia no tiene la capacidad financiera de otros años para realizar los muestreos en campo, sobre todo en los lugares prioritarios para ejecutar la política antidrogas, como Cauca, Nariño, Putumayo y Norte de Santander.
Durante muchos años el gobierno de Estados Unidos había financiado gran parte de los programas de erradicación y sustitución de cultivos, pero en la actualidad no se tiene certeza sobre ese respaldo económico para esta nueva política antidrogas.
En síntesis, no existen cifras claras sobre el estado actual del problema, tampoco hay recursos financieros para hacerle seguimiento a esta nueva política, y no se tiene claridad sobre el apoyo —o no— de Estados Unidos a este cambio de estrategia.
En conclusión, esta política del gobierno Petro parte de un diagnóstico más amplio pero también más complicado; su ejecución sería parte de las grandes apuestas del “gobierno del cambio”, pero esta ejecución implicaría un fino y efectivo manejo del Estado, virtudes que hasta el momento no han acompañado a este gobierno.
5 Comentarios
En la campaña de Petro se planteaba la visión sobre la política de drogas, que a mi parecer va en el camino correcto ya que trae varias propuestas interesantes que parten del cuidado de la vida y el medio ambiente. Con esto buscan dar oxigeno a las comunidades afectadas por los cultivos ilícitos, el trafico de drogas y acabar con las estructuras criminales. Con el objetivo de quitar el foco de la represión de los campesinos que cultivan y ponerlo en las mafias que se lucran del trafico ilegal, dando atención al consumo como problemas de salud publica y avanzando en la regulación de los usos legales de la hoja de coca.
Aún con toda la problemática económica y social que implica el «asfixiar» a estos grupos aliados al narcotráfico, falta aún mucho por considerar antes de efectuar un movimiento que realmente tenga algún tipo de acierto. La ausencia actual de información del territorio y de el conjunto global de este mercado convierte en una jugada imprudente el actuar inmediato por parte del gobierno.
Es destacable que el actual gobierno de Gustavo Petro le de importancia al manejo de cultivos ilícitos y el tráfico de drogas, además las propuestas qué se ponen sobre la mesa en mi opinión toman puntos importantes ya qué abarcan problemas sociales como ambientales.
Sin embargo, es frustrante saber qué no hay cambios relevantes y más cuando por ejemplo no hay un acompañamiento del Estado ni financiación para todo lo que implica llevar esta política antidrogas. Ojalá que el gobierno pueda cumplirle a los colombianos, principalmente a los campesinos quienes son los más afectados por esta problematica qué lastimosamente invade al país como dice el texto desde los años sesenta.
El narcotráfico ha sido un problema que lleva años perdurando en Colombia, sin bien es cierto cada gobierno se propone el fin de este, yo considero que es casi imposible erradicarlo y que la disminución o la manera para que sea un «negocio transparente» es por medio de la legalización. Sin embargo, los gobiernos abordan este tema con algo de fantasía, no tienen planes organizados, claros y en principio faciles de ejecutar para la comunidad y solo queda en ideas inconclusas. En el mapa de zonificación política de drogas se observa que la mayoría son zonas de complejidad media, es decir que es el momento exacto para actuar, poniendo metas cortas para impedir que sean zonas de alta complejidad. Es evidente la falta de recursos y necesaria para conocer el panorama real y poderlo abordar, al igual que es esencial incentivar proyectos que incrementen el apoyo económico exterior que se requiere.
La Guerra contra las Drogas de Nixon no empezó contra la marihuana colombiana. Se centró en la heroína producida por Francia, principalmente en Marsella, y la amapola cultivada en Turquía. El problema grave eran los consumidores de heroína, principalmente en Nueva York y no los estudiantes peludos en las universidades quienes consumían yerba tranquilamente en los campus (me consta, yo estaba ahí aunque no la fumaba).
En ese entonces Colombia no estaba en el radar de Nixon. En cuanto a América Latina estaba más preocupado por lograr la extradición de un mafioso francés capturado en Paraguay. Ya es tiempo que dejen de culpar al mundo por los problemas y el crimen en Colombia.
Bien harían Petro, el canciller y el ministro Osuna en leer los trabajos académicos de Francisco Thoumi, Lina Britto y Eduardo Sáenz. Los problemas se empiezan a trabajar entendiéndolos y no haciendo gala de un discurso efectista bueno para la galería pero equivocado y superficial.