El caso de la Universidad del Valle reabrió la difícil tensión entre autonomía universitaria y seguridad.
Nicolás Rudas*
Seguridad y autonomía universitaria
El pasado 3 de abril, los disturbios en la Universidad del Valle dejaron una persona muerta y varias heridas. El director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, se mostró favorable a la intervención policial en el campus universitario, previa aprobación de los rectores.
Esas declaraciones y las imágenes que captaron las cámaras de seguridad de la Policía Metropolitana de Cali revivieron la discusión sobre la autonomía universitaria en Colombia. ¿Es razonable y proporcionado que la fuerza pública intervenga en las universidades para evitar disturbios?
Las declaraciones de la Policía sobre los hechos ocurridos en la Universidad del Valle parten de una imagen de la comunidad universitaria como “rehén” de los violentos, sin capacidades reales para frenar sus desmanes. Después de todo, ¿qué pueden lograr las herramientas universitarias —debates razonados o pronunciamientos de censura— ante grupos clandestinos que emplean la fuerza?
La imagen no es del todo falsa. Entre muchos estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades públicas, los encapuchados despiertan una mezcla de indignación, miedo e impotencia, que se parece bastante a la situación mental de un rehén.
¿Intervención policial en los campus?
Como miembro de una universidad pública —soy egresado de la Universidad Nacional—, la propuesta intervencionista me despierta una prevención instintiva. Quienes hicimos parte de una universidad pública tendemos a compartir cierta noción de inviolabilidad del campus, como si se tratara de un aura sagrada.
Pero, aunque rechazar por principio y sin matices la idea del general Atehortúa revista un atractivo poético, es necesario construir mejores argumentos políticos para justificar la no intervención policial en los campus donde se presentan hechos graves de violencia.
El argumento más sólido es este: la intervención de la fuerza pública en las universidades entraña riesgos inmensos.
¿Es razonable y proporcionado que la fuerza pública intervenga en las universidades para evitar disturbios?
Una intervención policial en un campus tiene que ser extremadamente precisa, lo cual es imposible casi siempre. Basta que, durante la operación, apenas un agente use desproporcionadamente la fuerza, o criminalice conductas no punibles como el consumo de sustancias psicotrópicas, o reprima a un manifestante ruidoso pero pacífico, para legitimar el discurso de los violentos y deslegitimar el discurso de sus opositores.
Foto: Policía Nacional |
¿Está preparada la Policía para desplegar operativos tan rigurosos? Quizás sí, pero la experiencia muestra que la Policía tiene sesgos contra poblaciones vulnerables, jóvenes, pobres, homosexuales, disidentes políticos, etc.
Por lo tanto, permitir que la Policía intervenga una universidad pública, con todas sus complejidades y diversidades, parece la receta perfecta para obtener un resultado contraproducente.
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De la indiferencia a la resistencia
Por eso, para evitar que la Policía intervenga los campus universitarios, la mejor opción es cambiar sustancialmente las estrategias de oposición interna a la violencia.
Cuando no hay una eficaz oposición interna a la violencia, la opinión pública e incluso la misma comunidad universitaria piden la intervención policial.
Actualmente, la tendencia general es el rechazo de los violentos por parte de todos los estamentos en las universidades públicas. Pero su inconformidad suele expresarse de manera más o menos pasiva, más mediante la indiferencia que mediante la resistencia. Y aunque la indiferencia debe resultar mortificante a encapuchados convencidos de su gesta insurreccional, quizás no sea del todo disuasiva.
La indiferencia es posible porque los miembros de la comunidad universitaria no perciben el “tropel” como una amenaza a sus intereses, incluso si lo rechaza. Creen que sus afectaciones son marginales, exiguas, y que a la larga lo más pragmático es adaptarse.
Desde mi perspectiva, esta actitud revela una profunda incomprensión del significado de la autonomía universitaria.
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¿Quién es responsable de la violencia en el campus?
En el debate público sobre la autonomía universitaria, hay una idea común, incluso entre quienes se oponen a la violencia en el campus: la idea de que los disturbios en las universidades son el reflejo de la violencia nacional.
Un día después de los disturbios en la Universidad del Valle, la actual vicerrectora de la institución, la profesora Liliana Arias, afirmó que “de alguna manera lo acontecido es un reflejo de lo que sucede en la sociedad”.
Este argumento ha sido esgrimido durante décadas, y supongo que seguirá usándose por mucho tiempo más. Entiendo que su laudable motivación es proteger la autonomía universitaria: si la violencia en el campus es solo un eco de la violencia en el país, entonces el responsable del “tropel” es el país mismo, y no debería castigarse por ello a la universidad.
La intervención de la fuerza pública en las universidades entraña riesgos inmensos.
Aquí hay una cuota de verdad. En efecto, las fronteras entre la sociedad y la universidad son porosas, y esta no puede sustraerse de la realidad social más amplia. No obstante, el argumento tiene dos inconvenientes relevantes:
- niega la existencia de la autonomía universitaria;
- e inhibe la urgencia de defenderla resistiendo a los violentos.
El principio de la autonomía universitaria establece que los asuntos propios de las universidades deben operar al margen de las presiones e intereses de los poderes sociales establecidos: políticos, económicos, religiosos, etc.
Pero la autonomía universitaria no es un fin en sí mismo. Su objetivo es que la independencia de las universidades permita el despliegue de un pensamiento libre de ataduras externas. En la medida en que no tengan compromisos con ningún partido, institución o credo, las universidades pueden ser críticas con todos los actores sociales, a través de un debate abierto y plural.
Foto: Canal Capital |
En estas condiciones institucionales, el libre pensamiento debería conducir a la articulación de ideas cada vez más aptas para reconocer la complejidad del mundo. A su vez, esto debería permitir dar las mejores respuestas a las preguntas difíciles que plantea la sociedad.
Entonces, ¿qué relevancia podría tener una universidad que se plantea a sí misma como una extensión, como reflejo mecánico de la sociedad? ¿Qué aporte puede ofrecer? En un país diverso como Colombia, las universidades públicas sí han tendido a “reflejar” esa diversidad.
Pero mientras que en la sociedad la diversidad ha sido “un problema”, y ha conducido a segregación racial, económica y política, en las universidades la diversidad es concebida como una oportunidad. Las universidades tienen una infraestructura intelectual lo suficientemente robusta como para no repetir los errores del país.
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Los actores que promueven la violencia en el campus amenazan la supervivencia de la autonomía universitaria porque erosionan los espacios de deliberación abierta y porque pretenden imponer por la fuerza las mismas posiciones estereotipadas que la universidad busca complejizar y revisar críticamente.
Sin embargo, adoptar una lectura fatalista del tipo “los problemas de la universidad solo se solucionarán cuando mejore la situación del país” invita a un tipo de inacción que ninguna universidad puede permitirse.
La autonomía universitaria se justifica moral y políticamente en la posibilidad de que esa independencia aporte a la sociedad, precisamente, en el desarrollo de visiones críticas y complejas en contextos en los que esta clase de visiones no están lo suficientemente extendidas.
*Sociólogo y magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, profesor en esa misma institución.
