La Pola intervenida: conflicto simbólico y fragilidad del patrimonio

¿Por qué las instituciones responsables del patrimonio parecen incapaces de anticipar y prevenir un fenómeno que se repite año tras año en los mismos lugares y bajo circunstancias perfectamente previsibles?

Una escena que se repite cada año

El 9 de marzo, en Bogotá, la escena suele ser la misma. Entre restos de consignas, manchas de pintura y muros cubiertos de grafitis aparece una imagen que se ha vuelto tristemente predecible: la estatua de Policarpa Salavarrieta, en el barrio Las Aguas, cubierta de pinturas rayones y mensajes políticos.

Días después llegan los restauradores del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Aplican solventes, retiran la pintura adherida al metal y estabilizan la superficie de la escultura. Luego aparece el comunicado institucional acompañado de fotografías del “antes y después”: el monumento ha sido recuperado. La escena se presenta como una demostración de gestión patrimonial, cuando en realidad muestra un problema que hemos terminado por normalizar.

Durante los últimos años la estatua ha sido intervenida durante las marchas del 8 de marzo y otras esporádicas a lo largo del año. En 2021 apareció cubierta de grafitis en medio del clima político posterior al paro nacional. En 2022 volvió a ser pintada durante las movilizaciones feministas. En 2023 el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural debió realizar una limpieza especializada. En 2024, 2025 y 2026 la escena se repitió casi sin variaciones.

La cronología deja poco espacio para la sorpresa. No son hechos espontáneos o imprevisibles, sino un fenómeno recurrente cuya repetición anual lo convierte en un daño anunciado. Sin embargo, la respuesta institucional siempre es la misma: esperar el daño y limpiar después.

Un monumento progresivamente mutilado

El problema adquiere una dimensión aún más reveladora cuando se observa el estado real del monumento. La escultura había sufrido actos de deterioro mucho antes de las intervenciones recientes. La silla sobre la que aparece sentada Policarpa comenzó a deteriorarse tras el robo de una de sus patas.

Tiempo después, en un segundo episodio de daño, la otra pata posterior también fue sustraída. La consecuencia es tan absurda como elocuente: la figura de la Pola quedó literalmente sentada en el aire. La escultura perdió parte de su estructura original y la escena quedó visualmente alterada, como si la heroína flotara suspendida sobre un mueble incompleto. Ese deterioro nunca ha sido reparado.

La paradoja resulta difícil de ignorar. Cada año la ciudad despliega brigadas para limpiar después de las marchas, pero el daño estructural continúa sin resolverse, el monumento no se restaura realmente. La figura sigue así, suspendida sobre una silla mutilada, convertida en un recordatorio silencioso del abandono institucional del patrimonio público.

La heroína convertida en símbolo

Policarpa Salavarrieta ocupa un lugar central en la memoria histórica del país. Nacida en Guaduas hacia 1795, actuó como espía para los patriotas durante la reconquista española. Utilizando su oficio de costurera, logró infiltrarse en casas de familias realistas en Bogotá y transmitir información estratégica a las redes insurgentes

Fue capturada en 1817 y condenada a muerte por un consejo de guerra. Según los relatos históricos, enfrentó el pelotón de fusilamiento sin vendarse los ojos y pronunció palabras de desafío contra el dominio colonial. Su ejecución la convirtió en una mártir de la independencia.

Con el paso del tiempo, el Estado colombiano consolidó su figura como símbolo nacional. Su imagen aparece en monedas y billetes, su historia se enseña en los manuales escolares y el 14 de noviembre fue declarado oficialmente el Día de la Mujer Colombiana en su honor.

El monumento del barrio Las Aguas forma parte de esa construcción simbólica de la memoria republicana. La primera escultura fue concebida a finales del siglo XIX por el escultor Dionisio Cortés, quien enfrentó una dificultad singular: no había retratos fiables de la heroína. Se basó en un óleo pintado en 1855 por José María Espinosa, uno de los primeros intentos de reconstruir su rostro décadas después de su muerte. Con el tiempo, la obra fue reemplazada por una versión metálica del escultor Gerardo Benítez Bolaños, que es la que permanece en el lugar.

La escena muestra a Policarpa sentada, descalza, con las manos atadas a la espalda. La imagen transmite serenidad y firmeza frente a la muerte. Fue concebida para recordar el sacrificio de una mujer que desafió al poder colonial.

Monumentos en conflicto

En la Bogotá contemporánea, la estatua de Policarpa se ha convertido en el escenario de una disputa que refleja tensiones profundas sobre memoria, historia y poder. Como en muchas ciudades del mundo, los monumentos han dejado de ser objetos intocables para convertirse en superficies de confrontación política.

Las movilizaciones sociales recientes han transformado muros, plazas y esculturas en espacios de expresión. En ese contexto, la estatua de la Pola ha sido intervenida repetidamente durante marchas feministas, y se ha convertido en un punto visible de conflicto entre memoria histórica y activismo contemporáneo.

Llamar a estas acciones vandalismo no es una descripción neutral, sino una toma de posición. Desde el enfoque jurídico-institucional, el término designa una conducta ilícita: cualquier alteración no autorizada de un bien patrimonial protegido constituye un daño sancionable. Esta lectura prioriza la defensa de la integridad material del monumento y su valor como patrimonio común.

Sin embargo, desde enfoques críticos y sociales del patrimonio, esa categoría resulta problemática. Lo que unos denominan vandalismo, otros lo entienden como intervención simbólica, protesta o reapropiación del espacio público. El término, en este sentido, funciona también como un mecanismo de deslegitimación de ciertas formas de acción política.

Desde algunas corrientes del feminismo se argumenta que los monumentos no son neutrales: encarnan narrativas históricas construidas desde relaciones de poder. Incluso cuando representan a mujeres, suelen responder a imaginarios que las fijan como símbolos morales o heroínas sacrificadas, más que como sujetos políticos.

Intervenir el monumento se plantea entonces como un gesto de resignificación: trasladar la figura de la Pola desde la conmemoración oficial hacia debates contemporáneos sobre violencia y desigualdad de género. Pero esta lectura entra en choque directo con quienes sostienen que los monumentos pertenecen a la sociedad y deben preservarse como testimonios materiales de la historia.

El conflicto no es sobre una estatua, sino sobre el sentido mismo del espacio público. Entre la conservación y la protesta, entre la memoria oficial y su cuestionamiento, el patrimonio se revela no como un consenso, sino como un campo activo de disputa

Del conflicto al cuidado: las Madrinas de Banderas

En medio de esta discusión han surgido iniciativas ciudadanas que se relacionan con los monumentos desde una lógica distinta: no la confrontación simbólica, sino el cuidado activo del patrimonio. Un ejemplo es el colectivo Madrinas de Banderas, integrado por mujeres de la tercera edad que iniciaron su trabajo de activismo patrimonial al constatar el abandono en que se encontraba el Monumento a Banderas, uno de los conjuntos escultóricos más reconocibles del occidente de Bogotá.

El conjunto, compuesto por 120 esculturas femeninas, presentaba un deterioro evidente: varias figuras estaban pintadas, dañadas o mutiladas, expuestas al público en un estado que muchas de estas mujeres consideraban indigno. Entonces decidieron organizarse para promover su recuperación, limpieza y visibilización, convencidas de que el patrimonio urbano también forma parte de la memoria colectiva y debe ser protegido por la ciudadanía.

El 8 de marzo de 2023, varias integrantes del colectivo acudieron también a rendir homenaje a Policarpa Salavarrieta. Su visita no pretendía intervenir el monumento ni entrar en la confrontación simbólica que suele rodearlo durante esa fecha. Buscaba mostrar públicamente otra forma de relación con el patrimonio: una basada en el respeto, el cuidado y la apropiación responsable del espacio público.

Para muchas resultaba especialmente inquietante ver la representación del cuerpo femenino cubierta de pintura o sometida a actos de deterioro. Esa imagen evocaba una realidad dolorosa en la historia del país: el cuerpo de las mujeres expuesto, humillado o violentado en el espacio público, como ha ocurrido con tantas víctimas de la violencia.

En ese sentido, su gesto tenía también un significado simbólico. Más que intervenir el monumento, buscaban recordar que la memoria de las mujeres puede ser defendida también a través del cuidado y la dignificación de las imágenes que las representan.

Este episodio muestra que la relación entre memoria histórica, patrimonio y reivindicaciones femeninas no tiene por qué expresarse únicamente en términos de confrontación. Iniciativas como la de las Madrinas de Banderas proponen otra vía: mantener viva la memoria histórica mediante el respeto y la protección del patrimonio común.

Patrimonio sin protección

El marco jurídico colombiano es claro. La Constitución establece que el patrimonio cultural de la Nación está bajo protección del Estado. La Ley General de Cultura y la Ley 1185 de 2008 desarrollan ese mandato y establecen mecanismos para la conservación de los bienes patrimoniales. Incluso el Código Penal contempla sanciones para el daño en bienes de valor histórico o cultural.

En teoría intervenir un monumento histórico sin autorización constituye un delito. En la práctica, los responsables rara vez son identificados y los hechos terminan en la impunidad.

La situación plantea una pregunta: si las autoridades saben con anticipación que cada 8 de marzo ciertos monumentos serán intervenidos, ¿por qué no hay estrategias eficaces para protegerlos? Las marchas siguen rutas conocidas, los monumentos están identificados y los antecedentes se repiten cada año.

No son hechos imprevisibles. En derecho existe una figura para describir estas situaciones: la responsabilidad del Estado por omisión, que se configura cuando las autoridades no adoptan medidas razonables para prevenir daños previsibles.

Proteger el patrimonio no implica restringir el derecho a la protesta ni militarizar las movilizaciones. Significa reconocer que el Estado tiene la obligación constitucional de preservar los bienes culturales que pertenecen a todos.

El problema no son solo las intervenciones, sino su progresiva normalización. Bogotá parece haber aceptado que ciertos monumentos del centro histórico serán inevitablemente atacados durante determinadas movilizaciones. Esa resignación institucional transforma la restauración periódica en una rutina administrativa y desplaza la discusión sobre la prevención del daño.

El estado de conservación de las representaciones femeninas en Bogotá

La estatua de Policarpa Salavarrieta no es el único monumento femenino objeto de intervenciones, daños o vandalización en el espacio público de Bogotá. En los últimos años varias esculturas de figuras femeninas han sufrido agresiones similares, lo que sugiere que la disputa simbólica sobre los monumentos no se limita únicamente a los héroes de la historia nacional. Uno de los casos más conocidos es el de La Rebeca, en la carrera 13 con calle 26, una escultura emblemática del urbanismo bogotano de comienzos del siglo XX que con frecuencia aparece cubierta de pintura o grafitis durante manifestaciones en el centro de la ciudad. Esta obra, inspirada en modelos clásicos de la escultura europea, se ha convertido en uno de los puntos recurrentes de intervención durante jornadas de protesta que atraviesan el eje de la calle 26 y el centro internacional.

Algo similar ocurre con la escultura “Sía”, diosa del agua, una de las piezas más singulares del paisaje urbano bogotano. Fue realizada por la escultora colombiana María Teresa Zerda hacia finales de la década de 1940 y se encuentra en el separador de la Avenida de las Américas, dentro del conjunto monumental que acompañó la urbanización moderna de ese sector de la ciudad. Concebida como una alegoría del agua y de la fertilidad asociada al paisaje de la sabana, la escultura formaba parte de un programa ornamental que buscaba integrar arte, infraestructura y modernización urbana en la Bogotá de mediados del siglo XX. Sin embargo, la obra ha sido objeto de intervenciones, grafitis y deterioros que han afectado tanto su superficie escultórica como el entorno de la fuente que la acompaña.

A estos casos se suma el ya mencionado Monumento a Banderas, uno de los conjuntos escultóricos más reconocibles del occidente de Bogotá. 

Estos ejemplos muestran que el problema no se limita a un monumento ni a un episodio aislado. Revelan una tensión más amplia entre las formas contemporáneas de intervención política en el espacio público y la capacidad institucional para proteger las esculturas que forman parte de la memoria histórica y estética de la ciudad. Cuando representaciones femeninas del espacio público, desde la heroína republicana hasta las alegorías urbanas de la modernidad, terminan convertidas en superficies recurrentes de intervención, grafiti o deterioro, la discusión ya no puede centrarse únicamente en quién realiza estos actos. La pregunta más incómoda es otra: ¿Por qué las instituciones responsables del patrimonio parecen incapaces de anticipar y prevenir un fenómeno que se repite año tras año en los mismos lugares y bajo circunstancias perfectamente previsibles?

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