En menos de dos semanas, Perú ha sufrido una de las peores crisis políticas en décadas. ¿Qué pasó y por qué es muy probable que se repita la crisis?
Cristhian Jaramillo*
La crisis
Desde que Perú volvió a la democracia en los 2000, no se había visto una crisis política como la actual. En las dos últimas semanas:
- El Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra, lo cual provocó una ola de protestas que las autoridades reprimieron con violencia;
- Dos estudiantes universitarios, Jack Pintado de 22 años e Inti Sotelo de 24 años, fueron asesinados y decenas de manifestantes se reportaron desaparecidos;
- El nuevo presidente Manuel Merino renunció a su cargo, como consecuencia del rechazo ciudadano,
- Durante un día entero, el Congreso no se pudo poner de acuerdo para asignar el cargo de presidente;
- Finalmente, el 16 de noviembre Francisco Sagasti fue designado presidente de la República, el tercero en una semana.
Al igual que otros países de América Latina, y coincidiendo con Tomas Dosek, el Perú es un caldo de cultivo para un estallido social: los altos índices de pobreza, la desigualdad, la informalidad, la pandemia, el abuso de poder y la debilidad institucional han creado un entorno propicio para la crisis.
Pero para entender y explicar el motivo de esta particular inestabilidad política, es necesario detenerse en el sistema de gobierno y el modelo de partidos políticos en Perú. Ambos factores pueden explicar la crisis y prever lo que vendrá.
Los partidos tradicionales estaban en crisis desde los años 90, y sufrieron la estocada final con la victoria del Alberto Fujimori y su discurso antipartidista
Un arma política
Perú posee un sistema de gobierno presidencial, con ciertos elementos de los sistemas parlamentarios, como el voto de censura y el voto de confianza.
Estos elementos buscan balancear el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, de modo que uno no abuse del otro. Una de estas herramientas es la vacancia presidencial por voto del legislativo. Con este instrumento, el Congreso puede acusar y destituir al presidente por:
- traición a la patria;
- impedir las elecciones;
- disolver el Congreso sin haberse cumplido los supuestos previstos en la Constitución;
- impedir el funcionamiento de los organismos electorales, o
- incapacidad moral.
Esta última causal se introdujo en la Constitución de 1839 y, antes de 2016, solo había sido aplicada tras el escándalo de corrupción de Alberto Fujimori y su posterior huida del país en 2000.
Sin embargo, desde 2016, la vacancia por incapacidad moral se ha convertido en protagonista de la política peruana. La libre interpretación de la expresión “incapacidad moral” ha terminado por convertirla en un arma política.
El presidente versus el Congreso
En 2016, Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia, pero su partido solo obtuvo una minoría en un congreso unicameral. En cambio, el partido Fuerza Popular liderado por su contrincante, Keiko Fujimori, acumuló 73 de los 130 escaños.
De esta forma, Kuczynski se enfrentó a una oposición poco conciliadora y soportó un primer intento de vacancia por la causal de incapacidad moral tras ciertas concesiones a grupos políticos, como el indulto de Alberto Fujimori.
Tras la divulgación de audios sobre estas negociaciones, un segundo intento de vacancia forzó a Kuczynski a renunciar y Martín Vizcarra, el primer vicepresidente, asumió el cargo.
Al igual que su predecesor, Vizcarra se enfrentó a la oposición fujimorista, de modo que llegó a cerrar el Parlamento tras la repetida negación de confianza y convocó a elecciones extraordinarias de congresistas.
Pero Vizcarra llegó a la presidencia sin una bancada propia. Su mandato logró cierto apoyo ciudadano, que se basó más en la oposición contra el Congreso que en una simpatía por el presidente. Sin embargo, en las elecciones extraordinarias de congresistas de enero de 2020, Vizcarra no presentó candidatos ni apoyó las listas de ningún partido. Tampoco buscó alianzas con sectores del recién formado Congreso.
Un presidente sin partido ni bancada estaba expuesto a un nuevo conflicto con el legislativo. Al igual que Kuczynski, Vizcarra soportó un primer intento de vacancia por supuestos sobornos cuando este era gobernador regional.
Sin embargo, tras la divulgación de unos chats supuestamente incriminatorios, a Vizcarra se le volvió a acusar de incapacidad moral y se abrió un nuevo procedimiento. En este, Vizcarra se mostró menos conciliador y cuestionó la legitimidad de un proceso abierto por parlamentarios que tenían denuncias pendientes de resolverse.
Sus declaraciones representaron la ruptura absoluta con el Parlamento. Finalmente, con 105 votos de 130, Vizcarra fue destituido y asumió el cargo el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino.
La libre interpretación de la expresión “incapacidad moral” ha terminado por convertirla en un arma política
Un sistema de partidos débil
A este sistema donde un gobierno de minoría no puede obtener suficiente estabilidad política se le suma el sistema de partidos.
Como argumentan Levitsky y Zavaleta, el modelo peruano se soporta en partidos políticos poco institucionalizados, altamente personalistas, y con poco o ningún enraizamiento subnacional.
Los partidos tradicionales se encontraban en crisis desde los años 90, y sufrieron la estocada final con la victoria del outsider Alberto Fujimori y su discurso antipartidista.
El panorama no mejoró con el retorno a la democracia: los partidos perdieron representación y confianza, y fueron sustituidos por movimientos regionales o puramente locales.
La debilidad de los partidos ha afectado de forma significativa la elección de candidatos. Muchos políticos usan al partido como un vehículo para conseguir un cargo, pero no tienen ningún otro vínculo con el partido. Por eso, no existe la disciplina partidaria y los parlamentarios responden más a intereses individuales que a objetivos colectivos.
Un claro ejemplo de ello es la relación entre los líderes de partidos políticos y las universidades privadas, de las que son dueños o principales accionistas. Como respuesta a este problema, se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), que llegó a negar licencias e incluso a cerrar las universidades que no cumplieran con estándares mínimos.
Durante años, varios parlamentarios pidieron eliminar dicha Superintendencia por ir en contravía de sus intereses. En cambio, el gobierno de Vizcarra respaldó la labor de este organismo, lo que a su vez le granjeó más enemistades.
Una vez destituido, y con Manuel Merino a la cabeza del ejecutivo, los mismos legisladores propusieron crear nuevas universidades. Evidencia de los ánimos de (contra)reforma es la carta notarial enviada por la Telesup, una de las instituciones a las que se negó la licencia, a la Superintendencia en donde advirtió que el poder y la protección que le daba el gobierno se había acabado.
Con la reforma universitaria en peligro, otros pequeños avances en reformas políticas y de protección a los ciudadanos también se vieron amenazados.
Como congresista, Manuel Merino había propuesto eliminar la paridad y alternancia entre hombres y mujeres en las listas de candidatos, reforma recién aprobada y aún por ejecutarse. El entonces premier, Antero Flores-Aráoz, había manifestado en varias ocasiones estar en contra de la igualdad de género, por lo que la Política Nacional de Igualdad de Género también quedó en la cuerda floja.
Finalmente, se produjo un estallido social impulsado por la salida de Vizcarra, el nombramiento de Merino por un congreso impopular, la conformación de un gabinete de derecha y la represión y violencia policial. Todo lo anterior llevó a la renuncia de Merino y de toda la Mesa Directiva del Congreso.
La crisis continuará
Tras una primera elección sin consensos, Francisco Sagasti fue elegido presidente de la República. Pero a pesar de la elección de Sagasti y el supuesto consenso en el Congreso, existen muy pocas razones para pensar que la crisis no se repita en el futuro.
El pasado jueves, el Tribunal Constitucional decidió declarar improcedente la demanda que interpuso el poder ejecutivo ante el poder legislativo sobre la vacancia presidencial. En consecuencia, no se especificarán las causas precisas por las cuales un mandatorio incurre en incapacidad moral.
Ante este vacío normativo, es posible que la causal en cuestión se siga empleando como un instrumento político, cuando el partido de gobierno no tiene mayoría en el Parlamento.
Los congresistas que decidieron la vacancia de Vizcarra siguen siendo los mismos y sus intereses personales siguen estando en juego.
