Lejos de ser realidad

El 4 de noviembre de 2022 el presidente Petro sancionó la ley que prorrogó y modificó la Ley 418 de 1997, una ley que permite a los gobiernos negociar con los grupos armados al margen de la ley y establece algunas de las medidas que podrán adoptarse para ello.

Este 15 de febrero se anunció que estaba listo el borrador del proyecto de ley de sometimiento de grupos criminales. Con esto queda claro que el gobierno empezará procesos de diálogo con el ELN y disidentes y rearmados de las antiguas FARC, así como el sometimiento a la justicia de las AGC, las ACSN y otros grupos criminales de naturaleza urbana. No obstante, la Paz Total todavía está lejos de concretarse.

Como hemos dicho en esta revista, el ELN sigue teniendo pocos incentivos para desmovilizarse. Por otra parte, la idea del sometimiento se queda corta para sustituir los órdenes armados que han construido las AGC en varias subregiones.

Además, el gobierno ha hecho una distinción arbitraria y poco realista sobre los grupos que son políticos y los que son criminales, y el proceso de diálogo tanto con el ELN como con los demás grupos armados ha estado plagado de improvisación, contratiempos y errores por parte del gobierno.

A todo eso hay que sumar el hecho de que aún falta una estrategia de seguridad y defensa nacional que sea capaz de disuadir a las organizaciones armadas que no se sumen o que abandonen la paz total.

Bajo esas circunstancias, aunque en teoría hay un “cese al fuego” con varios grupos armados, la violencia sigue e, incluso, ha aumentado en varios territorios como Arauca, Cauca y el Chocó, así como en varias ciudades capitales, como Barranquilla y Cartagena.

Por eso importa pensar en los varios escenarios que pueden resultar de este intento de Paz Total. Si tiene éxito, puede que tengamos un país mucho menos violento. Si fracasa, puede que entremos en un nuevo ciclo de violencia.

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Fragmentación criminal

La historia reciente de Colombia muestra que ninguna organización armada ilegal se ha desarmado y desmovilizado en su totalidad. Al menos, un porcentaje pequeño de sus unidades decide seguir en la ilegalidad por diversos motivos. Esto sucedió con las AUC, cuya desmovilización dio origen a lo que en su momento llamaron “Bacrim”, y con las FARC-EP, cuya desmovilización produjo varias “disidencias”.

Aunque no es estrictamente colombiano, este fenómeno está ligado a las muchas rentas ilegales que estos grupos armados administran en distintos territorios, así como a los mercados internacionales, especialmente el de clorhidrato de cocaína, que siguen activos después de su desmovilización.

En ese sentido, uno de los escenarios a los que nos podemos enfrentar ante la desmovilización de uno o más grupos armados producto de la Paz Total es justamente que aparezcan múltiples grupos armados más pequeños, pero igual de interesados en sostener las rentas ilegales que desarrollaban sus predecesores.

Las AGC, por ejemplo, son uno de los múltiples resultados de esa fragmentación criminal. Se necesita, además de desmovilizar grupos armados, pensar en cómo reemplazar los mercados ilegales que los mantienen activos.

Desideologización pero no despolitización de la violencia

El borrador del proyecto de ley de sometimiento deja claro que para el nuevo gobierno existe un único grupo armado con carácter político en Colombia: el ELN.

Antes hemos criticado que se ignore el discurso político de las AGC, aunque nos parezca más o menos sofisticado. No obstante, esto abre una pregunta más amplia sobre lo que estamos entendiendo por violencia política en la Colombia actual.

Las ACSN, en la Sierra Nevada de Santa Marta, tienen registro de quiénes ingresan a sus zonas, vigilan las comunicaciones en redes sociales de los civiles que allí habitan y, en el periodo electoral, incluso impidieron las elecciones en un puesto de votación. Puede que nos parezca que la violencia que ejercen no tiene ninguna justificación discursiva, pero eso no debe llevarnos a pensar que su violencia es estrictamente criminal.

Este no es un fenómeno exclusivo de Colombia. En México y Brasil, por ejemplo, es cada vez más común que los grupos criminales no solo se dediquen a vigilar sus rentas ilegales, sino que construyan alianzas con otros políticos o les den órdenes a las personas sobre qué está permitido y qué no.

En Colombia, si se llega a desmovilizar el ELN, no debemos esperar que la violencia transite exclusivamente hacia la administración de rentas criminales, sino que se desideologice. Posiblemente los grupos ya no van a estar luchando por la toma del poder y el cambio del sistema político, pero sí seguiran usando la violencia con fines políticos y querrán incidir en la política local y regional.

Es necesario superar la idea de que toda violencia “posAUC” es paramilitar y que toda violencia “posFARC-EP” es guerrillera. Sin embargo, esto no debe confundirse con el lugar común de que cualquiera que no esté en la lógica insurgencia-paramilitarismo es solo criminal.

Gobernanzas armadas o criminales

Una consecuencia directa de lo anterior es que esas formas de violencia política van a empezar a traducirse, cada vez con más frecuencia, en órdenes sociales locales establecidos y gestionados por los grupos armados.

En zonas de guerra, el desorden no predomina. Los grupos armados logran establecer sistemas de comportamientos tolerados y castigos para todos aquellos que los incumplan. A este fenómeno, la literatura académica lo ha llamado “gobernanzas criminales” o “gobernanzas rebeldes”.

Si la Paz Total es exitosa, el Estado va a tener que plantearse seriamente cómo hará para remplazar esas gobernanzas armadas. De alguna forma, los bienes y servicios que estaban y están ofreciendo los grupos armados ilegales tienen que pasar ahora a ser provistos por el Estado colombiano. De no ser así, la posibilidad de que nuevos grupos armados decidan llenar ese vacío es real.

Si la Paz Total no es exitosa, entonces cualquier política de seguridad debe considerar seriamente estos órdenes locales como parte del sistema criminal a desmontar. Salir de la narrativa de la violencia como resultado del narcotráfico o la minería ilegal es un paso necesario para confrontar exitosamente a los grupos armados.

Una violencia más selectiva

La Paz Total está comprometida con la desmovilización de grupos armados con cierto nivel de capacidad militar. Esto quiere decir que, si es exitosa, podemos esperar que parte de la violencia de mayor intensidad —combates, hostigamientos, emboscadas, etc.— disminuyan en el corto plazo.

Eso sucedió con la desmovilización de las FARC-EP, por ejemplo. Sin embargo, en Colombia está en plena expansión otro tipo de violencia armada: la que es selectiva y discriminada.

Los grupos armados pueden elegir ser menos violentos para no atraer atención mediática o la atención del Estado. Sin embargo, esto no quiere decir que la violencia desaparece sino que se hace invisible.

Para disminuir los homicidios, los grupos armados pueden elegir víctimas cuya muerte pueda servir como mensaje. Por ejemplo: cuando asesinan a un líder social, los grupos armados pueden notificarle a la comunidad que, de otra forma, habría supuesto varios homicidios de civiles.

En un escenario posterior a la desmovilización, es necesario prestar mucha atención a esa violencia selectiva que, aunque no produce los mismos números de víctimas, sí permite a los grupos armados robustecerse ante la inacción estatal. Hay que cambiar nuestros marcos de lectura de la violencia para poder identificar pronto todos los escenarios dónde ella pueda renovarse.

Urbanización de la violencia

Uno de los puntos más débiles de la Paz Total es su tratamiento de la guerra en las ciudades. Dado que la violencia ha afectado con más intensidad a las zonas rurales, se ha descuidado el debate sobre la violencia que se vive en las zonas urbanas.

En Barranquilla, durante los últimos diez años han desmembrado a cerca de 40 personas. En Santa Marta, un buen porcentaje del comercio legal está extorsionado. En Bogotá, más de 20 personas fueron asesinadas y encostaladas recientemente. Todas estas son manifestaciones de una violencia que no puede ser leída, como hasta ahora, bajo la narrativa de simples “ajustes de cuentas” o “guerras entre bandidos”. La gente en las ciudades vive en zozobra y esto no puede ser descuidado.

Si se desmovilizan organizaciones como las AGC, muchos de los grupos criminales locales van a permanecer activos. Es cierto que no tienen la capacidad violenta de los primeros, pero eso no quiere decir que no merezcan ser considerados con seriedad. La reducción de la violencia en las zonas rurales no implica necesariamente que esta tendencia en las zonas urbanas se va a detener. La extorsión puede ser suficiente para sostener a varios de estos grupos, por ejemplo.

Este gobierno debe tener claro cómo piensa manejar las múltiples guerras que hoy azotan a las ciudades colombianas. De momento, la Paz Total no parece ser una respuesta adecuada.

Fin de las narrativas y discursos nacionales

Cada uno de estos cambios apunta a pensar que en el mediano plazo estaremos ante el fin de los discursos de guerra nacionales. Es decir: cada vez hay menos posibilidades de hablar de “la guerra en Colombia” como un todo unificado. Cada vez más, nos damos cuenta de que hace falta ir hasta las unidades subnacionales y hablar de cada una de ellas por separado para entender la violencia.

Los académicos, los medios de comunicación y la sociedad civil debemos actualizar nuestros marcos analíticos para proponer discusiones más sólidas. Esta es una oportunidad de oro para no darle prioridad a las lecturas nacionales que suelen simplificar las guerras en los diferentes territorios a una macrotendencia que a veces no existe o apenas explica una porción de la violencia.

Es hora de dar paso a lecturas localizadas. Esto permitirá conversaciones que fueron silenciadas durante muchos años. En Colombia hay que dejar de pensar en acabar la guerra y empezar a pensar en cómo acabar todas las guerras.

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