En qué consiste la paz total, cuánto avanzó el gobierno durante este año y cuáles son las preguntas que siguen en el aire.
Kyle Johnson*
Una promesa
El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder con la propuesta de la paz total. Aunque no la ha definido claramente, incluye dos elementos generales:
- los diálogos regionales vinculantes, o ejercicios participativos en diferentes regiones para definir insumos para el Plan de Desarrollo Nacional;
- las negociaciones con los principales grupos armados del país y con los grupos criminales de “alto impacto».
En este texto haré un balance de este segundo aspecto durante los primeros cuatro meses del gobierno Petro.
Por qué negociar con todos
La paz total, sin duda, es ambiciosa; pero puede ser la única forma de alcanzar la paz en Colombia.
El ELN, las disidencias de las FARC —vinculadas a alias Iván Lozada— y mandos medios de la Segunda Marquetalia han expresado, tanto en privado como en público, su resistencia a firmar cualquier acuerdo con el gobierno si existen otros grupos armados que puedan ocupar los territorios donde ahora operan. Esto amenazaría su seguridad y la de las comunidades que dicen representar.
Firmar con un solo grupo armado, entonces, parece inviable.
En palabras de un excomandante de bloque de las AGC, “¿qué comandante que gana unos 200 millones de pesos al mes va a querer dejar las armas para vivir de unas migas como 2 millones?”. O, según un líder social del Cauca, “¿quién va a querer dejar un negocio [con el] que le entran millones de dólares al mes para firmar la paz?” En las palabras de otro líder del suroccidente, “va a haber disidencias de las disidencias”.
En este sentido, el Gobierno ha optado por el camino correcto (en general). Sin embargo, su comienzo ha sido accidentado. Lo bueno es que varios de estos desafíos que se pueden superar para avanzar en esta agenda.
Los logros hasta ahora
Son tres los logros principales de la paz total, aunque cada uno tiene sus “peros”:
- Se reanudan las negociaciones con el ELN.
Este proceso se había roto cuando el gobierno Duque decidió no retomar los diálogos y se produjo además el atentado del ELN contra la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá, que mató a más de 20 cadetes.
Las partes en este proceso acaban de anunciar un acuerdo general sobre algunos alivios humanitarios para la población carcelaria y para los municipios de San Juan (Chocó) y Calima (Valle del Cauca). Pero el Frente de Guerra Occidental anunció un paro armado y afirmó que las condiciones no están para los alivios humanitarios en la zona, lo cual ha representado un primer choque de realidad para el aterrizaje de esta negociación.
- Marco jurídico.
La Ley 2272 prorrogó y reformó la Ley 418 (de orden público), el 4 de noviembre de 2022, lo cual aporta un marco jurídico para las negociaciones. Era un paso necesario para la paz total pero, realmente, no ofrece muchas novedades frente a la versión anterior.
Esta ley pasó en medio de controversias: algunos ponentes pedían —por ejemplo— que las disidencias de las FARC pasaran por un proceso de sometimiento, como criminales. Esto iba en contra de los esfuerzos privados del gobierno, y las disidencias lo rechazaron, agregando que, si se les ofrece un sometimiento jurídico, no harían parte de ninguna negociación.
Lo bueno de esta ley es que da cierto margen de maniobra al gobierno para definir el tipo de proceso de negociación con lo que hoy en día se llama el “Estado Mayor Central”, liderado por alias Iván Mordisco. Sin embargo, se incluyó un artículo que podría excluir a la Segunda Marquetalia de cualquier proceso de negociación. Pese a ello, ha habido contactos entre el gobierno y este grupo, tanto en el liderazgo como en diferentes regiones como Nariño y Putumayo.
Sin tener claro el universo de organizaciones armadas con las cuales se puede negociar, los esfuerzos para diseñar estrategias, aprovechar información de inteligencia —algo clave para que avance cualquier negociación de paz— y conformar equipos quedarán estancados y podrían dificultar las negociaciones que sí se den.
Finalmente, hay una tregua en la cabecera de Buenaventura entre los Shottas y los Espartanos, lo cual ha disminuido drásticamente la cifra de homicidios en la ciudad. Los conflictos armados en la zona rural —desafortunadamente— siguen, al igual que la violencia en las comunidades. Hay denuncias de que, en vez de asesinatos, se están cometiendo desapariciones forzadas.
Quedan problemas
Todavía existen varios problemas para la paz total que obstaculizan su progreso y tendrán que resolverse en el 2023.
- Sigue habiendo graves consecuencias humanitarias a raíz de los conflictos armados: masacres, desplazamiento forzado, confinamiento y asesinato de líderes sociales; así lo han mostrado Indepaz, la Fundación Ideas para la Paz y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).
La violencia en lugares como Nariño, Putumayo, Arauca, Cauca y Chocó indica que será un reto mayor que la paz total se traduzca en menos violencia; que las negociaciones puedan avanzar al ritmo esperado; y que el poder de posibles saboteadores se mitigue.
2. Falta una política de seguridad. No hay ningún “garrote” para presionar a los grupos armados y criminales para que negocien de verdad.
Como hemos dicho incontables analistas en numerosos espacios, no existe una política de seguridad, mucho menos una vinculada a la paz total. El gobierno dice que la viene trabajando, pero mientras no se concrete, se mantendrá el desbalance entre garrote y zanahoria.
3. No hay suficientes personas trabajando en la negociación. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) simplemente no tiene personal suficiente para avanzar al ritmo que demandan las mesas, las comunidades, los grupos armados y la realidad política del país. Ya el Estado Mayor Central se quejó de que la OACP cancelara dos reuniones, por ejemplo, y en conversaciones privadas con ellos, está claro que sienten que los respetan poco por ese motivo.
Y es sencillo: si una negociación con el ELN requiere de un equipo negociador grande, y la de las FARC necesitó de un recurso humano importante, ¿cómo serían varias negociaciones simultáneas con varios grupos armados? Para agilizar estos procesos, hay que tener más personas lideradas por el alto comisionado.
4. Decisiones de fondo. Quedan temas delicados ante de dar comienzo a las negociaciones.
Por ejemplo, para muchas personas, las disidencias de las FARC son puros criminales. Durante los debates de la reforma a la Ley 418, el senador Ariel Ávila dijo que, para ellas, habrá sometimiento judicial y no negociación política. Pero las disidencias del Estado Mayor Central han dicho que, sin una negociación política, no se sentarán en la mesa. Aunque el Gobierno no ha opinado, tendrá que encontrar una solución a este dilema. Una categorización de los grupos armados y criminales se hace urgente.
Otro asunto donde el gobierno necesita definir algún criterio claro es con quién se va a negociar y con quién no. Así lo hemos dicho en la Fundación CORE, junto con otros en la sociedad civil, como Human Rights Watch. Sin tener claro el universo de organizaciones armadas con las cuales se puede negociar, los esfuerzos para diseñar estrategias, aprovechar información de inteligencia —algo clave para que avance cualquier negociación de paz— y conformar equipos quedarán estancados y podrían dificultar las negociaciones que sí se den.
5. La economía que incentiva la violencia. Finalmente, se necesitan políticas claras y definidas prontamente para luchar contra las economías ilegales —incluyendo al narcotráfico, pero yendo más allá de él—.
Esto es primordial: mientras existan estas economías, habrá una demanda para que alguien los regule y controle el territorio para que puedan funcionar plenamente. Aunque las motivaciones de los actores armados oscilan entre lo político, lo ideológico, lo económico y lo emocional, las rentas tan grandes que dejan las economías ilegales desincentivan a los grupos armados y criminales para que negocien de verdad.
En palabras de un excomandante de bloque de las AGC, “¿qué comandante que gana unos 200 millones de pesos al mes va a querer dejar las armas para vivir de unas migas como 2 millones?”. O, según un líder social del Cauca, “¿quién va a querer dejar un negocio [con el] que le entran millones de dólares al mes para firmar la paz?” En las palabras de otro líder del suroccidente, “va a haber disidencias de las disidencias”.
Existen otros varios problemas, que son más detallados y de menor tamaño; pero también se deberían superar el próximo año. Quedan por fuera de este balance general.
La paz total es ambiciosa. Para lograrla, de todas formas, hay que seguir construyendo sobre los logros alcanzados, corregir errores y superar los problemas más grandes.
Si 2022 fue el año de cambio en el gobierno, el 2023 tendría que ser el de los cambios estratégicos para asegurar que una de las apuestas principales del gobierno y de las comunidades sea un éxito.
