La Paz Total está en peligro | Razón Pública 2023
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La Paz Total está en peligro

Escrito por Jean Carlo Mejía

La Ley de Paz Total tiene varias demandas de inconstitucionalidad. Qué dicen estas demandas, cuáles alternativas podría usar el gobierno y porqué se está enredando más y más.

Jean Carlo Mejía Azuero*

Sigue el conflicto armado 

Colombia está a punto de cumplir 60 años de conflicto armado.

Todavía estamos padeciendo las consecuencias de faltar a la verdad con dos frases que han marcado la historia reciente del país: “El conflicto armado no existe” y “El conflicto armado acabó con la desmovilización de las Farc-EP para dar comienzo al posconflicto”

Hoy hay más de 18 expresiones de multi criminalidad en Colombia, y los indicadores de violencia están disparados. Según Indepaz, hasta el 3 de julio de 2023 se habían cometido 52 masacres con 170 víctimas. Además, 89 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados, el último de ellos el 6 de julio en el Valle del Cauca donde hubo 20 desmovilizados.

Por otro lado, los secuestros, las extorsiones, el reclutamiento forzado de menores —que desconoce el derecho internacional humanitario— y el uso de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados aumentan día a día.

Hoy hay más de 18 expresiones de multi criminalidad en Colombia, y los indicadores de violencia están disparados.

En un artículo anterior, mostré esta realidad a través de los informes del CICR y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia. Lo cierto es que el conflicto armado deja hoy más de nueve millones y medio de víctimas y muy poca verdad, justicia, reparación y sobre todo garantías de no repetición.

Foto: Facebook: JEP - La primera demanda a la ley de paz total se relaciona con la posible afectación del derecho de verdad, justicia y reparación que tienen las víctimas, al dar beneficios penales a reincidentes.

El valor de la ley de orden público

En medio del proceso de negociación con las Farc-EP, el primer fiscal de la Corte Penal Internacional nos enseñaba a un grupo de asesores sobre la importancia de la Ley de Justicia y Paz en el escenario mundial. Nos decía que los colombianos la criticamos injustamente: ¿cómo no iba a ser un triunfo para la paz sacar a más de 32.000 personas de la guerra?

Esa desmovilización se hizo sobre la base de la misma Ley de Orden Público —Ley 418 de 1997— que fue ajustada a la narrativa gubernamental y que se encuentra seis veces demandada, a la espera de que se defina su suerte el 25 de agosto.

Más allá de la ley de Paz Total

Después de estas demandas contra la Ley de Orden Público, surgen muchas preguntas sobre la política de Paz Total, sobre lo que sucederá con los diálogos con los grupos criminales y las negociaciones con el ELN en caso de que la Ley 2272 sea declarada inconstitucional.

Lo primero que hay que decir es que la Paz Total no es una concepción gubernamental nueva y su meta principal no ha dejado de tener una visión de Estado. Hoy existe una norma en el Acto Legislativo 01 de 2017 que autoriza al presidente para propiciar espacios de diálogo con grupos criminales, en virtud del preámbulo de la Constitución y los artículos 1, 2, 4 y 189.

Inclusive se cuenta con la Ley 1908 de 2018, reformas al código penal con enfoque de justicia restaurativa y reparadora. Lo que le ha hecho más mal al gobierno es el desorden para establecer metodologías y crear confianza con los grupos ilegales.

Por otra parte, no obstante, las demandas que tiene la Ley 2294 de 2023, que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, en mi concepto recoge indebidamente definiciones de la Ley 2272 —paz total y seguridad humana—, ignorando el marco robusto existente desde hace 26 años con la Ley de Orden Público.

La misma Corte Constitucional ha brindado herramientas para negociar con grupos armados ilegales desde la sentencia C-225 de 1995 sobre la constitucionalidad del Protocolo Adicional II de los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Poco importa en este escenario la motivación política del grupo.

La debilidad del Ministerio de Defensa en su estrategia de seguridad es el principal problema del gobierno. Los resultados de las encuestas demuestran no solo la poca popularidad del mandatario y su ministro de Defensa, sino lo que piensa el pueblo en relación con la seguridad pública y la convivencia ciudadana.

En tercer lugar, el gobierno en la anterior legislatura no pudo sacar adelante la Ley de sometimiento aún con la vigencia de la Ley de Orden Público y el concepto favorable del Consejo Superior de Política Criminal, teniendo en cuenta la Ley 65 de 1993, su modificación con la Ley 1709 de 2014, el Decreto 2055 del mismo año y claramente  la sentencia T-762 de 2015, así como la Directiva Presidencial 04 del 17 de mayo de 2016. Estos precedentes serán tenidos en cuenta por la Corte Constitucional.

En otras palabras, el gobierno tiene que pasar por el Consejo de Política Criminal los proyectos de ley sobre el tema carcelario y penitenciario —en especial sobre los reclusos y la existencia de una política criminal respetuosa de los Derechos Humanos— antes de ser llevado al Congreso, este tema será también clave a partir de las discusiones de la siguiente semana.

Ahora bien, más allá de los eventuales vicios de trámite, la primera demanda contra la Ley 2272 plantea un debate político y jurídico que la Corte Constitucional tiene que resolver bajo el entendimiento de toda evolución en materia de paz desde la Constitución de 1991.

Esta demanda gira alrededor de la posible afectación de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación al darle beneficios penales y eventualmente políticos a los reincidentes según lo previsto en la misma carta política en su Artículo 66 transitorio, así como la incorporación de los Artículos 12 y 18, coadyuvado por otras demandas.

A mi modo de ver, el centro real y no solo formal de todo proceso de justicia para la transición es el de ponderar los derechos de las víctimas con las garantías de los victimarios para no darles prioridad a los segundos, más aún cuando reinciden. Esto es lo que se ha llamado la aplicación de una tesis del hijo pródigo reforzada.

Por último, es claro que la Corte Constitucional puede declarar inconstitucional la totalidad de la Ley 2272 por vicios de forma, pero también puede matizar sus efectos. El precedente en las decisiones de la Corte es muy claro.

Se podría sostener que si se declara la inexequibilidad de la Ley de Orden Público se produciría un caos total en los temas de paz. Esto no es así, pero se está construyendo esa argumentación desde la perspectiva del litigio político o estratégico, más ahora con la recusación al magistrado ponente, un jurista experto como pocos en Colombia en justicia de transición.

El problema de gobierno

Las demandas contra la Ley de Orden Público, ahora denominada por el actual gobierno de Paz Total, han despertado un inusitado interés por el contexto actual de la situación de política del país y por las legítimas expectativas de todo el pueblo colombiano en superar el prolongado conflicto armado, el cogobierno y la captura del estado ejercido por múltiples organizaciones criminales.

el centro real y no solo formal de todo proceso de justicia para la transición es el de ponderar los derechos de las víctimas con las garantías de los victimarios para no darles prioridad a los segundos, más aún cuando reinciden.

La realidad es que el gobierno cuenta con herramientas en caso de una eventual inconstitucionalidad de la norma, más allá de eventuales vicios de forma y la afectación real de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Más allá también del trámite prioritario de la Corte Constitucional por urgencia nacional.

Pero el problema real del actual gobierno no es de leyes, debates en el Congreso y en las Cortes. El problema es la desconfianza por su desorden, improvisación y la pérdida continua de legitimidad y gobernabilidad. Debemos confiar en que la Corte Constitucional tomará la mejor decisión, preservando los derechos de las víctimas y los pilares del Estado social de derecho. Esperamos que el gobierno acepte cualquiera que sea la decisión.

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