La paz en disputa: lo que está en juego en 2026
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Las próximas elecciones decidirán si Colombia mantiene, reforma o desmonta el modelo de justicia transicional nacido del Acuerdo de Paz de 2016.
La paz: entre el derecho y la disputa política
La paz trasciende a los gobiernos y las ideologías. Es un derecho fundamental y debería ser una verdadera política de Estado. Sin embargo, en medio de la campaña presidencial y del deterioro de la seguridad en varias regiones del país, el futuro del Acuerdo de Paz de 2016 y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió al centro de la confrontación política.
En las veredas, los corregimientos, los barrios y las ciudades, la paz sigue siendo una exigencia colectiva y una reivindicación de las víctimas, de las comunidades y de múltiples sectores sociales. Por eso, la estabilidad de los mecanismos de justicia transicional y restaurativa no es apenas un debate jurídico: puede definir el futuro de la democracia y de los derechos humanos en Colombia.
En este contexto resulta pertinente contrastar las posiciones de las principales candidaturas presidenciales sobre el Acuerdo de Paz, la JEP y las negociaciones con grupos armados.
Las candidaturas: entre la continuidad y el desmontaje
El mapa político de las candidaturas revela una fractura profunda sobre la manera de entender la transición.
Por un lado, Iván Cepeda y Sergio Fajardo defienden la continuidad del sistema nacido del Acuerdo de 2016. Cepeda propone blindar la JEP y asegurar su pleno funcionamiento, mientras Fajardo introduce un matiz más técnico: preservar el modelo, pero con reformas orientadas a mejorar su eficacia.
Claudia López ocupa una posición intermedia. Respalda la continuidad de los acuerdos y de la justicia transicional, aunque insiste en ajustes institucionales y en negociaciones más estrictas y verificables.
En contraste, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella cuestionan de fondo el modelo actual. Valencia propone una reforma profunda de la JEP para corregir lo que considera una “asimetría de beneficios”, mientras De la Espriella plantea eliminar completamente esa jurisdicción y replantear el Acuerdo de 2016.
En esta visión, la paz no surge de negociaciones políticas ni de mecanismos restaurativos, sino de la capacidad coercitiva del Estado y de una estrategia centrada en la confrontación y el castigo.
Dos visiones opuestas de la transición
Las propuestas permiten identificar dos grandes bloques.
El primero —integrado por Cepeda, Fajardo y parcialmente López— reconoce el carácter político de algunos conflictos armados y acepta la necesidad de una arquitectura de justicia transicional. Los tres coinciden en que la JEP debe preservarse porque ofrece seguridad jurídica a excombatientes y garantiza derechos a las víctimas.
Sin embargo, existen diferencias importantes dentro de este grupo. Cepeda defiende el modelo actual casi sin modificaciones, mientras Fajardo y López insisten en reformas orientadas a mejorar resultados y reducir la percepción de impunidad. Para ellos, la paz es un proceso sujeto a evaluación y ajustes institucionales permanentes.
En el otro extremo, Valencia y De la Espriella privilegian una lógica de justicia retributiva y fortalecimiento coercitivo del Estado. Ambos rechazan las negociaciones políticas con grupos armados y desplazan el énfasis hacia la respuesta militar.
La diferencia entre ellos radica en la profundidad del cambio. Valencia plantea reformar radicalmente la JEP; De la Espriella propone desmontarla por completo. En ambos casos, el debate deja de centrarse en la consolidación de la transición y pasa a cuestionar la legitimidad misma del pacto firmado en 2016.
La paz como política de Estado
La paz no puede depender de los cambios de gobierno ni de las coyunturas electorales. El cumplimiento del Acuerdo de Paz y el fortalecimiento de la justicia transicional deberían asumirse como obligaciones permanentes del Estado colombiano.
Eso implica proteger la autonomía de la JEP y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición. También exige impedir que la justicia transicional termine convertida en moneda de cambio electoral.
La centralidad de las víctimas no puede seguir siendo una consigna retórica. Debe traducirse en políticas concretas y sostenidas que permitan cerrar la deuda histórica con millones de personas afectadas por décadas de violencia.
Al final, la discusión de 2026 no gira solo alrededor de candidatos o partidos. Lo que está en juego es si Colombia mantiene una salida institucional al conflicto o regresa a una visión donde la violencia y la confrontación vuelven a ocupar el centro de la política.
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Acerca del autor
Helber Noguera
* Docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Santo Tomás en materia de justicia transicional y agraria.
1 comentarios
Escrito por:
Helber Noguera
* Docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Santo Tomás en materia de justicia transicional y agraria.
Salir de «nuestra» guerra implica legalizar el comercio de la coca y del oro, pero los (países) consumidores no están interesados. Luego no habrá paz, solo control con todas las herramientas posibles. El desarrollo económico y social ofrece los mejores resultados, pero tardará mucho en obtenerlos.