La implementación del Acuerdo de Paz es fundamental para garantizar la democracia en Colombia y avanzar en los asuntos más urgentes del país
Kristina Birke Daniels*
El silencio en los debates
En los debates sobre las próximas elecciones presidenciales la paz parece estar fuera de las prioridades. Se evita, en general, discutir la implementación del Acuerdo entre el Estado y las FARC. Esto me parece un error. Muchos de los grandes temas del presente y el futuro se vinculan con la violencia organizada que subsiste en el país, y la implementación del Acuerdo es una importante forma de abordar la paz.
Millones de personas quieren empleos dignos, servicios públicos eficientes y universales, y lucha contra la corrupción. También esperan del futuro gobierno políticas contra la pobreza y la desigualdad basadas en una reforma fiscal con justicia social, y seguridad para hacer política. Las minorías quieren reconocimiento de sus derechos, los campesinos esperan la modernización del sector rural de forma sostenible, y los que se ven sometidos por grupos criminales esperan que el Estado se haga presente en los territorios con justicia, infraestructuras y seguridad.
El acuerdo de La Habana nunca fue concebido como una solución a todos estos problemas. Pero es la puerta de entrada a la paz con la guerrilla que desafiaba más fuertemente al Estado, para tratar las otras cuestiones.
El pasado 10 de marzo invitamos a un grupo de personas de diversos sectores para conversar sobre el Acuerdo de 2016 y las elecciones de 2022, en la sede en Bogotá de la Fundación Friedrich Ebert. Allí discutimos sobre los beneficios que ha tenido hasta ahora el Acuerdo, y cuáles podría tener su plena implementación para la sociedad colombiana.
El país ha cambiado
Una primera respuesta fue que el Acuerdo de Paz ha cambiado a Colombia, pese a los obstáculos y a la negativa del gobierno de Iván Duque a implementarlo, restringiéndolo a que sea solo un mecanismo para la desaparición de las FARC. El país ya es otro: se ha visto en las reivindicaciones de la protesta social entre 2019 y 2021, y en el triunfo de nuevas fuerzas políticas durante las elecciones regionales de 2019 y las recientes. Además, por primera vez en la historia colombiana un candidato de izquierda es el favorito en la carrera presidencial. Todo esto sería impensable sin el Acuerdo de Paz.
Los avances son muchos. Se han consolidado redes comunitarias entre organizaciones que antes estaban desconectadas por la violencia. El Acuerdo profundizó y amplió la participación ciudadana, con nuevos y más fuertes liderazgos territoriales, muchos de ellos de mujeres.
Todo esto pese a las campañas de intimidación y los asesinatos de líderes y lideresas sociales y desmovilizados de las FARC, y a la estigmatización y discursos de odio que el gobierno y sectores de la derecha han hecho contra diversos grupos, desde indígenas y afrocolombianos hasta el colectivo LGBTIQ+. La paridad de género pactada se puso en marcha sin garantías y las mujeres corren altos riesgos. El Estado no garantiza la seguridad para la participación política.
Pero hay mayor participación y debate gracias a las Circunscripciones de Paz. La aprobación del Estatuto de Oposición ha permitido establecer garantías de pluralismo en la política (aunque falta seguridad para su implementación). Los enfoques de género y étnico permiten ver el impacto diferencial del conflicto, y abren perspectivas inclusivas de participación. La presencia de Comunes (ex FARC), también combatida por la derecha, muestra que un grupo armado puede abandonar la violencia y operar en el marco legal.
La importancia de la reforma rural
Los participantes coincidieron en que la reforma rural integral planteada en el Acuerdo es fundamental. Los conflictos violentos en el país empezaron por las injusticias en el campo. El gobierno Duque no ha cumplido, excepto la puesta en marcha, lenta y controvertida, del catastro.
La reforma rural no solo beneficia al campesinado, sino que contribuye al desarrollo del conjunto del país y a la inclusión de sectores, hasta ahora marginados, en el sistema democrático.
Además, permitiría enfrentar el aumento del costo de los alimentos y el riesgo de inseguridad alimentaria. Por su parte, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) muestran que es posible una mejor gestión de los territorios, y encontrar coincidencias entre campesinos y comunidades étnicas.
La cuestión rural está vinculada a los cultivos ilícitos y a las economías ilegales. Los PDET se deben conectar con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y con las políticas contra el crimen organizado. Así se combatiría con estrategias integrales la inseguridad económica y la violencia en los territorios.
Un ejemplo de justicia y paz
Pese a los reiterados ataques de sectores de la derecha, el sistema de justicia que se pactó en La Habana es exitoso. Tanto miembros de las FARC como de la fuerza pública se han sometido a la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Todos los acuerdos de paz tienen un grado mayor o menor de impunidad. El Acuerdo de 2016 combina paz con justicia. No hay otra experiencia de paz en el mundo en la que dos partes que han cometido crímenes negocien sin intercambiar impunidades, sino sometiendo sus crímenes a un tercero: el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No repetición, con rendición de cuentas y responsabilidades. Junto con la JEP se crearon la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). El mecanismo garantiza justicia y dignidad para las víctimas. Los resultados superan lo logrado por la justicia ordinaria.
Lo que falta por hacer
Los candidatos a la presidencia deberían pronunciarse sobre la seguridad de líderes sociales y excombatientes, y garantizar la defensa de las nuevas formas de participación política y la protesta social pacífica. Además, gane quien gane, debe haber garantías para la oposición.
El próximo gobierno debe fortalecer el acceso a la tierra. Es necesario cumplir los compromisos adquiridos con lo pactado con las comunidades campesinas para proseguir con la sustitución de cultivos. El PNIS es costoso, pero si el Estado combate la corrupción y la evasión conseguirá muchos fondos.
La JEP necesita un “círculo de seguridad”, especialmente, en torno a los fallos que se aproximan. También hay que proteger a la Comisión de la Verdad a medida que se acerca la publicación de su informe.
El futuro gobierno debe abandonar el doble discurso del actual gobierno Duque, que se presenta internacionalmente en favor del Acuerdo, pero bloqueándolo internamente. El apoyo diplomático y financiero debe corresponderse con la implementación real de lo pactado en La Habana.
La elección de un gobierno favorable a la implementación redundará en el fortalecimiento de la democracia en Colombia. La paz es una condición y un resultado de abordar los grandes desafíos que tiene el país.
