Las recientes liberaciones de secuestrados opacaron dos hechos trascendentales: la coordinación de todas las fuerzas estatales en un Consejo Nacional de Seguridad que conduciría a la creación de un moderno Sistema de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal. ¿Pasos hacia una paz tan anhelada como esquiva?
María Victoria Duque López *
La buena noticia
Por razones que aún se desconocen, se aplazó la liberación del mayor Guillermo Solórzano y del cabo Salín Sanmiguel. No obstante, esta semana fueron liberados por las FARC, los concejales Marcos Baquero (Guaviare), Armando Acuña (Florencia, Caquetá) y el infante de Marina Henry López Martínez, además del patrullero Carlos Alberto Ocampo, quien fue secuestrado en diciembre de 2010 y no estaba en la lista inicial de liberados.
Las liberaciones se han dado gracias a la vehemencia de la ex senadora Piedad Córdoba, al aporte irrestricto del gobierno de Brasil, al apoyo de Comité Internacional de la Cruz Roja y a la voluntad política del actual gobierno, pues para llevar a cabo la agenda de liberaciones fueron suspendidas las acciones militares en varias zonas del país. Las FARC, a mi juicio, simplemente están dando muestras de que aún tienen algo de cordura, y esto no es poca cosa.
En medio de la buena noticia para los familiares de los secuestrados liberados y para el país y de las contradicciones propias del conflicto[1], el lunes 7 de febrero se dio otra noticia que, pese a no haber sido recogida tan ampliamente por los medios de comunicación, es de la mayor relevancia para Colombia.
Otra buena noticia: El Consejo Nacional de Seguridad
Se constituyó el Consejo Nacional de Seguridad para abordar temas relacionados con la seguridad del país desde una perspectiva integradora del Estado. Es por ello que del mismo hacen parte representantes del sector de la Justicia, Altos Consejeros del Estado, Representantes de la Comunidad Internacional y Ministros del gabinete cuya cartera esté relacionada con el tema[2], incluyendo a la Cancillería -para el mejor manejo de la imagen internacional- y al Ministro de Hacienda, pues es claro que estas políticas demandarán recursos adicionales.
Según lo expresado por el primer mandatario, el Consejo no es un ente operativo ni táctico, fijará directrices de política y se ocupará sólo de analizar los temas de gran relevancia. Su diseño, operación y la puesta en marcha de las políticas, están siendo asesorados por la comunidad internacional.
Un moderno Sistema de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal
Luego de la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad, podemos pensar que el país está dando un paso adelante con respecto a la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe, caracterizada por una permanente pugna con el Sistema Judicial, hacia una nueva y pertinente forma de estructurar el Sistema de Seguridad Ciudadana y de Justicia Penal (SSCJP).
En efecto, en los países modernos el SSCJP ha integrado además de la Policía, al aparato judicial y a las cárceles e instancias correccionales, a los mecanismos alternativos para la prevención, el tratamiento y atención a las víctimas, así como al Ministerio Público y a la Judicatura[3].
Si esta nueva instancia de coordinación opera eficazmente, el cambio supondría que el tema de la seguridad ciudadana se convierte en un sistema ampliado. Sería abordado por el Estado que abarca las ramas legislativa, ejecutiva y judicial del poder público, además de los gobiernos locales, la sociedad civil (los ciudadanos, ONG, medios de comunicación, entre otros) y la comunidad internacional[4].
Entonces, el mayor desafío que tiene el Consejo es dictar políticas públicas encaminadas a fortalecer el SSCJP para reducir, entre otros, los altos índices de congestión y sobrecarga, de impunidad y de reincidencia delictiva, lo que sólo se logrará con un tratamiento integral sujeto a la coordinación y al cumplimiento eficaz de las funciones de cada eslabón de la cadena[5].
El Presidente hizo anuncios en este mismo sentido: “… hemos tomado una serie de decisiones que tiene que ver sobre todo con la coordinación de todo el Estado, con el trabajo de Fiscalía, el trabajo de los Jueces, la necesidad de hacer una labor mucho más efectiva de coordinación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía, los Jueces y todo el Estado colombiano…”[6]
BACRIM = crimen organizado
El primer desafío asumido por esta nueva y necesaria instancia ha sido abordar de manera integral el problema relacionado con las llamadas Bandas Criminales o BACRIM, tomando como base un documento preparado para el gobierno, que da cuenta del fenómeno cambiante y dinámico de esta forma de crimen organizado, en las diferentes regiones del país.
El Presidente expresó con claridad y contundencia que en el seno del Consejo Nacional de Seguridad ya se ha tomado una serie de decisiones orientadas a que todos los entes del Estado actúen de manera efectiva y coordinada para hacerles frente, teniendo en cuenta, y esto es de la mayor importancia, que el gobierno considera a las BACRIM como parte del crimen organizado y no como grupos armados ilegales. En consecuencia la estrategia de confrontación guardará relación con su naturaleza.
Según las cifras dadas por el primer mandatario, es evidente la urgencia de una estrategia de coordinación para enfrentar este fenómeno, pues solamente el 12 por ciento de los capturados son condenados y la mayoría de condenas son exclusivamente por porte ilegal de armas, delito que además, es excarcelable.
Y es que los resultados ya empiezan a verse, ayer fueron extraditados a Estados Unidos siete miembros de estas organizaciones, por su presunta participación en narcotráfico y lavado de activos.
Además, de acuerdo con la información de prensa, se incautaron 354 kilos de base de coca perteneciente a estos grupos, en la Costa Atlántica. Al mismo tiempo, el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, reiteraba que el "sometimiento a las normas del procedimiento penal no significa ningún tipo de negociación…".
El gobierno estadounidense, por su parte, anunció esta semana la creación de una unidad especial dedicada al desmantelamiento de bandas criminales de los carteles de la droga en Colombia. "El gobierno de Estados Unidos no descansará hasta erradicar a las BACRIM y destruir su capacidad de ejercer su comercio, como se hizo con los carteles de la droga".
Mensajes de paz, entre líneas
Por ser parte del crimen organizado, las BACRIM no son sujetos de una eventual negociación. Esta afirmación sistemática en el gobierno Santos, tiene, al menos, una implicación determinante para avanzar hacia un posible acuerdo de paz con las FARC y el ELN, pero todo depende del camino que escojan estos grupos armados ilegales.
En este contexto, se ratifica que, al menos las FARC, se encuentran en un momento crucial para definir cómo quieren figurar ante la historia del país. En su condición de grupo armado ilegal, sujeto a un casi remoto pero no imposible proceso de paz, podrían aprovechar este escenario para romper definitivamente las alianzas tejidas con las BACRIM en torno al narcotráfico.
Lo que las FARC han buscado insistentemente durante los últimos años, le está siendo concedido: el gobierno Santos ha permitido la diferenciación política entre las guerrillas y los reductos del paramilitarismo o bandas criminales. Cómo se escriba la historia en adelante, dependerá de las reales muestras de voluntad política que den los grupos guerrilleros. Ya el gobierno ha lanzado sus cartas.
El asunto reviste una complejidad tal, que como bien lo dijo Medófilo Medina en Razón Pública: “Un ambiente de interés genuino por la paz impone (…) la discusión serena sobre las responsabilidades de los distintos sectores en la construcción de un movimiento por la paz que no debería confundirse con la liviana euforia colectiva por ella”[7], y este es nada menos el tamaño del desafío que se le impone al Secretariado de las FARC.
¿Y qué va a pasar con las víctimas de las BACRIM?
En los últimos días se han escuchado voces que hacen la legítima pregunta sobre si en este nuevo escenario aplicaría o no la reparación a las víctimas de las bandas criminales. Aún cuando es entendible la preocupación, la misma se resuelve al entender que no es lo mismo hablar de crimen organizado en abstracto[8], que hablar de crimen organizado en el marco de un conflicto armado interno como el que padece el país.
En el contexto de conflicto armado interno, es claro el concepto de la ONU, previsto en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, sobre las obligaciones humanitarias indispensables de respeto a la población civil, que se centra en las demandas de las normas y principios humanitarios a favor de las víctimas y para mitigar los efectos causados.
El Derecho Internacional Humanitario prescinde de consideraciones de orden político, social, cultural, religioso, o para el caso, también delincuencial de los grupos en conflicto. Un ejemplo claro lo vemos al analizar que en el accionar de las bandas criminales, un alto porcentaje de las víctimas de homicidios, desapariciones, atentados y desplazamientos forzados son campesinos, indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos, todos población civil.
Efectivamente, Acción Social parece haber entendido la discriminación ejercida sobre las víctimas de las bandas criminales al evaluar que no podían ser reparadas en el marco de la ley 418 de 1997. Es así como una reciente directriz de esta institución del Estado determinó que no se puede discriminar a las víctimas dependiendo del actor sino que simplemente deben ser reparadas.
En conclusión esto conduce a un tratamiento diferente de los actores del conflicto pero no de las víctimas.
Política al servicio de la paz
La ex senadora Piedad Córdoba propone la construcción de un gran Movimiento de Paz. Si se tiene en cuenta el cambio de discurso y la voluntad política presumible del actual gobierno y sin ignorar las dificultades, la complejidad y los obstáculos propios de un proceso de esta naturaleza, creo que cabe preguntarse si no estamos frente a una oportunidad de ahorrarnos los costos humanos, políticos, financieros y sociales de una guerra perpetua.
Si no ¿cómo se va a alcanzar prosperidad democrática en medio de un inclemente conflicto?
*Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic aquí.
Notas de pie de página
[1] El presidente Santos señaló que después de recibir la información de que dos trabajadores de Cartón de Colombia fueron secuestrados por la guerrilla, estuvo tentado a suspender las liberaciones de los secuestrados, debido a lo que consideró una “doble moral” del grupo.
[2] Hicieron parte de la primera reunión del Consejo: el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al doctor Angelino Lizcano, y a la señora Fiscal, la doctora Viviane Morales. También en este tema nos han venido ayudando el Representante de la OEA, el doctor Marcelo Álvarez, los Ministros que tienen que ver con este tema y algunos de los Altos Consejeros
[3] Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009 – 2010. PNUD 2009.
[4] Ibídem.
[5] Ibídem.
[6] Declaración del presidente Juan Manuel Santos al concluir el Consejo Nacional de Seguridad. En: www.presidencia.gov.co 7 de febrero de 2011.
[7] Las liberaciones ahora. ¿Negociación en perspectiva?
[8] O sea, de delitos contra la vida, la integridad o el patrimonio que supone la participación activa y permanente de muchas personas para llevar a cabo una cadena de delitos.
