La paz total es uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno Petro, pero sus críticos dicen que con grupos ilegales no se debe negociar. ¿Por qué es mejor la paz negociada que la conseguida por vía militar?
Luis Fernando Trejos* y Reynel Badillo**
La idea y sus críticos
La principal apuesta del gobierno Petro es su programa de Paz Total. En términos muy sencillos (y a riesgo de simplificarla), esta política consiste en adelantar procesos simultáneos de negociación política y sometimiento a la justicia con grupos armados de distinta naturaleza y capacidades militares. Posiblemente, el primer paso para conseguir este propósito se dio el 21 de noviembre, cuando se retomaron los diálogos con el ELN.
Por supuesto, los opositores a la negociación aparecieron rápidamente. El expresidente Iván Duque dijo que «el Estado no puede aceptar ceses al fuego bilaterales porque el Estado nunca se equipara al terrorismo». En los diálogos con las FARC-EP, esta fue una de las principales críticas: el Estado está claudicando frente al terrorismo al aceptar una negociación y negarse a la confrontación militar.
Todo lo contrario: la mayoría de los grupos que negociaron y efectivamente se desmovilizaron llegaron a los escenarios de diálogo justo después de haber recibido serios golpes militares y políticos que limitaron la posibilidad de alcanzar sus propósitos estratégicos. Por tanto, la paz negociada no es la antítesis de la derrota militar, sino otra cara de una misma moneda.
Aunque parece una opinión que es preferible ignorar, resulta que en el 2016 quienes defendían esas posiciones abanderaron una campaña que puso en jaque el acuerdo de La Habana. Así las cosas, conviene tomarnos en serio lo que dicen y criticar sus presupuestos desde su misma lógica.
A veces hay que negociar
Es cierto que el conflicto armado colombiano no ha finalizado. Desde hace medio siglo aproximadamente, Colombia ha vivido en un estado de guerra permanente.
Sin embargo, lo más acertado sería decir que Colombia ha vivido varias guerras. Esta es una forma de decir: el panorama de sectores violentos, los métodos de guerra que usan y hasta sus propósitos han cambiado radicalmente durante estas décadas.
El ELN es hoy el último grupo armado en Colombia con orígenes en la guerra fría. ¿Qué pasó con los demás? Bueno, la gran mayoría se desmovilizó a través de negociaciones.
El M-19, el PRT, el MAQL, el EPL y las FARC-EP son ejemplos de que los diálogos con grupos armados han sido muy comunes en nuestra historia y de que ellos han sido efectivos para desmovilizar al respectivo grupo armado.
Ahora, con esto no estamos diciendo que repentinamente haya que renunciar al uso de las capacidades militares del Estado. Todo lo contrario: la mayoría de los grupos que negociaron y efectivamente se desmovilizaron llegaron a los escenarios de diálogo justo después de haber recibido serios golpes militares y políticos que limitaron la posibilidad de alcanzar sus propósitos estratégicos. Por tanto, la paz negociada no es la antítesis de la derrota militar, sino otra cara de una misma moneda.
Como muestra el cuadro anterior (que no incluye a todos los grupos armados), la negociación no es el único camino. En esto tienen razón los críticos de ellas: la derrota militar es posible en cuanto ha sucedido antes en Colombia. Sin embargo, ninguno de los grupos que han sido derrotados militarmente ha tenido la capacidad militar, política y financiera que hoy ostenta el ELN.
El ELN llega a la mesa de negociación (y eso puede ser una señal de alerta) con una presencia extendida hacia Venezuela, después de años de expansión militar en varias zonas de la frontera colombo-venezolana (Vichada) y con una ventaja estratégica: el gobierno tiene prisa por negociar.
Justamente por eso, pensar que el Estado colombiano repentinamente, después de casi 60 años, va a ser capaz de desarticular al ELN es ignorar todos los hechos de la realidad. La decisión estratégica, paradójicamente, es la negociación.
No se rearman
Otra razón para elegir los diálogos es que ningún grupo al margen de la ley que haya negociado su desmovilización se ha rearmado significativamente.
Vamos por partes: es cierto que la desmovilización de los grupos armados no ha acabado con la violencia y que otros grupos, más pequeños, emergen después de esas negociaciones. Por ejemplo: después de la desmovilización de las AUC aparecieron más de 30 organizaciones lideradas por sus exmandos medios, y actualmente vemos varias disidencias de las antiguas FARC escenifican la guerra en los departamentos.
Pero se trata de expresiones de violencia distintas, no de grupos rearmados. Esta violencia, atomizada y con politizaciones más complicadas, es tan problemática como la anterior, pero creemos debe reconocerse que la mayoría de quienes hicieron parte del proceso de desmovilización siguen en la legalidad.
Y esto no es menor. Quiere decir que con las negociaciones de paz el Estado logró atraer al grueso de un grupo armado e integrarlos a una sociedad donde no usan la violencia como medio de expresión política o resolución de controversias ideológicas.
Lo anterior, por supuesto, debería venir acompañado de un proceso para restarle incentivos a la aparición de nuevos grupos armados y al reclutamiento de jóvenes. Pero este es un asunto diferente.
No se van a tomar el poder
Quizás con excepción del M-19, ninguna de estas organizaciones desmovilizadas, han logrado grandes avances electorales. Esto puede deberse a distintas razones:
- Miguel García y Juan Camilo Plata ofrecen algunas explicaciones relacionadas con las actitudes de la ciudadanía.
- Además, como muestra Armando Mercado, en Colombia hay una historia de violencia contra excombatientes que también puede explicar los fracasos electorales.
Lo cierto es que el miedo que parecen tener algunas élites locales y nacionales sobre la toma del poder de los grupos armados, estando ya en la legalidad, parece más bien infundado. Así las cosas, los grupos armados ni se rearman ni se toman el poder. ¿Por qué entonces evitar una negociación?
Más bien, las negociaciones para finalizar el conflicto han sido una parte esencial de las estrategias de seguridad de los gobiernos de turno. Por medio de ellas, han logrado más desarmes y desmovilizaciones que por otras vías.
Además, lo hacen a un costo relativamente bajo: garantizan acceso al sistema de competencia electoral, pero nunca han perdido su control. El problema aquí es que ese control, como lo demostró el caso de la Unión Patriótica, se mantenga recurriendo a la violencia si fuera necesario.
Instituciones más sólidas
Finalmente debemos mencionar un asunto del que poco se habla: las paces negociadas contribuyen a mejorar las instituciones.
A diferencia de la derrota militar, los diálogos de paz suelen implicar obligaciones para los Estados. Y esto, además de las amnistías, implica muchas veces la creación de instituciones.
El Acuerdo con las FARC-EP es un ejemplo muy claro: gracias a él, se crearon la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Agencia Nacional para la Renovación del Territorio (ART), entre muchas otras. Es cierto, varias de ellas han funcionado a media marcha, pero esto no impide que gracias al acuerdo de paz hoy tenemos un poco más de verdad sobre nuestra guerra, hay territorios con menos minas antipersonales y sabemos de al menos 8000 personas desaparecidas que antes el Estado no conocía.
La paz negociada no alcanza
Ahora, es legítima la preocupación de quienes dicen que de nada sirve desarmar grupos armados, evitar su rearme y construir instituciones sólidas si se mantienen los costos humanitarios de la guerra, peor aún, si aumentan. Por eso planteamos aquí tres retos que deberá superar la negociación con el ELN ara no dejarnos en un nuevo ciclo de violencia.
Lo cierto es que el miedo que parecen tener algunas élites locales y nacionales sobre la toma del poder de los grupos armados, estando ya en la legalidad, parece más bien infundado. Así las cosas, los grupos armados ni se rearman ni se toman el poder. ¿Por qué entonces evitar una negociación?
El primero es el más obvio: cualquier paz hecha con un solo grupo armado no pone fin a la violencia organizada. El ELN hoy no es el principal grupo armado en muchas regiones de Colombia y su desarme, por ejemplo, servirá de poco o nada en gran parte del Caribe, donde las AGC tienen su principal zona de influencia.
En teoría, el gobierno Petro tiene cubierto este punto al intentar negociar o desmontar simultáneamente al resto de las organizaciones armadas. Hasta el momento, sin embargo, hay mucha voluntad, pero pocas acciones. Todavía no es claro qué puede negociarse con las AGC, y las ACSN, en el Magdalena, hasta pidieron que Hernán Giraldo, exparamilitar colombiano, fuera gestor de paz. Estamos esperando los avances para entender mejor ese panorama, pero sin esos grupos armados en la mesa, no habrá paz.
El segundo reto se relaciona con el riesgo para la población civil. Lucas Marín mostró cómo la falta de protección de los civiles en programas de sustitución de cultivos resultó en el aumento de los asesinatos de líderes sociales. Este gobierno debe pensar cuidadosamente con quién negocia y en cuáles efectos tienen esas estrategias.
La violencia inter-criminal ha aumentado en varias zonas. Las AGC se están tomando el departamento del Atlántico y en el sur de Bolívar se han presentado desplazamientos forzados, producto de disputas entre grupos armados.
Si esas estrategias de protección a los civiles no son claras, la Paz Total puede ser un fracaso estrepitoso, dado que el cese al fuego es una oportunidad de oro para que los grupos aumenten la violencia contra sus competidores. Tristemente, los civiles son las principales víctimas de estas guerras.
Finalmente, no basta con diseñar buenos procesos de paz: hay que hacerlos funcionar. Este gobierno, aunque tiene un discurso de defensa del acuerdo con las FARC-EP, no ha nombrado a nadie en la dirección de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y apenas a finales de octubre nombró al director de la ART.
Cualquier acuerdo de paz, por sólido que parezca, debe cumplirse pronto para que gane legitimidad y pueda cumplir lo que promete. El presidente Petro tendrá el reto de cumplir el acuerdo con las FARC-EP y el de hacer funcionar las paces que consiga. Y al ritmo que vamos, no parece que lo conseguirá con facilidad.
