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La patria de informantes

Escrito por Óscar Mejía

Oscar Mejia Quintana

Antecedentes, propósito e implicaciones de la propuesta presidencial sobre estudiantes-informantes y del modelo de sociedad que ella implica.

Oscar Mejía Quintana*

La red de informantes

Hace unos años, al comienzo del primer gobierno del presidente Uribe, la política de seguridad democrática se sustentaba sobre varios pilares, uno de los cuales fue la red de informantes. El objetivo de la red era penetrar las organizaciones subversivas, fundamentalmente, y las delincuenciales, gracias a la información que los civiles  dieran a las autoridades. 

La política de informantes, como en general la de inteligencia de las Fuerzas Armadas, parece haber sido una de las estrategias más efectivas en la lucha contra la guerrilla y el paramilitarismo, y así lo han demostrado los varios golpes a una y otro a lo largo de los últimos años -incluyendo de manera destacada la famosa Operación Jaque.

No hay que ser un observador agudo, como es en general el "pueblo" colombiano -con mucho más de pueblo que de ciudadanía- para suponer que los golpes a la guerrilla durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe han usado la red de informante como parte sustancial de las acciones militares.

Sin embargo, la propuesta hecha en Medellín la semana pasada, aunque no sería sino la prolongación de esta efectiva estrategia, ha tenido un amplio y variado rechazo que lleva a explorar sus orígenes y sus alcances en la actual coyuntura colombiana.

El Estatuto de Seguridad en los 80's

Vale la pena recordar que ya desde la oscura época del Estatuto de Seguridad, la política de informantes era pieza central de los organismos del Estado. En ese entonces se conocía, por ejemplo, que algunos de estos (el DAS, el B2 del Ejército) financiaban los estudios de ciertos universitarios a cambio de información, lo que era "vox populi" en las universidades públicas, al menos.

El "mito urbano" de que aquello era mera especulación se volvió una cruda y, en muchos casos, letal realidad después del robo de las armas del Cantón Norte por parte del M-19. Este robo desató una oleada de represión indiscriminada, que así como pareció ser exitosa en su gran mayoría también se excedió en no pocos ejemplos, acusando de subversivos a quienes simplemente habían podido tener relaciones circunstanciales (un folleto crítico del gobierno, una chapola sindical, etc.) con el amplio movimiento político de oposición.

Todo esto mostró la relativa eficacia de la inteligencia del Estado, que en su reacción     indiscriminada y excesiva logró desmantelar, sin duda, las estructuras organizativas del M19 y capturar a decenas de sus militantes, pero al costo simultáneo de cientos de inocentes que poco o nada habían tenido que ver con el hecho. El fin -dirían- siempre justifica los medios.

La propuesta original del presidente Uribe retomaba esto pero ampliándolo a la sociedad en general lo cual, como dije, parece haber tenido resultados análogos. La militarización del campo, la política de informantes a nivel rural, las zonas especiales concebidas durante el primer cuatrienio, han dado frutos contradictorios en los golpes a la guerrilla y, en mucho menor grado, al paramilitarismo (ya mimetizado en la captura directa o indirecta del Estado), pero al mismo tiempo en los excesos contra la población marginal, inicialmente del campo y, como quedó en evidencia con los crímenes de lesa humanidad mal llamados "falsos positivos", después en las mismas ciudades.

Los estudiantes-informantes

En este intricado contexto surge la propuesta de Uribe que pareciera querer proyectar su estrategia, relativamente exitosa en el campo, a los conglomerados urbanos donde la situación de orden público es cada vez más precaria.

Habría que comenzar observando que, aunque el estilo de Uribe es más explosivo que sistemático, su política de seguridad democrática ha sido discursivamente consistente: atacar al enemigo, apoyar incondicionalmente a las Fuerzas Armadas, denunciar como apoyos políticos, sociales e ideológicos de la subversión a quien no se alinee con el gobierno.

Pero esta vez la propuesta parece más una expresión de impotencia que una estrategia clara. Ofrecer cien mil pesos por información es, visto desde los antecedentes expuestos, tanto anteriores como de su propio gobierno, prácticamente un mal chiste. Hay un largo trecho entre arriesgar la vida para entrar a la universidad y que, como informante, se le pague una carrera -como muchos habrán hecho en tiempos del Estatuto de Seguridad- a arriesgar la vida por esa suma. La mentalidad utilitarista de cualquier adolescente marginal, quien además sabe que la muerte es el mal menor que padecería en caso de que fuera desenmascarado, hace risible semejante oferta.   

Es difícil que Uribe sea tan cándido como para suponer que tal ofrecimiento pueda ser acogido. De hecho, la reacción generalizada de rechazo ya ha puesto de presente lo aparentemente improvisada de la misma. Y sin embargo esta vez no sería descabellado pensarlo.

Las hipótesis

Dos hipótesis podrían proponerse. La primera nota que la situación de Medellín, su ciudad natal, como la de las principales ciudades (recordemos la semana anterior en Barranquilla), es cada vez más dramática en términos de seguridad y violencia urbana. Además de los fenómenos de crimen organizado, la sensación de inseguridad del ciudadano del común por los robos, hurtos y homicidios que a diario observa o padece es significativa.

En este punto me inclinaría a pensar que la propuesta del Presidente es el reconocimiento de la incapacidad de la seguridad democrática por contener la violencia en las ciudades como lo hizo en el campo. Ante la contundencia de la situación en Medellín y la de las grandes ciudades en Colombia, Uribe lanza una propuesta desesperada que, en todo caso, le da tiempo para lo que requiere con urgencia en este momento.

Y ahí viene la segunda hipótesis, aunque ya sea un lugar común: una nueva cortina de humo que los medios, en su infinita pereza y puerilidad, simplemente recogen, armando una polémica de una ocurrencia en caliente -como el alcalde de Medellín terminó sugiriéndolo- que ni la propia Ministra de Educación pudo convalidar. Pero como siempre, el objetivo está cumplido.

Los indicadores objetivos de violencia, la incapacidad misma del gobierno para contenerlos, la debilidad de la seguridad democrática para enfrentar la situación se diluyen en una discusión estéril -como tantas otras a lo largo de estos ocho años- y el Presidente plantea una alternativa inviable que se olvidará en una semana -como lo dijera el rector de la Universidad Nacional- pero que en lo inmediato deja la sensación de un plan meditado y maduro, fruto, como siempre, de una "inteligencia de orden superior" que por lo pronto contribuye a mantener la expectativa del país en la reelección gracias a un sentimiento ambiguo y ambivalente: aunque la guerrilla esté parcialmente derrotada, la violencia urbana tiene que ser enfrentada y el presidente Uribe vuelve a ser reconocido como el único líder capaz de enfrentarlo y darle solución.

Estigmatización de la crítica

En el marco de una cultura política parroquial y súbdita como la que nos caracteriza, la eficacia simbólica del discurso mediatizado es más efectiva que las acciones mismas del Estado. Estas últimas seguirán discurriendo por los mismos cauces de siempre, con altos y bajos estadísticos y golpes de opinión que alimentaran la discusión sofista de los medios y las masas lo suficiente para llegar a las elecciones -si no se aplazan- y garantizar la continuidad del soberano o del delfín de su línea.

No importan las consecuencias sociales de esta aventurada e irresponsable apuesta. Si desde el comienzo de este gobierno la desconfianza en las universidades públicas y privadas era generalizada, ahora se va a exacerbar de manera exponencial. No faltará el estudiante que denuncie por prejuicios a sus compañeros y no faltarán los compañeros que consideren informante a cualquier estudiante. Con ello sólo se logrará incentivar el clima de intolerancia que ya se vive en la educación media y superior en Colombia.

La estigmatización del discurso académico crítico será otra consecuencia previsible. No sólo serán los supuestos estudiantes-informantes denunciando a otros estudiantes, sino serán los profesores los que serán denunciados. Y a todas éstas, puede que no sean los unos o los otros los denunciados por los informantes -que para el caso serán magníficas excusas- sino sencillamente por los miembros de los organismos de seguridad infiltrados de toda la vida en las instituciones de educación del país, particularmente las universidades públicas.

La sociedad totalitaria

Pero sin duda, la polémica pública -casi forzada por un periodismo perezoso que hace eco de cualquier ingeniosidad del jefe de Estado- le ha mostrado a Uribe lo sensible de la propuesta y de ahí que rápidamente la esté extendiendo a otros sectores sociales. Ahora lo acaba de hacer también con los taxistas en varias ciudades, ampliando el abanico de los estudiantes informantes a la red de cooperantes y poniendo en evidencia el alcance que ha comenzado a darle a la misma.

No han demorado los directores y candidatos al Congreso de los partidos uribistas, así como el Ministro de Defensa y el Director de la Policía en plantear lo que esto significa: la solidaridad ciudadana contra el crimen. Lo cual sería cierto si la solidaridad no se pagara, pues ello contradice el sentido espontáneo que distingue a la misma, y si todo ello no estuviera rodeado de un tufillo peligrosamente absolutista, como ya algunos comunicadores se han atrevido a señalarlo.    

En efecto, más allá de las diversas propuestas de informantes y cooperantes que el gobierno del presidente Uribe ha presentado en las últimas semanas, asistimos en conjunto, con estupor e impotencia, a lo que ya Hanna Arendt denunciaba como "la sociedad totalitaria". Una sociedad donde las mayorías desdicen del Estado de Derecho, que se desliza sutil pero inexorablemente hacia un partido único, donde los límites modernos entre el Estado y la sociedad civil van desapareciendo al tenor de una propaganda dominante y un pensamiento único, cerrándose finalmente en una red de informantes que impone el miedo y acalla toda disidencia crítica.

Pese a que en la academia, incluso de las universidades públicas, la ascendencia de Uribe es clara e innegable, sin duda históricamente estas han sido siempre un dique al pensamiento autoritario y una reivindicación del pluralismo y la tolerancia, que, empero, regularmente se ven no sólo amenazados sino violentados.

Proyectar la red de informantes a las universidades, como en general a la sociedad en su conjunto, con los relativos y contradictorios resultados que tal política pueda obtener, es una medida cuyas consecuencias mediatas introducen la dinámica de guerra en las instituciones educativas y universitarias, abriendo una Caja de Pandora de previsibles y dolorosas secuelas.       

De ahí a las "milicias uribistas" de defensa, ya no de la revolución como puede ser el caso en Venezuela, sino de la seguridad democrática, no pasará mucho tiempo. El Presidente lo viene diciendo desde hace tiempo: la cohesión social, término que completa el trípode seguridad democrática y confianza inversionista, es él. El que representa la figura de autoridad que le da cohesión -en su entender- a las mayorías colombianas, ergo al país en general.

Autarquía, autoritarismo, sociedad totalitaria, son sólo adjetivos de la oposición para mermar esa unidad en torno a la patria del corazón y el sentimiento que el presidente representa. Aquí no vale el concepto del filósofo Habermas, según el cual el único patriotismo valedero es el patriotismo de la Constitución, porque es el único que permite la convivencia de la diferencia. La patria será una sola: la de los informantes-cooperantes cuyo principal propósito es preservar lo único que ha logrado unificar a esta nación en los últimos 50 años: el líder, ataviado con la bandera de la seguridad -bastante cuestionada por los hechos- aunque no tenga nada de democrática.

* Profesor Titular (Generación 125 Años) de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Fue igualmente Profesor Asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes. Líder del Grupo de Investigación CULTURA POLÍTICA, INSTITUCIONES Y GLOBALIZACIÓN de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional.  Pertenece igualmente al Grupo de Trabajo FILOSOFIA POLITICA de CLACSO.

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