Desempleo e informalidad

Los datos disponibles indican que la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19 ha golpeado con mucha más fuerza a las mujeres que a los hombres.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020 la tasa de desempleo masculino pasó de 8,3% a 13,9%, y la de desempleo femenino de 13,7% a 22,8%. Esto significa que el desempleo ha afectado más a las mujeres que a los hombres, y que la brecha entre ambos sexos se ha ensanchado considerablemente este año, pues pasó de 5,6 puntos porcentuales a 8,9, la cifra más alta registrada en los últimos once años.

Hay varias razones que explican este fenómeno. Por una parte, a excepción de la construcción, los sectores económicos más afectados por las medidas de aislamiento concentran más mujeres que hombres. Antes de la pandemia, ellas representaban más del 50% de la fuerza laboral en el comercio, el turismo, los textiles y el trabajo doméstico, sectores que dejaron de funcionar varios meses, y cuya reactivación se ha demorado porque no permiten teletrabajo ni distanciamiento físico.

Adicionalmente, había más mujeres empleadas en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que tuvieron que despedir gran parte de su personal debido a su enorme vulnerabilidad económica. Según la economista Paula Herrera, el 42% de los hombres y el 71% de las mujeres que perdieron el empleo en julio de este año trabajaban en empresas de diez personas o menos, lo cual confirma que la pérdida de empleo femenino se ha concentrado en microempresas.

Por otra parte, la informalidad laboral es más común en la población femenina a pesar de que, en promedio, las mujeres tienen más estudios que los hombres. Un informe realizado por la Universidad Javeriana y el DANE encontró que en 2019, el 49% de las mujeres y el 45% de los hombres eran trabajadores informales.

Los altos índices de informalidad laboral han propiciado que muchas mujeres no tengan seguridad social: en 2019, solo el 32,8% de las empleadas de la industria manufacturera, el 25% de las trabajadoras del sector comercial y el 18% de las empleadas domésticas estaban afiliadas a salud y pensión. Sin duda, esto resulta especialmente preocupante en nuestros días, pues si llegaran a contraer el virus, no tendrían cobertura médica.

Trabajo sin pago y violencia de género

Históricamente, las mujeres han dedicado mucho más tiempo que los hombres a las labores de cuidado no remuneradas, es decir, al suministro de alimentos, el mantenimiento del hogar, el trabajo doméstico y el cuidado de sus integrantes.

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), antes de la pandemia, en Colombia las mujeres dedicaban, en promedio, siete horas y 14 minutos a las labores de cuidado no remunerado mientras que los hombres destinaban solo tres horas y 25 minutos.

Tras la llegada del virus, este desbalance ha empeorado porque las tareas domésticas han aumentado y las mujeres se han hecho cargo de ellas en mayor medida que los hombres. Como consecuencia, las mujeres que perdieron su empleo tienen menos tiempo para buscar trabajo, y las que aún lo conservan corren el riesgo de perderlo porque tienen que lidiar con una “doble jornada” compuesta por un trabajo pago y otro no remunerado. Hoy el 62% de las mujeres inactivas se dedican a oficios del hogar.

La falta de ingresos propios es indeseable porque obliga a las mujeres a depender económicamente de sus parejas o familiares, y limita su autonomía económica y su participación en las decisiones del hogar. A su vez, las relaciones desiguales propician la aparición de discusiones y violencia.

Probablemente esa es una de las razones por las cuales la violencia de género ha aumentado de forma exponencial durante la pandemia. En abril, después de un mes de cuarentena, la Línea Púrpura registró un aumento del 230% en las llamadas para denunciar este tipo de violencia con respecto al mismo mes del año pasado.

A mediados de agosto, más de 40.000 mujeres habían reportado episodios de violencia física, psicológica, económica y sexual, y la Fundación Feminicidios Colombia estima que, en lo que va del año, más de 140 mujeres han muerto a causa de la violencia de género. Como afirmó la secretaria distrital de la mujer Diana Rodríguez Franco, “la pandemia confirmó el profundo machismo que hay en Colombia”.

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Medidas sin enfoque de género

Pese a la gravedad de las cifras, el gobierno parece no haber entendido la magnitud del problema, pues con la excepción del Patrimonio Autónomo para las Mujeres destinado a promover el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de la población femenina, ninguna de las medidas que ha tomado para confrontar la crisis tiene en cuenta el enfoque de género.

Hasta ahora, sus políticas más importantes han estado encaminadas a auxiliar a las grandes empresas y al sector formal a pesar de que las mipymes y el sector informal son mucho más vulnerables ante la crisis, y emplean más del 50% de las trabajadoras colombianas.

Por ejemplo, el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) privilegia al sector financiero sobre los demás sectores; el Decreto 817 de 2020 permite que las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S) accedan al mercado de valores en busca de financiación, pero únicamente beneficia a las empresas que puedan costear los trámites necesarios para acceder a él; y los créditos de liquidez y el subsidio a la nómina para empresas que demuestren pérdidas en su facturación superiores al 20% solo son válidos para las empresas del sector formal.

El gobierno tampoco ha tomado ninguna medida para proteger a las trabajadoras domésticas aunque ellas han sido uno de los gremios más afectados por la pandemia: muchas perdieron su empleo, y algunas se han visto obligadas a trabajar en condiciones paupérrimas.

Adicionalmente, los altos mandatarios no han reconocido la importancia de las labores de cuidado ni han promovido una distribución más equitativa de las mismas.

¿Qué podemos hacer?

Para evitar que la pandemia siga ensanchando las brechas entre hombres y mujeres, es necesario que el gobierno se tome en serio el enfoque de género. Si no lo hace, pondrá en riesgo los avances alcanzados en las últimas décadas.

En el corto plazo es indispensable:

• Diseñar y poner en marcha medidas orientadas a aliviar los efectos económicos que la crisis ha tenido en las mipymes y en el sector informal;
• Desarrollar estrategias para frenar el desempleo femenino;
• Fortalecer el apoyo a las víctimas de violencia de género;
• Darle prioridad a la reapertura segura de colegios y jardines para aliviar la sobrecarga de trabajo de las mujeres con hijos;
• Evaluar la posibilidad de subsidiar el trabajo doméstico no remunerado para reconocer su importancia. Esto podría lograrse a través del ingreso básico universal o de una deducción de impuestos;
• Lanzar campañas que promuevan una distribución más equitativa de las tareas domésticas entre los miembros del hogar.

Es importante recordar que la igualdad de género es una carrera de largo aliento que no habrá acabado cuando superemos la pandemia. Por eso, en el mediano y largo plazo es necesario:

• Promover la formalización de las trabajadoras de todos los sectores económicos;
• Estimular la inserción de las mujeres en el mercado laboral;
• Fomentar la discusión de los roles de género para lograr una transformación cultural que permita relaciones más equitativas entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

El último punto es quizás es el más importante, pues la igualdad entre hombres y mujeres no será posible si no negociamos los roles de género que han perpetuado la subordinación de las mujeres a lo largo de la historia.

Este texto forma parte de la alianza entre Razón Pública y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), y es una versión adaptada del trabajo “La crisis por la COVID-19 en Colombia: Oportunidad o retroceso para la autonomía económica de las mujeres” de Alma Espino y Ana Isabel Arenas Saavedra. El documento original puede ser consultado en este enlace.