La Orinoquía colombiana y los nuevos intereses económicos

Una crónica reveladora y preocupante sobre el ayer y el hoy de esta extensa región de latifundios, violencias, exclusión, despojo de las tierras y nuevos proyectos mineros o  agroexportadores. ¿Qué hacer entonces?[1]

Juan Felipe Harman*

Foto: CIAT

Ciclos de despojo, violencia y desplazamiento

Durante el último siglo la Orinoquia colombiana ha pasado por ciclos de despojo de tierras a colonos e indígenas y de la consecuente concentración de la propiedad. La violencia ha sido el mecanismo central de la acumulación y el predominio del latifundio. Hoy la región es objeto de interés por parte de grandes inversionistas y propietarios que ven el potencial para megaproyectos de carácter extractivo o agroexportador.

Desde la primera mitad del siglo XX, la Orinoquia empezó a incorporarse al circuito productivo por las vías del despojo a los colonos y la titulación de tierras en gran escala. En la actualidad se vive un nuevo boom: la búsqueda de fuentes alternativas de energía impulsa el auge de los agro-combustibles y, ante la crisis alimentaria mundial, se ha desatado el acaparamiento de tierra con una doble finalidad: fortalecer el modelo agroexportador y especular  con la renta del suelo.

Ese desarrollo económico ha ido acompañado por la violencia. En el pasado las comunidades fueron objeto de genocidios, como las llamadas “guahibiadas” o asesinatos de indígenas guahibos por deporte, o como la masacre de Planas a mediados de la década de 1960. De la misma época datan las primeras solicitudes de las concesiones petroleras a nombre de la Texas Petroleum Company.

En décadas posteriores la violencia contó con nuevos actores, y en la degradación del conflicto se entrecruzaron el paramilitarismo y el narcotráfico. Uno de los peores efectos ha sido el desplazamiento asociado con la violencia y la apropiación ilegal de las tierras: la región cuenta con más de 160 mil desplazados que se concentran especialmente en Villavicencio, Yopal y Arauca. 

Del latifundio tradicional al acaparamiento corporativo

Durante las últimas décadas el latifundio tradicional fue perdiendo competitividad frente al mercado internacional. Dadas la débil presencia estatal y la falta de subsidios, asistencia técnica y crédito, los cultivos tradicionales de algodón y arroz entraron en crisis, e incluso la ganadería extensiva se vio seriamente afectada. Al mismo tiempo sin embargo se produjo la transición hacia el acaparamiento de tierra por parte de grandes corporaciones.

Así se presentó un cambio drástico en la producción: el área sembrada en arroz, cultivo tradicional de la región, cayó 60 por ciento entre 2009 y 2011, mientras la palma de aceite se expandía de 111.665 a 162.497 hectáreas[2].

El Estado impulsó esta transformación al permitir el acaparamiento corporativo de tierras para atender la demanda creciente de alimentos, de agro-combustibles y de árboles maderables. También facilitó la especulación rentista por parte de grandes empresarios que han ido comprando tierras, muchas de ellas originalmente asignadas a pequeños campesinos en calidad de baldíos.

Actualmente hacen presencia en la Orinoquia multinacionales como Cargill, Mónica, Forest First, Poligrow. También los grupos nacionales de Luis Carlos Sarmiento, Manuelita y el Sindicato antioqueño han comprado tierras en la región.

Un balance ambiental y social negativo

Además de los agro-combustibles, el petróleo es el otro renglón del nuevo boom: la Orinoquia aporta el 78 por ciento de la producción total del país, y hoy por hoy el 82 por ciento de su territorio está concesionada mediante contratos de exploración y producción[3].

La explotación petrolera implica un serio daño ambiental: por cada barril de petróleo se producen de 10 a 15 barriles de agua, con fenoles y metales pesados, que luego son vertidos a los ríos. Zonas ambientalmente sensibles, como el piedemonte llanero, los parques nacionales y los regionales están amenazados por esta industria.

A cambio de lo cual la actividad  petrolera genera muy poco empleo, induce altas tasas de inflación en los municipios productores, y acelera la urbanización caótica debido a la atracción de las bonanzas. Es más: el gran número de camiones que circulan — unos 2.000 tracto–camiones diarios — aumenta el volumen de accidentalidad en las vías.

En la extensa y rica región de la Orinoquía ha predominado una visión instrumental del desarrollo, centrada en la productividad. La explotación de la gran propiedad orientada a los agro-combustibles y a la economía petrolera arrojan un saldo negativo para la población, aunque muy positivo para los inversionistas. 

Hacia un desarrollo alternativo

El gobierno nacional centraliza recursos, poder  e interlocución para ofrecer este territorio a  intereses corporativos, grandes conglomerados nacionales e internacionales con una visión  fundamentalmente extractiva.

Frente a esta visión surgen alternativas desde la sociedad civil. Organizaciones sociales y políticas, grupos ambientalistas, académicos, estudiantes, campesinos y otros actores sociales han propuesto otros caminos. La Orinoquia necesita procesos de construcción social que superen la lógica extractivista, que estén centrado en el buen vivir, en la posibilidad de albergar plena convivencia entre los tiempos de la naturaleza y los tiempos de la producción. En esta perspectiva sugiero algunas direcciones:

· Apostar por un modelo eco–agrario, que además de la productividad económica tenga como referentes la participación democrática y la construcción de territorialidad por parte de las comunidades. 

· El Estado debe responder por la deuda social y moral que tiene con las comunidades indígenas de la Orinoquia, hoy cobijadas por el fallo de la Corte Constitucional sobre planes de salvaguarda para evitar el exterminio de los pueblos étnicos. 

· Adoptar un proyecto de ordenamiento territorial que atienda al medio ambiente,  que promueva la restauración ecológica en las sabanas y la protección de las zonas de recarga. 

· Recuperar el valor económico, social y cultural del Conuco, de la comarca campesina, de sus valores y tradiciones, en apoyo a la recuperación y el diálogo de saberes. 

· Los baldíos del Estado pueden ser parte de la expansión agrícola siempre y cuando se respete la Unidad Agrícola Familiar (UAF) para pequeños y medianos campesinos dentro de una política integral que garantice la  soberanía alimentaria del el país. 

La Orinoquía no es tierra baldía disponible para el capital

¡Tierra a la vista! gritaba el conquistador español, antes de desembarcar y transformar  el destino de todo un continente en el paraíso extractivo de España. Así  también tituló  Semana una monografía reciente sobre la Orinoquia. Este informe fue financiado por  empresas e instituciones locales, nacionales y multinacionales, que ven en la región la posibilidad de un milagro económico.

La Orinoquia es percibida por unos como la última frontera agrícola del país y por otros como el centro de la bonanza petrolera. En todo caso, es una mirada del territorio llanero como un espacio enorme y vacío para ser conquistado. Frente a esta visión necesitamos un modelo alternativo.

* Ingeniero Civil, Ambientalista y Secretario de Mesa Minero–energética del Meta, miembro de la organización social Proyecto Gramalote. 

@felipeh8