El regreso a la normalidad debe estar respaldado por evidencia científica y no por intereses políticos.
Johnattan García Ruiz*
Los errores del gobierno
Cada vez más personas se preguntan por qué la pandemia no ha dado tregua en Colombia pese a que durante los últimos cinco meses la mayor parte del país ha estado en cuarentena estricta o flexible.
También somos muchos los que no entendemos por qué los gobernantes limitaron las libertades de los ciudadanos sin dar una explicación clara, justificada y transparente. Ahora que han levantado la cuarentena, seguimos sin entender los siguientes pasos de la estrategia (si es que hay una) para volver a la vida antes de la pandemia.
El problema empezó con una estrategia incompleta. La única forma de lidiar con una pandemia para la que no existe vacuna es encerrar el virus e impedir que se expanda hasta que deje de ser un peligro para la comunidad. Sabemos que es posible porque algunos países ya lo han hecho con este nuevo coronavirus y con muchos otros patógenos con potencial pandémico que aparecen con más frecuencia de lo que suele creerse.
Independientemente de la población, la geografía, la economía o el tipo de gobierno, los países que han logrado controlar la pandemia con éxito se han concentrado en cuatro cosas:
- Testeo masivo y confiable para identificar a las personas contagiadas;
- Aislamiento de las personas infectadas;
- Seguimiento de las personas que tuvieron contacto con los infectados;
- Auto cuarentena de dichas personas que serían sospechosas (así no se les realice una prueba).
Esta estrategia ha sido divulgada y promovida, entre muchas, por las fundaciones Bloomberg, Bill y Melinda Gates y Chan Zuckerberg a través de la iniciativa “Prevenir Epidemias”, que en los últimos años ha apoyado a gobiernos africanos y asiáticos en la respuesta a brotes epidémicos. Ciertamente no es un conocimiento nuevo. Sin embargo, en Colombia hemos sido incapaces de llevarla a cabo. En los últimos meses, no aprovechamos las cuarentenas para encontrar y encerrar el virus de manera efectiva y, como resultado, los contagios siguieron en aumento.
Aunque el lavado de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento social son fundamentales para reducir el riesgo de transmisión, resultan insuficientes para ubicar los contagios y aislarlos, lo cual requiere de inversión en capital humano para rastrear y alertar. Así mismo, las pruebas son inútiles si los resultados se demoran varias semanas en salir.
A la estrategia incompleta se le suma la falta de claridad y de soporte técnico: en los últimos meses nuestros gobernantes han brillado por tomar varias decisiones injustificadas dependiendo de las cifras del día y del clima de la opinión pública.
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Mucha política y poca ciencia
A diferencia de otros países, no implementamos una estrategia clara de testeo y seguimiento de contactos ni un plan de reapertura basado en evidencia científica. No conocimos los argumentos científicos para dar prioridad a unos sectores sobre otros o por qué las cuarentenas localizadas se repitieron en zonas específicas o resultaron con prohibiciones radicales.
Desde hace meses, sabemos que el riesgo de contagio varía significativamente de una actividad a otra: por ejemplo, actividades al aire libre como ir a trotar o montar en bicicleta presentan un riesgo muy bajo mientras que actividades como conciertos, fiestas o misas presentan un riesgo altísimo, especialmente si se llevan a cabo en espacios cerrados y con pobre ventilación.
Aunque el conocimiento serio debería guiar las decisiones políticas (así ha sido en muchos países), los gobernantes colombianos parecieron empeñados en ignorarlo. La decisión de abrir iglesias y bares por encima de otros sectores es injustificable desde un punto de vista científico. Lo mismo sucede con las multas a los ciclistas y a las personas que salen al parque a hacer ejercicio.
Parece que el criterio no es la ciencia, sino la política y la presión ejercida por los gremios. ¿Acaso en la Presidencia de la República no hay nadie que sepa de salud pública? Luis Guillermo Plata, el Gerente para la Atención Integral de la pandemia, se ha pronunciado más sobre la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe que sobre el coronavirus. Ni siquiera asistió al debate sobre la adquisición de vacunas convocado por los representantes a la Cámara José Daniel López y Alfredo Deluque. Aparentemente, expertos como el ministro de Salud Fernando Ruíz no tiene la voz más fuerte en la Casa de Nariño en lo que a decisiones técnicas debería competer.
En Bogotá la situación, aunque mejor coordinada, tampoco se salvó de decisiones más cerca de lo arbitrario que de lo técnico: hasta la semana pasada, Claudia López impuso varias cuarentenas restrictivas argumentando un aumento en la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos pero sin mayor información sobre la situación de las localidades en específico, al igual que restringió por completo la práctica de actividad física. ¿Por qué mientras estuvo permitido hacer mercado y sacar al perro, sencillamente se prohibió hacer ejercicio al aire libre? ¿Bajo qué evidencia fue tomada esa decisión?
Aún existiendo razones técnicas, estas nunca se comunicaron de manera adecuada, resultando en un agotamiento colectivo y una pérdida de confianza en las decisiones del Estado, algo claramente indeseable en medio de una crisis de salud global. La reapertura no es necesariamente el resultado de un éxito en el manejo de la crisis, más bien es la respuesta a la opinión pública.
El Gobierno Nacional y los gobiernos locales abusaron de las cuarentenas y las convirtieron en un castigo colectivo impopular e ineficaz. Lamentablemente, ahora que por fin las levantaron, el panorama no es más alentador: parece que la “nueva realidad” no es más que en el eufemismo al que la salud pública ha estado acostumbrada en Colombia para decirle a los ciudadanos que el Estado se cansó, y que, de ahora en adelante, la responsabilidad está en sus manos.
