Esta reforma la pagarán las empresas y aunque suene a cliché, está muy lejos de tocar aspectos estructurales*.
Alejandro Torres García**
Reforma tributaria
El gobierno nacional presentó los pilares de su nueva propuesta de reforma tributaria, titulada “De inversión social”, que será radicada en el Congreso el próximo 20 de Julio.
Aunque aún se desconoce sus especificidades, los anuncios señalan una propuesta que dista en el fondo y en la forma de la fallida propuesta promovida por el exministro Alberto Carrasquilla y que se convirtió en la chispa que detonó un movimiento social sin precedentes.
La nueva propuesta no pretende cambiar el sistema tributario (algo que varios análisis señalan como deseable).
Alcanzar una mayor progresividad en las tarifas tributarias, sustituir los impuestos a las empresas por impuestos a las personas naturales, o eliminar los subsidios regresivos, como aquellos que se otorgan indirectamente a través de las exenciones del IVA o las altas pensiones son ideas lejanas.
En vez de eso esta propuesta responde a dos premisas básicas: obtener el máximo recaudo posible y minimizar la resistencia social y política a la propuesta. Aunque aún es temprano para cantar victoria, el escenario que se vivió el día de su presentación permite pensar que tales premisas se cumplirán cabalmente.
Elementos básicos de la nueva propuesta
Un aspecto clave es cómo se construyó y se difundió esta propuesta. Mientras la anterior propuesta careció de cualquier estrategia de comunicación, exceptuando su presentación en el foro de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el actual ministro José Manuel Restrepo y su equipo realizaron correrías por el país, reuniéndose con diversos sectores sociales para establecer consensos.
El mismo evento de presentación de la propuesta, aunque decepcionó a muchos por no ahondar en aspectos técnicos (desconociendo la idea de la presentación), mostró el apoyo y compromiso de distintos sectores con el proyecto. Esto lo legitima social y políticamente, facilitando su trámite y aprobación.
En materia de ingresos, la propuesta crea las menores fricciones sociales y políticas posibles; por eso carece de ambiciones. Por un lado, hace eco de una demanda social recurrente en cualquier propuesta tributaria: antes de subir los impuestos, hay que ganar eficiencias en el gasto público y el recaudo.
Así, cerca al 30 % de los 15,2 billones que la reforma recaudaría provienen de ahorros en temas de funcionamiento y mayor control fiscal. Esta cifra (4,6 billones en total) no alcanza para cubrir los problemas de ingreso que enfrenta el gobierno nacional. Sin embargo este tipo de gestos legitima la iniciativa.
Alcanzar una mayor progresividad en las tarifas tributarias, sustituir los impuestos a las empresas por impuestos a las personas naturales son ideas lejanas.
El restante 70 % del recaudo esperado proviene de las empresas. Los empresarios comprendieron que usar los ingresos provenientes de la clase media (impuestos) durante la crisis más severa de la historia del país podría ser contraproducente política y económicamente.
Por eso, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) propuso que el peso del ajuste tributario recayera sobre ellos, incluso antes de que naufragara el proyecto anterior.
Así pues, la propuesta actual desmonta parte de las medidas aprobadas en la “Ley de Crecimiento” del año 2019, dejando el descuento del ICA en el 50 % y aumentando la tarifa corporativa del 30 % al 35 %. Una sobretasa de 3 puntos al sistema financiero complementará el recaudo.
Llama la atención que se incluya nuevamente un programa de normalización tributaria: una amnistía para quienes evaden impuestos, dejando su patrimonio en paraísos fiscales.
El recaudo esperado por esta medida es mínimo (0,3 billones) y la propuesta contraviene la idea de mejorar el control fiscal y la evasión. Quizá este sea el “mico” más evidente del proyecto, que puede ser a su vez “moneda de cambio” para que algunos sectores faciliten su trámite.
Finalmente, en materia de gasto social, este proyecto pretende mantener los programas de ingreso solidario y protección al empleo formal (PAEF) para 2021-2022. Además, garantiza los recursos para la gratuidad de la educación superior pública (matricula cero) y los subsidios a la nómina para empresas que contraten trabajadores entre los 18 y 28 años de manera temporal.
En este punto, las principales dudas radican en el tamaño del programa de ingreso solidario. Algunos analistas afirman que este debe convertirse en un programa permanente de renta básica que cubra la población en condición de pobreza con valores del subsidio iguales a un salario mínimo.
El costo de un programa de tal envergadura lo hace completamente inviable; por eso se espera que prime el sentido común y esta no sea la nueva justificación para seguir en las calles o entorpecer el trámite legislativo del proyecto.
Aplazando el problema
El proyecto de ley de “Inversión social” es una reacción pragmática y realista del gobierno nacional a las condiciones económicas, sociales y políticas actuales; su intención de hacer la mejor reforma posible para sobrellevar el resto de su mandato debe reconocerse.
Sin embargo, esta propuesta es apenas la antesala a una nueva reforma que seguramente tendrá que emprender el próximo gobierno en su primer año de mandato.
El recaudo esperado está lejos de contener el crecimiento de la deuda pública nacional y garantizar un sendero de sostenibilidad que procure la estabilidad macrofiscal, impulse el crecimiento económico en los próximos años y ayude a recuperar el grado de inversión.
Además, los problemas propios del actual sistema tributario siguen allí, y debería ser anhelo de todos corregirlos a mediano plazo. Ojalá el próximo gobierno tome varios de los aprendizajes que deja el trámite de estos últimos dos proyectos para lograr el propósito de llevar a cabo una reforma profunda.
Llama la atención que se incluya nuevamente un programa de normalización tributaria: una amnistía para quienes evaden impuestos
En primer lugar, no es posible hacerlo sin abrir las propuestas a la discusión nacional y con una comunicación asertiva que muestre sus bondades. En segundo lugar, el rigor técnico de la propuesta es igual de importante que la capacidad de llegar a los consensos políticos necesarios para que se apruebe (la “economía política” de la política económica).
En tercer lugar, existe una gran valoración de la sociedad por la eficiencia en el uso de los recursos públicos: en este sentido mejorar el gasto, focalizarlo mejor y disminuir la corrupción son premisas básicas.
En cuarto lugar, si bien es válido pensar que las empresas deben tributar menos para impulsar el empleo y la inversión, la existencia de exenciones antitécnicas y producto del lobby invalidan socialmente este deseo.
Finalmente, la progresividad de la tributación para personas naturales debe revisarse de manera decidida en el tope de la distribución. Un sistema tributario que redistribuye desde la clase media y la baja es insuficiente.
Por ahora, hay que esperar que esta propuesta transite sin mayores problemas en el Congreso, contribuya a mitigar los efectos negativos de la pandemia en la población más vulnerable y permita pensar con más optimismo el futuro del país.
*Este artículo hace parte de la alianza con la Universidad EAFIT. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor
