Por ajustarse una política económica y un escenario transnacional, la nueva ley sacrifica a los trabajadores de la cultura: ¿será que mejoramos la imagen del cine colombiano con la venta de paisajes exóticos?
Pedro Adrian Zuluaga
Hollywood en la Casa de Nariño
La noche del pasado 11 de julio, el presidente Santos —hombre de mundo como el que más— fue protagonista de un penoso espectáculo provinciano, a pesar de que “en el evento estaba no solo la crema y nata del cine nacional, sino que se oía inglés por todas partes”, al decir de la revista Arcadia [1].
 El presidente, como pez en el agua entre las divas y divos que colmaban los patios exteriores de la Casa de Nariño. Foto: Presidencia |
El presidente de los colombianos, que en la mañana y en la tarde de ese mismo día había fracasado ruidosamente en su intento de diálogo con los indígenas del sur del país, se sentía como pez en el agua entre las divas y divos que colmaban los patios exteriores de la Casa de Nariño, a quinientos años–luz de la incómoda insurrección caucana.
El glamuroso escenario fue preparado para la sanción de la ley 1556 de 2012, “Por la cual se fomenta el territorio nacional como escenario para el rodaje de obras cinematográficas en Colombia”.
Con un discurso generoso en guiños a la farándula local (¡qué bien lees el teleprompter Mr. President!), fragmentos de películas de impronta Hollywood y una selección musical que delata muy bien la idea de cine que se quiere atraer a Colombia (Walt Disney et al.), Santos rubricó el esperpento, con el poder legitimador de personajes como Amparo Grisales, Manolo Cardona (a cuya familia el presidente dio la bienvenida públicamente), Isabela Santodomingo o Paula Jaramillo.
“Hoy se firma le ley para que Hollywood venga a hacer cine a Colombia”, tituló sin asomo de vergüenza en primerísima primera plana El Tiempo del 11 de julio, como si todo el cine del mundo se redujera a ese mantra.
Baja autoestima, alta rentabilidad
¿Pero qué se esconde debajo de esta ley que tiene tan férreos y tan pocos defensores? ¿Quiénes serán sus rentistas? ¿Quiénes medran a su alrededor y serán invitados a la mesa y quiénes, en cambio, se quedarán con las migajas?
 ¿Se le enredaron los libretos? Toda actividad artística debe estar, por principio, desligada de las agendas del poder.Foto: Presidencia |
Tras largas e intensas discusiones, donde participaron lo más granado de la escena cinematográfica local y nuestro honorable Congreso, el texto de la ley arranca con una auténtica piedra filosofal:
“Artículo 1°. Objeto. Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad cinematográfica de Colombia, promoviendo el territorio nacional como elemento del patrimonio cultural para la filmación de audiovisuales y a través de estos, la actividad turística y la promoción de la imagen del país, así como el desarrollo de nuestra industria cinematográfica. Lo anterior, de manera concurrente con los fines trazados por las Leyes 397 de 1997 y 814 de 2003 respecto de la industria cultural del cine, todo ello dentro del marco de una política pública diseñada para el desarrollo del sector cinematográfico, asociado a los fines esenciales del Estado”.
El texto incurre en sutiles mentiras y contradicciones, y pasa de agache frente a la dificultad de juntar en un mismo costal la cultura, la actividad turística y la promoción de la imagen del país.
Por supuesto, estamos en una época donde las industrias creativas han demostrado suficientemente el alcance económico de la cultura, pero no es menos cierto que toda actividad artística debe estar, por principio, desligada de las agendas del poder (promoción de la marca país, buena imagen).
¿Quiere esto decir que habrá un ojo avizor que impida que Colombia sea asociada de nuevo —como lo fue en otras épocas en el cine filmado en el país por extranjeros— con amazonas vengativas y celosas, sangrientos caníbales, contrabandistas, capos de poca monta y toda suerte de prejuicios que iban del trópico a la selva, y del oro a las esmeraldas, pasando por la coca?
El simple artículo 1º, que no es lo más importante —pero indica el derrotero conceptual que sirvió de punto de partida— revela viejas ansiedades no resueltas, una bajísima autoestima y un débil posicionamiento geoestratégico.
¿Así es como vamos a jugar en el complejo entramado transnacional del cine? ¿Ofreciendo paisaje y bellezas naturales, bellas y obsequiosas mujeres, funcionarios supinos, mano de obra barata y no sindicalizada?
Por supuesto que al gran músculo financiero del cine internacional le interesa filmar en países donde pueda evitar una que otra incomodidad y eliminar uno que otro costo, como ha ocurrido en Puerto Rico, Hungría o Nueva Zelanda. Lo que va a convocar la soñada inversión —si llega efectivamente— será el puro sentido práctico, no un interés real en Colombia.
En resumen, la ley tiene atractivas promesas para la inversión extranjera (devolución del 40 por ciento de lo gastado en servicios cinematográficos y un 20 por ciento de lo invertido en otros conceptos como hoteles y pasajes) y muy pocas talanqueras que regulen el modus operandi del capital internacional del cine en el país.
Menos cultura, más turismo
La ley no es concurrente con la 397 o Ley General de Cultura, de 1997 —como afirma pomposamente el artículo 1º— que si bien dejaba una puerta abierta a las industrias culturales, abordaba la cultura en términos de identidad y de memoria y la defendía como la expresión de una diversidad — no pocas veces incómoda como la de los indígenas, para no ir tan lejos— todavía en el espíritu de la Constitución del 91.
 ¿Quiere esto decir que habrá un ojo avizor que impida que Colombia sea asociada de nuevo con narcotráfico y violencia? |
Tampoco resulta concurrente con la ley 814 de 2003 o (primera) ley de cine, que aunque daba un paso adelante para consolidar la industria cinematográfica, fue capaz de generar un consenso a su alrededor, a pesar de que haber tenido grandes y claros beneficiarios como Cine Colombia.
Pero ese consenso y legitimidad social ganada por el cine colombiano —la institucionalidad que estaba en proceso de consolidación y la energía de una masa cada vez mayor de personas interesadas y dispuestas a integrarse en el cuerpo social haciendo películas— ahora enfrentan su más dura prueba.
En esta nueva ley solo se habla de dinero, de inversión, y de garantías para el capital extranjero: no entiende uno muy bien qué hace un Ministerio de Cultura obsesionado en conseguir su aprobación y gastando su poco capital político en esta iniciativa, que bien podría haber sido tramitada solo por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
La nueva ley, en cambio, sí es concurrente con los pactos de estabilidad jurídica, con los tratados de libre comercio firmados asimétricamente por Colombia con otros países, con las leyes que garantizan la explotación minera de nuestro territorio. Es la expresión de un país ansioso por ponerse en venta y al mejor postor.
Los beneficiados en este caso son, por el lado local, las pocas empresas con la infraestructura para ofrecer servicios competitivos a la inversión extranjera, lo cual explica la satisfacción de los empresarios y productores financieramente más sólidos.
Pero en el camino quedará un reguero de pequeñas empresas, un cine nacional con tendencia a que se disparen sus presupuestos y una vía bastante incierta para el cine más arriesgado y menos comercial.
Un productor nacional ahora podrá hacer películas cinco o diez veces más caras, dejando de lado los mecanismos disponibles en la vieja ley de cine, la de 2003, que preveía un férreo y sensato mecanismo de topes a la inversión para evitar la especulación o el lavado de activos, y yéndose a jugar a las grandes ligas. Conociendo nuestra megalomanía, ya es fácil prever lo que puede pasar.
¿Transferencia de conocimientos? ¿Posibilidad de que crezca la capacidad tecnológica instalada? ¿Generación de empleos cualificados? Conviene decir que la producción audiovisual colombiana constituye uno de los sectores donde más reinan la informalidad y el abuso laboral. Pues ese personal técnico acostumbrado al maltrato es parte de lo que vamos a servir en bandeja a la codicia extranjera. ¿Incremento de la buena imagen del país? ¿Alguien recuerda algo distinto a Dania de la fastuosa cumbre de Cartagena?
Leyes a la medida
500 años después del poco amigable encuentro de dos mundos —el descubrimiento y conquista del territorio de la actual Colombia con su consiguiente exterminio cultural y sus bien escogidas víctimas— asistimos a nuevas formas de masacre cultural, ahora mucho menos sangrientas y más sofisticadas.
 En esta nueva ley solo se habla de dinero, de inversión, y de garantías para el capital extranjero: ¿A qué juega el Ministerio de Cultura? Foto: Presidencia |
La ley no está asociada a los fines esenciales del Estado, a no ser que el investigador Luis Jorge Garay tenga razón al decir que estamos ante una reconfiguración cooptada del Estado, que ocurre en distintas escalas.
Si el Estado moderno se fundó para poner en pie de igualdad a todos los ciudadanos y proteger a los más débiles frente al abuso de los poderosos, estaríamos recorriendo un camino en reverso a lo más hobbesiano del espacio social.
Para lograr la aprobación de la ley de cine 814 de 2003, la poderosa Cine Colombia chantajeó al estamento cinematográfico de entonces – y lo sigue haciendo – y así garantizó quedarse con la mejor tajada: el poder de decidir lo más importante y el más generoso retorno sobre la inversión. Sin el lobby de la poderosa distribuidora y exhibidora no habría ley y el débil cine colombiano no hubiera tenido esa base para operar. Eso se ha aceptado como un mal necesario. Lo mismo pasa con la nueva ley.
En vez de hacer de entrada las cosas bien, mediante la aprobación de leyes justas y proporcionadas, nos resignamos a engendros contrahechos, con la idea conformista de que al menos tenemos algo. Y así nos va.
En el Cauca, en cambio, son extremistas e incómodos. ¡Qué viva el espectáculo!
* Periodista.
