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La nueva función pública

Escrito por Jaime Lopera
La pre-candidata presidencial por el partido Demócrata estadounidense Hillary Clinton.

La pre-candidata presidencial por el partido Demócrata estadounidense Hillary Clinton.

Jaime Lopera GutierrezMás que cambios legales y más que “restructuraciones administrativas”, los servicios del Estado necesitan de una nueva gerencia del conocimiento. Y el servicio de justicia sería un buen lugar para empezar a aplicar esta gerencia.      

Jaime Lopera Gutierrez*

Las recetas de costumbre

En sus primeras declaraciones, el nuevo presidente del Consejo Superior de la Judicatura afirmó que su aporte principal a la rama judicial consistirá en “perfeccionar los alcances gerenciales de las determinaciones que se toman” en esta instancia superior de la administración.

En suma, gerenciar la justicia vale decir, darle al administrador público instrumentos modernos de gestión que, sin sacrificar su índole de prestación pública, ofrezca más eficiencia en el servicio que esperan los ciudadanos.

No es la primera vez que oímos estas buenas intenciones. Solo que con algunas diferencias o matices: cuando algún funcionario del sector habla sobre las mejorías en la justicia, su gran propuesta suele consistir en nuevas leyes o decretos que modifiquen el funcionamiento de los organismos.

Pero enseguida, como por ensalmo, sale a relucir la idea de que en verdad se trata más bien de un problema de gerencia o de gestión. De una “reingeniería”, como también suele decirse: de recortar los gastos de funcionamiento, de reducir o fusionar los empleos, de anticipar jubilaciones, de reasignar las funciones a otros cargos y, en fin, producir todo los recortes de personal y de costos que se puedan.

La gerencia del conocimiento (legal y ético) es la materia prima del conjunto humano de la justicia y sus miembros.
La gerencia del conocimiento (legal y ético) es la materia prima del conjunto humano
de la justicia y sus miembros.
Foto: ssalonso

Otro estilo de gerencia

Siempre he creído que los remedios de este tipo, aplicados a la justicia colombiana, no tienen mucho sentido. Como dije hace unos años ante el Consejo de Estado, la principal “reingeniería” de la organización judicial consiste en imaginar una gerencia del conocimiento, capaz de convertir ese aparato enorme y disperso en un sistema orientado hacia nuevas estrategias y basado en unas nuevas relaciones institucionales para llegar a resultados precisos y comprobables por parte de la ciudadanía.

La gerencia del conocimiento funciona de este modo: todos los jueces están provistos de unos conocimientos explícitos acerca del producto principal de su talento, es decir, de la justificación y el contendido preciso de  sus decisiones. Entre estos conocimientos explícitos figuran por supuesto la Constitución, las leyes, los decretos, los fallos jurisprudenciales, la teoría universal del derecho, los fallos internacionales, la experiencia homologada o las sentencias anteriores. Todos ellos pueden codificarse mediante programas idóneos de sistematización, que además estén al alcance de los ciudadanos. Muchos de estos conocimientos se transmiten principalmente a través de la enseñanza universitaria y los programas de educación continuada.

Por otra parte, el juez posee unos conocimientos particulares y unas habilidades implícitas, fruto de su formación personal y trayectoria, como decir sus valores morales, sus motivaciones, sus creencias, sus percepciones, sus opiniones, sus sentimientos y emociones, aptitudes que transforman los conocimientos explícitos en sentencias que llevan su propio sello y estilo. Estas habilidades se mejoran mediante el entrenamiento y la capacitación actualizada.

La gerencia del conocimiento es la materia prima del conjunto humano que administra la justicia en Colombia. En otras palabras, lo que manejan los jueces todos los días es un doble sistema de conocimientos, explícitos e implícitos, que actúan en forma automática sobre sus decisiones y sus fallos.

Por supuesto que ese sistema de conocimientos se alimenta con los hechos, los testimonios, las pruebas, y los antecedentes que deben ser procesados, en el caso penal, por fiscales idóneos para que ese mismo juez pueda emitir su sentencia, la cual es el producto final de su intervención analítica y concluyente.

Cualquier falla en el conjunto de los conocimientos explícitos y las habilidades implícitas de ese juez (por ejemplo, un prejuicio, un rencor, un capricho, una manía), afectará invariablemente la vida y la conducta de los encausados y sus familias.

Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Foto: ElAlispruz

Resistencias al cambio

Por eso mismo, cualquier reforma que solo signifique menos (o más) personal en las oficinas, o la compleja modificación del organigrama, es un desperdicio de recursos a la luz de las estrategias gerenciales que deben ser asumidas por el gobierno para de veras mejorar la justicia.

Pero hay más: cualquier conato de cambio en la organización de la justicia colombiana produce una resistencia tal que una rápida asociación entre el poder judicial y el Congreso acaba por degradar o eliminar las reformas. Y el asunto no es exclusivo de Colombia: el muy conservador economista Milton Friedman –amigo de legalizar la marihuana y del servicio militar obligatorio– lo comprobó hace años y con lujo de detalles al estudiar las relaciones ilícitas entre el Congreso norteamericano y la burocracia federal mediante una alanza que denominó “la tiranía del statu quo”.

Para minimizar estas resistencias, Colombia cuenta con la atractiva opción de la nuevas tecnologías informacionales y organizacionales. Por ejemplo podríamos pensar en romper la tradición ortodoxa del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad del poder ejecutivo dedicada a mantener y vigilar los procesos de carrera administrativa, la selección por meritocracia y algunas negociaciones laborales públicas que en verdad le competen al Ministerio del Trabajo. A este organismo, con nuevas y más actualizadas funciones, debe entregarse todo el manejo de la carrera judicial, las escuelas de capacitación judicial existentes y todos los métodos de selección moderna a los que se pueda acceder actualmente. La modernización judicial sería su meta.

La nueva Función Pública revelaría que los organigramas ya no son lineales sino matriciales, que los equipos de negociación de conflictos son versátiles y móviles, que los medios de capacitación y entrenamiento son ágiles y masivos, que la planeación estratégica en el Estado funciona menos que la planeación situacional que nos enseñara Carlos Mattos, etcétera. Este nuevo organismo sería el mejor acompañante del Ejecutivo en su empeño de aumentar la capacidad de ejecución de las entidades, con mediciones y seguimientos en tiempo real que correspondan a las expectativas de la comunidad.

Ahí está el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para asesorar al gobierno y a la rama judicial.  Por allá arriba dirán que esto le resta capacidad de maniobra a la Presidencia, cuando sería justamente lo contrario: sería crear una nave de combate para poder cumplir las metas del gobierno.

Y algo más: una vez que comience el post-conflicto habrá necesidad de una gran institución nacional de logística que de forma cumplida y ordenada se ocupe de ejecutar los acuerdos firmados en La Habana: ningún otro organismo podría hacerlo mejor que la nueva Función Pública tal como aquí la he esobozado.

 

* Exdirector del Departamento Administrativo del Servicio Civil (hoy Función Pública), periodista y escritor.

 

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