Un repaso completo y razonado de los acuerdos que serían posibles y eficaces sobre un asunto complejo y donde juegan muchos otros actores. Se puede lograr mucho pero hay que ser realista, y aprender de la experiencia con los paramilitares.
Ventana de oportunidad
En las actuales negociaciones de paz hay dos elementos que le abren las puertas a un replanteamiento de la política antinarcóticos en Colombia:
- El equipo negociador se ha distanciado de la retórica del narcoterrorismo, que reducía el conflicto armado a un asunto de narcotráfico. Como lo han planteado diversos analistas, esta posición crea las condiciones para un diálogo más serio.
- Durante los últimos cuatro años ha habido un giro en el debate sobre políticas antinarcóticos en América Latina y han aumentado las críticas al prohibicionismo. Las declaraciones públicas de presidentes y expresidentes y el informe de la OEA sobre alternativas para regular el consumo de drogas psicoactivas constituyen dos puntales de este giro.
Como hace poco escribieron Rodrigo Uprimny y Diana Guzmán en Razón Pública, el fracaso del prohibicionismo debe ser una premisa de la negociación, y el actual contexto internacional es muy favorable para establecer políticas alternativas. No obstante, hay que reconocer la complejidad del tema y la dificultad de llegar a acuerdos sobre cuáles reformas son deseables y cuáles son posibles de acordar o de llevar a cabo.
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Incautación de cocaína- operación Martillo, Foto: Official U. S. Navy Page |
Dos premisas y seis temas centrales del debate
Para abordar este problema complejo creo indicado partir de dos premisas.
- En primer lugar, las medidas o reformas convenidas entre el gobierno y las FARC no van a eliminar el problema del narcotráfico ni su asociación con la violencia. Hay que admitir los límites de los acuerdos, no para frustrar las esperanzas, sino para tener expectativas realistas. El realismo será crucial para sostener los acuerdos en un eventual escenario de postconflicto.
- En segundo lugar, si se proponen reformas que cambien la dirección de la política antinarcóticos puede darse un gran avance frente al statu quo, incluso sin un cambio radical en el estatus legal de las drogas.
Los debates incluyen, entre otros, los siguientes problemas:
1. Legalización de la marihuana.
El espacio político para discutir la legalización de la marihuana ha aumentado y las recientes decisiones en Uruguay y en los Estados de Washington y Colorado, en Estados Unidos, le dan un nuevo aire a quienes abogan por la legalización.
Sin embargo es esencial considerar que el tráfico de marihuana no constituye la única o la mayor fuente de ingreso asociada con el narcotráfico para los grupos armados, y que la legalización no va a reducir los incentivos para mantener el tráfico de otras sustancias como la heroína y la cocaína.
La meta de “una Colombia sin cocaína” que han anunciado el presidente Santos y otros delegados es complicada si se presenta como el posible resultado de un acuerdo de paz.
Si se legalizara la marihuana, el Estado tendría que considerar seriamente cómo regular el mercado legal, qué tipo de impuestos imponer, cómo organizar la distribución. Es una discusión que no ha sido fácil para los gobiernos que han legalizado recientemente, pero es una posibilidad abierta que vale la pena considerar.
2. Legalización del cultivo de coca.
Esta opción es más complicada que la anterior. Aunque fuera viable políticamente, los problemas que implica son más difíciles de resolver.
Por ejemplo, si se legaliza la hoja de coca, pero la cocaína sigue siendo ilegal, y si no existe un compromiso claro para tratar el problema de drogas de una manera menos militarizada, los campesinos y cultivadores de coca pueden seguir siendo criminalizados, igual que en los países donde la hoja de coca siga siendo ilegal.
Esto sucede ya con la coexistencia entre la dosis mínima legal y un régimen que criminaliza el micro-tráfico. Más aún: es una contradicción que persistirá mientras el debate se enfoque sólo sobre alternativas para tratar la demanda, sin opciones distintas para lidiar con la oferta de drogas psicoactivas.
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Foto: Dave H |
3. Eliminación de cultivos y laboratorios.
Algunas voces han señalado el interés del gobierno en pedir a las FARC la eliminación total de laboratorios y cultivos. Este requerimiento puede sonar razonable pero también sería un arma de doble filo si el gobierno lo presenta como la forma de eliminar totalmente los cultivos y el narcotráfico.
Si bien las FARC controlan buena parte de la producción y tráfico de la cocaína, también hay otros actores armados como las BACRIM o los neo-paramilitares –para no hablar de los “narcos” o “carteles” ordinarios- que controlan una parte importante del negocio.
No es realista pretender que las FARC eliminen todos los cultivos y laboratorios. La meta de “una Colombia sin cocaína” que han anunciado el presidente Santos y otros delegados es complicada si se presenta como el posible resultado de un acuerdo de paz.
4. El problema de la verdad, la justicia, y el narcotráfico.
No se han hecho exigencias a las FARC para que den información sobre sus vínculos con el narcotráfico, lo cual haría parte del proceso de reconciliación. Esta es una posibilidad riesgosa en un proceso donde la verdad, la justicia y la reparación constituyen aspectos muy complicados de negociar.
Sin embargo, podemos empezar a pensar que la verdad sobre el narcotráfico y la verdad sobre violaciones de derechos humanos no son dos objetivos separados. Esto puede abrir puertas para lidiar con otro tema esencial como es la extradición.
5. La extradición.
La extradición de los jefes paramilitares fue uno de los mayores obstáculos para la desmovilización de estas organizaciones y para los consiguientes procesos de verdad, justicia y reparación. En las negociaciones con las FARC estos riesgos podrían reducirse si la verdad sobre el narcotráfico y sobre las violaciones de derechos humanos se abordan como objetivos relacionados, más aún si recordamos que muchos de los líderes guerrilleros tienen solicitudes de extradición por narcotráfico.
El gobierno podría re-examinar con Estados Unidos esas solicitudes de extradición, y disponer así de una carta adicional para negociar con las FARC, a cambio del compromiso de estas de proveer información que efectivamente permita desmantelar sus redes dedicadas al narcotráfico.
El gobierno podría re-examinar con Estados Unidos esas solicitudes de extradición, y disponer así de una carta adicional para negociar con las FARC
6. La descriminalización del consumo, del pequeño productor, y del pequeño traficante.
Donde existe mayor consenso es en la necesidad de cambiar la forma cómo la política criminaliza a los actores más débiles de la cadena del narcotráfico.
Como sugieren Uprimny y Guzmán, eliminar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, mejorar los programas de desarrollo alternativo, y un énfasis mayor en el trato alternativo de los consumidores de drogas contribuirían a esta nueva política.
Si bien el gobierno colombiano ha adoptado medidas en esta dirección (como los planes de desarrollo alternativo y la despenalización de la dosis mínima), su política antinarcóticos sigue siendo esencialmente incoherente. Un ejemplo es el hecho de que mientras el presidente Santos propone repensar el régimen internacional de prohibición, internamente declara la guerra al micro-tráfico, que no ha disminuido el consumo o el tráfico local de drogas. Tampoco ha resuelto los graves problemas sociales en las zonas conocidas como "ollas".
Lecciones del pasado
Reconocer que el narcotráfico puede persistir aún después de un acuerdo de paz significa reconocer también que el espacio dejado por las FARC podría ser ocupado por otros actores – y que éstos, a su vez, afectarían la seguridad durante el postconflicto.
Donde existe mayor consenso es en la necesidad de cambiar la forma cómo la política criminaliza a los actores más débiles de la cadena del narcotráfico.
La desmovilización de los paramilitares nos ofrece una lección crucial en este sentido: la lógica de los mercados ilegales y la violencia asociada con ellos en un escenario de postconflicto dependerán de las correlaciones de fuerza que hoy existen.
Después de la desmovilización paramilitar, la violencia asociada con la ilegalidad se redujo en aquellos lugares donde paramilitares y narcotraficantes se fusionaron completamente, como ocurrió en Medellín. Su impacto fue más limitado cuando la fusión no fue tan exitosa, como en el caso de Cali.
Otra lección crucial de la desmovilización paramilitar sería notar que la reducción de la violencia no necesariamente significa eliminar el mercado ilegal, como en el caso de alias “Don Berna”, en Medellín. Reconocer esta posibilidad es esencial para prevenir sorpresas poco gratas.
De la misma manera puede pensarse que el postconflicto significará cambios en muchas regiones, dependiendo de la forma como las FARC interactúan hoy con otros actores legales e ilegales. Por ello es urgente recolectar más información sobre el funcionamiento de los mercados ilegales y hacer de esa información uno de los objetivos de la negociación misma.
Una oportunidad histórica
La negociación con las FARC puede ser la ocasión para adoptar una política antinarcóticos coherente, si el énfasis recae sobre desmantelar las redes del narcotráfico -incluyendo sus conexiones políticas y el lavado de activos-, más que sobre la persecución de pequeños traficantes.
Este proceso de análisis y negociación debería incluir, entre otras cosas, una discusión seria sobre cómo tratar las contradicciones creadas por un menor énfasis sobre los consumidores y pequeños traficantes mientras se siga persiguiendo a las grandes redes de narcotraficantes. También un énfasis mayor sobre medidas alternativas para pequeños traficantes, atención a los problemas que pueden surgir en un escenario postconflicto y un cambio radical en las relaciones entre el Estado, el campesinado y los productores de coca.
No se han hecho exigencias a las FARC para que den información sobre sus vínculos con el narcotráfico, lo cual haría parte del proceso de reconciliación.
En conclusión, existe una oportunidad sin igual para discutir aproximaciones diferentes al problema del narcotráfico, pero no van a surgir soluciones fáciles ni inmediatas. Es necesario ampliar el debate, oír más opiniones y, sobre todo, mantener expectativas realistas.
El proceso de paz no va a eliminar el narcotráfico o erradicar la producción de cocaína. Reconocer esto es esencial para la sostenibilidad de los acuerdos que esperamos se logren pronto.
* Profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Massachusetts-Lowell
