La muerte de Dilan Cruz y la crisis de la Policía

La tarea del ESMAD es difícil, pero en una democracia no es admisible que la Policía se defienda como una “familia”. Por qué necesitamos claridad sobre esta muerte.

Nicolás Rudas*

Un pacto roto

El doloroso caso de Dilan Cruz, joven que murió tras un disparo de un miembro del ESMAD, desencadenó un escenario alarmante: se está resquebrajando un pacto de confianza primordial entre la sociedad y la Policía.

Según ese pacto, la sociedad concede a la Policía una licencia para emplear la fuerza en el control de manifestaciones políticas violentas, a cambio de que se garantice y preserve el derecho a la protesta pacífica.

Sin embargo, múltiples relatos de testigos presenciales, entre ellos la profesora Sandra Borda, muestran que los hechos que llevaron a la muerte de Dilan ocurrieron en medio de una marcha pacífica, el sábado 23 de noviembre en el centro de Bogotá.

De hecho, en los videos que registran el momento en que es lanzado al artefacto mortal se observa a un pequeño grupo de manifestantes que no estaban armados con explosivos ni con piedras. Su única actuación que podía ser remotamente interpretada como una hostilidad era devolver las lacrimógenas que el propio ESMAD había lanzado en primer lugar.

Llamar a estas circunstancias un “disturbio violento” es un abuso del lenguaje, sobre todo considerando que los manifestantes estaban ya en una actitud de retirada, y varios de ellos daban la espalda a los uniformados.

Contradicciones

El alcalde de esta ciudad, Enrique Peñalosa, explicó que el ESMAD había decidido disolver la protesta de forma “preventiva”, con el fin de evitar ataques de los marchantes al edificio del ICETEX. Su explicación tiende a confirmar los testimonios de los testigos: en efecto, esa tarde la fuerza pública intervino una movilización pacífica y no un disturbio violento.

Increíblemente, el martes la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, seguía insistiendo en el carácter violento de la manifestación en la que participaba Dilan, justificando la intervención del ESMAD como una reacción legítima. La funcionaria dijo basarse en “un video”, sin precisar cuál; una ligereza que infortunadamente ya empieza a volverse costumbre entre los portavoces del gobierno.

La posición de la ministra no solo contradice los testimonios de los testigos, sino la misma versión que el alcalde de Bogotá había entregado días antes en compañía del comandante metropolitano de la Policía de Bogotá, Hoover Penilla.

¿Un “accidente”?

Todas las autoridades oficiales han coincidido, sin embargo, en señalar la muerte de Dilan, ocasionada por un proyectil lanzado por el ESMAD, como un “accidente”. Se refieren con esto a que no existió una intención premeditada de lastimar a nadie, ni por parte del agente que disparó el cartucho mortal ni por parte de ninguno de sus superiores en la cadena de mando.

No hay duda de que las actuaciones del ESMAD se desenvuelven en contextos delicados, donde siempre existe alguna probabilidad de accidentes graves. Se trata además de una labor difícil y riesgosa. En la Universidad Surcolombiana en Neiva, por ejemplo, un agente del ESMAD fue seriamente herido por un artefacto explosivo lanzado por un encapuchado.

Pero cuando una actuación del ESMAD contraría de manera tan notoria su vocación misional, como en el caso de Dilan, la licencia que la sociedad ha otorgado a la institución queda inevitablemente en vilo.

La única forma como puede restaurarse la confianza es que la institución se obligue a rendir cuentas a la sociedad, abriéndose al escrutinio y la crítica pública. Para ello tiene dos caminos:

• Demostrar que en sus actuaciones minimizó la posibilidad de ocurrencia de accidentes; o
• Proporcionar garantías creíbles de no repetición.

Pero en cambio, las autoridades parecen negarse a este gesto elemental. Suponen que basta con enfocar lo sucedido como algo “accidental” para eximir de toda responsabilidad a la institución policial.

“Bean bag”

Hasta el jueves pasado circulaba el rumor de que el artefacto que causó la muerte de Dilan era un arma de fabricación artesanal, conocida como “recalzada”, de uso prohibido para la fuerza pública. Pero cuando un informe de Medicina Legal desestimó estos rumores, confirmando que el objeto que impactó a Dilan fue un arma convencional denominada “bean bag”, tanto la Policía como el Ministerio de Defensa salieron a justificar públicamente su actuación, pues se había ajustado a los protocolos legales. Y con esta evidencia dieron por terminada su rendición de cuentas a la sociedad.

Sin embargo, tras el informe de Medicina Legal quedan aún muchas preguntas abiertas. Que el arsenal empleado en el episodio se ajuste a los parámetros de legalidad no implica que la intervención del ESMAD cumpliera con todos los estándares operacionales. Estos incluyen como principios rectores, además de la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad.

Dejando a un lado la discusión sobre la necesidad —en sí misma complicada—, el ESMAD todavía no ha dado una respuesta clara acerca de si considera o no que obró siguiendo el criterio de proporcionalidad: ¿el despliegue de fuerza, que incluyó el uso de munición “bean bag”, era proporcional al riesgo que representaba la situación? ¿Por qué no se prefirió limitar la intervención a las alternativas menos traumáticas para la integridad física de los manifestantes pacíficos?

Una pobre rendición de cuentas

Preocupa que a estas alturas no esté claro si los protocolos del ESMAD contemplan la posibilidad legítima de emplear proyectiles “bean bag” en circunstancias en que los manifestantes no representan un peligro inminente. De ser así, la única alternativa admisible para la ciudadanía sería someter estos protocolos a revisión.

En caso contrario, sería urgente aclarar cuanto antes por qué se infringieron los protocolos en este caso particular y, sobre todo, qué medidas se adoptarán para que estas infracciones no vuelvan a repetirse.

Para la sociedad es inquietante que las autoridades no hagan lo uno ni lo otro. Hasta ahora se han limitado a ratificar el uso de “bean bag” en los procedimientos del ESMAD, a dejar claro que esta entidad no se toca y a advertir vagamente que los hechos son “materia de investigación”.

El mensaje oficial es que los accidentes mortales en medio de marchas pacíficas son “gajes del oficio” que la sociedad sencillamente debe aceptar.

La “familia” del ESMAD

La muerte de Dilan es una coyuntura crítica, pero la erosión de la confianza social en el ESMAD viene de atrás y tiene raíces profundas. La indisposición a la crítica y a la autocrítica de la institución policial no emergió en el actual paro, si bien este contexto la ha expuesto a una escala inusitada.

Para ilustrar de dónde proviene esta actitud volvamos al 20 de noviembre, un día antes del paro. Ese día circuló en redes sociales una publicidad en la que el ESMAD se auto-definía como una “familia”. Y parece ser genuinamente así.

La familia es una institución peculiar orientada, entre otros, por fuertes valores de lealtad, jerarquía y cohesión interna. Con los miembros de la familia se es leal a prueba de todo, al punto que por ley nadie está obligado a testificar contra sus propios familiares.

Además, las estructuras de autoridad dentro de la familia son estrictas e inamovibles: el hijo debe obedecer al padre por principio, sin expectativas de modificar o invertir esa relación. Además, una familia busca cohesionarse a partir de patrones de conducta uniformes, que sancionan negativamente las actitudes desviadas de la norma.

Dilemas de la Policía en una democracia

Aunque el ESMAD opera en un marco reglamentado por principios democráticos —como el respeto a los derechos humanos—, la cultura familista dentro de esta institución tiende a reñir con los valores propios de una democracia, más vinculados con la autonomía individual y la expresión crítica.

La lealtad, jerarquía y cohesión son funcionales a la institución policial en la creación de una necesaria disciplina colectiva, pero al mismo tiempo son valores que propician un cerramiento sobre sí misma y cierta resistencia al escrutinio externo.

Por esta vía se llega a una tensión fundamental: la misma institución encargada de garantizar el derecho a la expresión del disenso mediante el ejercicio de la protesta pacífica, fomenta una cultura interna que no valora y, por el contrario, sanciona el disenso.

Una reforma seria de la Policía —que por ahora no se ve a la vuelta de la esquina— tendría que plantearse el fortalecimiento de los valores democráticos en su seno. Esto implicaría, por ejemplo, ampliar la comunicación entre la Policía e instituciones civiles, como las universidades, durante el proceso formativo de sus miembros.

*Sociólogo y magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, profesor

en esa misma institución.