La discusión que comenzó en el Cauca se traslada al Congreso, donde se aprobarán los presupuestos negociados. Se acerca una tensa campaña electoral.
Camilo González Posso*
Sin diálogo
En la plaza de Caldono, en el norte del Cauca, el pasado 9 de abril quedó vacía la silla que los indígenas de la Minga tenían destinada para el Presidente Iván Duque.
A doscientos metros de allí, la comitiva del Gobierno se quedó esperando la llegada de una delegación indígena con la que debía dialogar sobre las demandas políticas de la movilización que por veintisiete días bloqueó la carretera Panamericana en el Cauca.
Después de horas de tire y no-afloje, cada quien dejó constancia del incumplimiento de la contraparte. El presidente alegó no tener garantías de seguridad, después de que la Fiscalía advirtiera sobre un posible atentado que se planeaba en contra del primer mandatario. Por su parte, los líderes de la Minga le pidieron al presidente cumplir su compromiso de asistir bajo la protección conjunta de la guardia indígena y de la fuerza pública.
 La Minga ¿De la panamericana al Congreso? Foto: Facebook CRIC |
Si el presidente se sentaba con la Minga en la plaza pública, hubiera parecido un desaire al fiscal y los miembros más radicales de su partido lo habrían acusado de ser blando. Y si la Minga se limitaba a enviar un grupo de representantes, hubiera parecido que aceptaba las acusaciones de estar infiltrada por terroristas.
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La negociación, a mitad de camino
En el Acuerdo de Paz se estableció que deben reunirse en un Fondo de Tierras tres millones de hectáreas para entregar a los campesinos pobres y grupos étnicos. Esa meta fue propuesta a doce años, lo que implica que deben entregarse por lo menos un millón de hectáreas en el cuatrenio 2018-2022. Sin embargo, el Gobierno está lejos de poder cumplir esa meta.Los voceros de la Minga esperaban en Caldono exigirle al Presidente cumplir diferentes compromisos:
- Los líderes de la Minga exigen una respuesta a las solicitudes de formalización de nueve Zonas de Reserva Campesina en el Cauca y a la asignación territorial de los consejos comunitarios.
- También, exigen cumplir los pactos de sustitución de cultivos de uso ilícito, lo que requiere compromisos presupuestales y de política nacional.
En el sur occidente (Nariño, Putumayo y Cauca) se inscribieron cerca de 40.000 familias en los pactos colectivos, y están a la espera de que el Gobierno cumpla los planes de subsistencia y los proyectos productivos, y dé solución a los problemas de tierras y de respeto a los territorios colectivos.
En el Congreso de la República se discuten las partidas presupuestales que serán otorgadas con el PND.
Solo en el Cauca hay más de 5.000 familias que han firmado pactos de sustitución y otras 10.000 han expresado su voluntad de incorporarse en los planes de atención inmediata.
- En el suroccidente, más de 60.000 líderes y lideresas de 45 municipios le han pedido al presidente definir un presupuesto para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Ni el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ni la Presidencia de la República tienen datos sobre las asignaciones presupuestales para estos planes.
- También se incluyen reclamos de trascendental importancia relacionados con la protección del agua, bosques y ecosistemas en el gran macizo colombiano, amenazado hoy por la minería y el desorden territorial.
El presidente no mostró interés en dialogar de estos temas que han sido incluidos en el Pacto por el Cauca entregado el 23 de noviembre de 2018 al Ministro de Ambiente, el DNP y delegados del Gobierno.
Muchas de las sesiones de diálogo entre el Gobierno y la Minga se dedicaron a tratar temas humanitarios, por ejemplo, la muerte del patrullero de la Policía Boris Benites, del comunero Breiner Yunda y de las ocho víctimas en Dagua. Pero no se logró abordar muchos de los anteriores puntos, ni siquiera el gravísimo problema de amenazas y asesinato de lideres y lideresas en la región.
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Lo negociado
Según la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el Gobierno ha acordado otorgar 823.148 millones, de los diez billones destinados a las comunidades étnicas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), distribuidos así: el 87 por ciento para el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el resto para el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), el Consejo Regional Indígena de Huila (CRIHU) y los campesinos.
Sin embargo, los voceros de la Minga afirman que esa cifra corresponde a un primer momento de negociación con el Gobierno, que respondió a compromisos antiguos incumplidos que fueron reconocidos nuevamente en un acta cuando se aprobó el Decreto 1811 de 2017.
Según el CRIC, en 2017 el Gobierno se comprometió a otorgar 34.000 millones para cumplir con los compromisos acumulados desde 1998 y poder entregar 40.000 hectáreas. La entrega de esas 40.000 hectáreas fue refrendada en actas del Gobierno en 2017, pero sin un cronograma de asignación presupuestal. En realidad, los 34.000 millones del documento de 2017 equivalen a un compromiso de entrega de 3.000 hectáreas que no se cumplió cabalmente durante el gobierno Santos.
Con el acuerdo firmado por la Ministra del Interior, el Gobierno se compromete a comprar 9.000 hectáreas con un promedio de 11 millones por hectárea. Sin embargo, se establece que podrán ser 5.000 hectáreas si la mitad de los recursos se invierten en tierras en la parte plana del norte del Cauca, donde el promedio de precio por hectárea es de 50 millones.
La Ministra se siente satisfecha con lo acordado porque el Gobierno todavía está lejos de entregar las 40 mil hectáreas prometidas; y la CRIC no ve mal que el cumplimiento de lo pactado se acerque por lo menos al 20 por ciento de la vieja deuda.
Del total consignado en el acta del 4 de abril, 200.000 millones corresponden a partidas adicionales destinadas a salud y educación y, descontando lo de tierras, 500.000 millones son rubros ya contenidos en el proyecto del PND.
A pesar del desencuentro con el presidente, se han pactado reuniones de concertación y se espera que los diálogos se reanuden en mayo. Por lo pronto, se ha citado una Comisión Mixta para detallar la ruta de aprobación y ejecución de los 823.148 millones pactados y examinar lo que corresponde a los grupos étnicos y campesinos en el proyecto del PND.
Por su parte las organizaciones campesinas han avanzado con el Gobierno en compromisos de trámite del reconocimiento formal del campesinado como sujeto de derechos, y se espera la inclusión de un artículo en el PND que contribuya a la definición de una política pública al respecto.
 Duque no se reunió con los indígenas por problemas de seguridad en el lugar donde proponía la Minga. Foto: Presidencia de la República |
Lo negociado en la Minga confluye con el pacto suscrito un mes atrás con otras organizaciones de importancia en el Cauca agrupadas en la Mesa por los derechos humanos en la cual están la ANUC, Asoinca, UTEN entre otros.
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¿Qué sigue?
En el acuerdo del 4 de abril se incluyó una agenda de reuniones para detallar cada tema. Mientras tanto, en el Congreso de la República se discuten las partidas presupuestales que serán otorgadas con el PND.
.Sectores gremiales y políticos del Cauca presionaron al Gobierno para que no negociara.
Por lo tanto, la agenda política que comenzó y quedó en suspenso en Caldono pasa ahora a ser una discusión nacional en el Congreso de la República. Por eso se ha dicho que la Minga sigue, porque continúan las movilizaciones y los esfuerzos por negociar o garantizar lo negociado.
¿Y el bloqueo qué?
Por diferentes motivos, el bloqueo se prolongó por casi un mes. Sin embargo, uno de los motivos más importantes para que el bloqueo se prolongara fue la reticencia del presidente a aceptar un diálogo en el Cauca.El bloqueo de la carretera Panamericana fue uno de los aspectos más polémicos de la Minga.
Varios sectores gremiales y políticos del Cauca presionaron al Gobierno para que no negociara y dijeron estar dispuestos a resistir el bloqueo durante meses para que los indígenas dejaran de usarlo como mecanismo de negociación. El mismo senador Uribe dijo que “es preferible cerrar esa carretera dos años, mejorar y cuidar la alterna, que firmar acuerdos con la minga apoyada en el terrorismo”.
En repetidas ocasiones, el presidente se negó a aceptar las fórmulas de mediación que presentaron el Defensor del Pueblo, el Procurador y casi todos los congresistas. Muchos solo pedían que el presidente anunciara una fecha para la reunión con la Minga.
Finalmente, al final del forcejeo, la Minga aceptó levantar el bloqueo con la firma de la primera acta, en el entendido de que así el presidente aceptaría la audiencia para los temas políticos.
Como consecuencia del bloqueo, en Popayán creció la animadversión en contra de los indígenas, que ya ha adquirido expresiones de racismo que se creían superadas.
Todo eso va a pesar en el futuro inmediato: como se mencionó, en los próximos meses la agenda de la Minga se trasladará al Congreso. En el Cauca, y especialmente en Popayán, la polarización que produjo el bloqueo anuncia una tensa campaña electoral.
Por ahora, la idea de un Pacto por el Cauca –que tantas esperanzas despertó en de 2018– queda en veremos.
* Presidente del Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (INDEPAZ).