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La matrícula cero y el problema de los jóvenes

Escrito por Francisco Cajiao
Francisco Cajiao

La dificultad de acceder a la educación superior tiene raíces profundas en Colombia, y por eso la matrícula gratuita para unos pocos no arreglará el problema.

Francisco Cajiao*

Privilegio de unos pocos

En medio del paro nacional, el gobierno anunció que se garantizará la matrícula gratuita para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que asisten a las universidades públicas. Esta medida no resolverá el problema del acceso a la educación.

La demanda por educación superior comenzó a disminuir en 2016, y esta tendencia se hizo más visible desde 2019. En el 2020, la pandemia aumentó la preocupación sobre los indicadores de deserción en todo el sistema educativo y de matrícula nueva en las universidades privadas.

Casi 500. 000 jóvenes finalizan el bachillerato cada año, pero apenas 192.000 ingresan de inmediato a la educación superior: 308.000 jóvenes quedan fuera del sistema, o sea que cada cinco años tenemos millón y medio de personas entre 18 y 23 años que deben solicitar trabajo no calificado.

Aproximadamente el 51 % de los 192.000 jóvenes que continúan sus estudios opta por instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas de carácter público; el 49 % restante se matricula en centros privados.

Por el momento la decisión cobija el próximo semestre, pero se prometió convertirla en política de Estado; para cumplir la promesa seguramente habrá que reformar la ley que regula el financiamiento de la educación superior.

1.557.000 jóvenes deciden hacer un pregrado y 710.000 estudian carreras técnicas y tecnológicas usualmente ofrecidas por el SENA, que representa entre el 18 % y el 20 % de la oferta oficial y gratuita del país.

Un remedio insuficiente

Si bien la decisión del gobierno es un alivio para muchas familias, no resuelve los problemas de acceso a la educación superior, ya que no crea nuevos cupos en la educación pública.

En medio de la crisis fiscal y el descontento creciente de la población, el presidente Duque ha ofrecido destinar una suma superior a los 600.000 millones de pesos por semestre para otorgar matrículas gratuitas a aquellos estudiantes de origen popular.

Por el momento la decisión cobija el próximo semestre, pero se prometió convertirla en política de Estado; para cumplir la promesa seguramente habrá que reformar la ley que regula el financiamiento de la educación superior.

La idea del gobierno no afecta a las instituciones privadas que se financian con el valor de las matrículas, pero sí afecta las oportunidades de estudiantes pobres que no logran un cupo en entidades oficiales: hay que recordar que la población de los estratos 2 y 3 abunda en las universidades privadas.

Pero el mayor problema de la educación no es la matrícula.

Foto: Gobernación de Nariño - Frente a la total incapacidad que ha mostrado el Estado para garantizar el derecho a la educación, la esperanza de que ella sea un factor de construcción de equidad queda en tela de juicio.

La matrícula no es todo

Desde hace mucho tiempo la proporción entre el número de estudiantes graduados y el total de quienes ingresaron a primer año de carrera ha ido disminuyendo: la tasa de deserción o abandono tiende a aumentar más que a disminuir.

Entre 2010 y 2016, la tasa deserción anual osciló alrededor del 10 % —o sea que entre un 40% y un 50% de la cohorte que ingresó a primer año acaba por no graduarse—; estas cifras desde luego varían según la universidad y el programa académico.

La principal causa de la deserción estudiantil es la falta de dinero. Los mayores costos para los estudiantes de las universidades públicas son la manutención y la movilización.

Las instituciones públicas más grandes están ubicadas en las ciudades principales y allí llegan muchos estudiantes procedentes de los municipios periféricos que — sin contar con los gastos académicos propiamente dichos— deben costearse una vivienda, su alimentación y el transporte.

Para financiar estos gastos existen tres alternativas: trabajar y estudiar simultáneamente, recibir un apoyo familiar o pedir un crédito de mediano plazo al ICETEX.

Desde luego hay otras causas de deserción como el bajo rendimiento académico, la insatisfacción con la carrera elegida o la oportunidad de vincularse a alguna actividad laboral que represente ingresos. En época de crisis, las familias que pierden sus empleos no pueden sufragar los altos costos de estudiar en vez de trabajar, especialmente si esa educación no garantiza un mejor futuro económico.

La última encuesta de jóvenes de la Universidad del Rosario y Cifras & Conceptos mostró que para las personas es más importante conseguir empleo que proseguir con sus estudios. La misma encuesta constató que los jóvenes confían más en la universidad pública, algo muy significativo si se tiene en cuenta que casi todas las demás instituciones sociales merecen las peores calificaciones. Esta valoración se debe a la calidad de los profesores, a la investigación y las oportunidades de movilidad social.

Equidad y calidad

Pero no es fácil garantizar el acceso y la calidad en la educación a quienes provienen de los sectores menos favorecidos.

La ausencia de una educación inicial, la mala calidad de la educación básica y media, totalmente desconectada del sistema de educación superior, y la escasez de capital cultural en las familias y comunidades más pobres son factores que amplían las brechas sociales.

El proceso de selección de las universidades públicas debe ser transparente, sin distinción de género, credo, raza u origen social. Ahí radica su carácter democrático y su capacidad de consolidar una cultura basada en el conocimiento y el esfuerzo individual y colectivo, indispensables para forjar nuevas generaciones que impulsen el progreso económico, científico y cultural de la nación.

Pero las brechas sociales obstaculizan la misión de las universidades.

Normalmente las universidades reciben muchas más aplicaciones de las que pueden aceptar. Por eso se garantiza un cupo únicamente a quienes obtengan las mejores calificaciones en las pruebas de Estado o en las que realizan las instituciones.

Según un informe de la oficina de admisiones de la Universidad Nacional, en septiembre de 2019 “61.902 aspirantes presentaron prueba de admisión para el primer semestre de 2020. El 69 % de los aspirantes pertenecen a los estratos 2 y 3, entre los que predominan los menores de 18 años”. De este grupo de aspirantes ingresó apenas un 8 %, es decir que un poco más de 50.000 candidatos no consiguieron un cupo en la universidad.

Algo parecido ocurre en las demás universidades el país. Las expectativas de cientos de miles de jóvenes se frustran cada año, porque tuvieron una educación previa de mala calidad, porque no leen y escriben bien, porque tienen un precario razonamiento matemático o porque no tuvieron procesos de orientación profesional para entender sus talentos y aspiraciones.

Algunos de quienes no consiguieron los primeros lugares tienen un buen examen de Estado y sus familias están dispuestas a sacrificarse para apoyarlos. Los jóvenes acuden a las universidades privadas de bajo costo que suelen ser menos exigentes en sus condiciones de ingreso.

Los problemas de fondo

La ausencia de una educación inicial, la mala calidad de la educación básica y media, totalmente desconectada del sistema de educación superior, y la escasez de capital cultural en las familias y comunidades más pobres son factores que amplían las brechas sociales.

Sin salidas en las instituciones se crea una cultura de la desesperanza. La economía informal, las actividades ilegales y los grupos violentos de diversa índole se nutren de este segmento poblacional que cada año aumenta de forma acumulativa.

Por si fuera poco la educación pública del país se cerró durante casi un año y medio. Parece que volvemos a las épocas cuando se les prohibía a los esclavos, los indios o los pobres aprender a leer y escribir, porque el poder sobre otros se alimentaba de la ignorancia.

Pero hoy la ignorancia no le sirve a nadie, porque las economías contemporáneas necesitan el conocimiento y la capacidad de aprendizaje para crecer. Además, los pueblos con mala educación abren sus puertas al autoritarismo.

Cuando le preguntaron a Angela Merkel por qué invertía tanto en la educación en Alemania, ella respondió que la ignorancia era demasiado costosa.

Hace mucho el Estado demostró que es incapaz de garantizar el derecho a la educación y por eso se perdió la esperanza de construir equidad a través de la educación.

No es fácil entender que una consigna reiterada del paro sea el “No a la Alternancia”, como si negar la educación a los millones de niños más pobres fuera una ganancia social. Menos aún se entiende que eso provenga de quienes lideran a los maestros que como funcionarios del Estado son los garantes directos de este derecho.

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