La masacre de Alto Remanso: el terror como estrategia militar
La Masacre de Alto Remanso
Foto: Elaboración propia

La masacre de Alto Remanso: el terror como estrategia militar

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El Ejército intentó usar la disputa entre dos grupos armados ilegales en el Putumayo para obtener resultados militares y acabó masacrando a civiles inocentes. Esta es la relación completa de los hechos y el contexto.

Linda Ordóñez*

Soldados con disfraz de guerrilleros

Durante las últimas semanas conocimos nuevos y sórdidos detalles sobre la masacre que ocurrió el pasado 28 de marzo en la vereda Alto Remanso, municipio de Leguízamo, en Putumayo.

Testimonios recogidos y publicados por distintas fuentes coinciden en que los hombres que entraron al caserío alrededor de las 7 de la mañana y dispararon contra quienes se encontraban en el lugar donde se llevaba a cabo un bazar:

  • vestían ropa y gorras negras,
  • algunos iban con la cara cubierta, y
  • les ordenaron a algunas personas que no los miraran a la cara.

Algunos afirman además que los hombres se presentaron explícitamente como miembros del “Frente Carolina Ramírez”. Los pobladores creyeron que realmente era una “toma guerrillera”.

De pronto aterrizó en el lugar un helicóptero de la Fuerza Aérea y personal de la Armada. Pero entonces empezaron a ver que los de negro se subían a los helicópteros o se cambiaban la ropa por camuflados, y hablaban de forma cercana con los militares.

Hay pruebas de que los militares manipularon la escena de los hechos y plantaron armas y ropa de combate en al menos uno de los cuerpos.

Entonces fue evidente que quien había abierto fuego contra el caserío había sido el mismo Ejército. Una mujer recuerda que cuando vio a vecinos suyos entre los muertos pensó “Aquí mataron fue a la gente que no es guerrilla […] Se volvieron locos”. Luego, “los militares obligaron a todos los pobladores a salir de sus casas. Los condujeron hasta la cancha y les ordenaron mirar de espaldas a la zona donde estaban los muertos”. Casi cinco horas después los funcionarios de la Fiscalía fueron informados de que debían hacer la inspección técnica de los cadáveres.

El gobierno nacional afirmó que todos los once eran combatientes de un grupo armado ilegal y sus muertes fueron presentadas y celebradas como bajas legítimas. Hoy parece que por lo menos cinco de los once asesinados eran civiles desarmados.

Ocultamiento y mentiras

Además, hay pruebas de que los militares manipularon la escena de los hechos y plantaron armas y ropa de combate en al menos uno de los cuerpos.

El operativo del Ejército involucró otros actos de violencia hacia la población civil de la zona: intimidación, allanamientos ilegales, robo de dinero en efectivo, botellas de whiskey y otras pertenencias, señalamientos, hostigamientos y detención ilegal, y finalmente un desplazamiento masivo.

La información recabada por la prensa —especialmente por periodistas de Cambio, El Espectador y Vorágine— ha contribuido a esclarecer qué pasó a partir de testimonios de los civiles que presenciaron los hechos. En contraste, la versión del Ejército sigue siendo incomprensible. Las declaraciones de miembros de la Fuerza Pública y el gobierno no solo contradicen las de los testigos y las de la Fiscalía, sino que se contradicen entre sí.

Por donde se lo mire, lo que hizo el Ejército es injustificable, pero en aras del esclarecimiento hay preguntas que ellos y solo ellos pueden y además tienen la obligación de responder —de forma clara, precisa y veraz, que es lo contrario a lo que han hecho hasta ahora—. Esta es una: ¿por qué se presentaron como miembros de una disidencia de las FARC que ha perpetrado 2 masacres en la misma zona en lo que va del año?

Juan Carlos Correa, comandante de la División Asalto Aéreo le dijo a Caracol Radio que hubo “una confusión de parte de ellos. Al principio pensaron que eran otros bandidos tratando de quedarse con la ruta de droga que ellos cuidan. Porque lo que siempre pasa, cuando saben que es el ejército, es que salen corriendo. Esta vez reaccionaron”. ¿No será que los militares falsearon a propósito su identidad para inducir un combate con un grupo que en principio no hubiera tenido motivaciones para quedarse y disparar de vuelta?

La Masacre de Alto Remanso
Foto: https://twitter.com/LIBERTA19760041/status/1513324292980850691

Puede leer: La masacre de Puerto Legízamo o el poder letal de las palabras

Una disputa territorial

A partir de la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, hubo una reconfiguración de los grupos armados en la región que se conoce como el Bajo Putumayo. Ya desde el 2018 eran reconocibles los dos grupos que hasta el día de hoy se disputan el control del territorio.

Los Comandos de Frontera (CdF), que antes se llamaba La Mafia o Sinaloa, está compuesto por exintegrantes de La Constru, un grupo posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y por disidentes del antiguo Frente 48 de las FARC. Y el Frente Primero o “Carolina Ramírez” lo integran disidentes de las FARC pertenecientes al Frente “Armando Ríos”, que operaba en el Guaviare.

Los dos grupos se fortalecieron a partir de reclutamientos y alianzas, y buscaron copar el territorio que antes controlaba el Frente 48 en el Putumayo. El Carolina Ramírez avanzó sobre la cuenca del río Caquetá y luego llegó hasta la zona más suroccidental del departamento. Allí se enfrentó con los CdF, que operaban en la cuenca del río Putumayo. Finalmente, el Carolina Ramírez tuvo que replegarse, y actualmente controla rutas de narcotráfico solo en la parte norte y oriente del departamento. El resto es territorio de los CdF desde el 2021.

El Ejército no controla el territorio de forma permanente. Así que sus acciones se limitan a empeoran la situación. Aparte de los atropellos durante los operativos, una vez se retira los grupos armados ilegales toman represalias hacia la población.

Por su ubicación estratégica, la zona donde ocurrió la masacre es donde se han concentrado los enfrentamientos entre los dos grupos durante el último año. En este punto, la distancia entre el río Putumayo y el río Caquetá es mínima. Una trocha de apenas cuarenta minutos conecta las dos cuencas en la zona de Puerto Leguizamo-La Tagua, y crea un corredor entre los departamentos de Putumayo, Amazonas, Caquetá y hacia el interior del país, Ecuador, Perú y Brasil.

Esta disputa armada hace parte de los enfrentamientos en otras zonas entre la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, a quien los CdF se aliaron en 2021, y las disidencias que coordina alias Gentil Duarte, a las cuales está vinculado el Frente Primero Carolina Ramírez, como lo explicó Kyle Johnson en un artículo anterior de Razón Pública.

Miedo generalizado

En esta disputa territorial ha caído de forma trágica la población civil, víctima de masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos, confinamiento, señalamientos y control social de parte de uno u otro grupo. La Defensoría ha alertado sobre normas impuestas por los grupos y el menoscabo de la organización comunitaria y las autoridades étnicas.

En este contexto, el principal temor de la población ha sido precisamente lo que parece que el Ejército quiso falsear durante el operativo: una incursión del Carolina Ramírez en territorio controlado por los CDF. Este miedo no se limita a Puerto Leguízamo, sino que afecta a todo el Bajo Putumayo. Allí donde los CDF obligan a la población a interactuar con ellos, la posibilidad de que llegue el Carolina es aterradora, pues ha amenazado con matar a cualquiera que sea señalado de colaborador de los Comandos, incluyendo a líderes sociales.

Por su parte, los militares hacen presencia esporádica mediante operativos de control. Desde el 2018 la Defensoría alertó sobre la incapacidad del Ejército para controlar la zona. Y la población afirma que mantenía hasta hace poco una alianza con los CdF. El Ejército no controla el territorio de forma permanente. Así que sus acciones se limitan a empeoran la situación. Aparte de los atropellos durante los operativos, una vez se retira los grupos armados ilegales toman represalias hacia la población.

Habrá que ver si la alianza de estos con la Segunda Marquetalia está llevando a los militares a combatirlos con más contundencia, y de ahí el operativo que terminó en la masacre de Alto Remanso, donde el Ejército supuestamente buscaba dar de baja a cabecillas de los CdF.

Esto sería sin duda perjudicial para la población civil de la zona, que ya tiene una relación tensa con los militares. En la región no han cesado los operativos de erradicación de cultivos ilícitos, que es la forma más frecuente en que el ejército hace presencia en los territorios. Estos a menudo terminan en actos violentos y atropellos hacia la comunidad, pero además obligan a civiles a convivir a distancias peligrosas con un actor armado más. En la semana de la masacre, un campesino me manifestó el miedo intenso que vivió su familia durante 10 días en los cuales el Ejército se asentó a 50 metros de su casa, en una zona donde hay presencia permanente de CdF.

Colaboradores y narcotraficantes

Entre las barbaridades que han dicho comandantes del ejército, el ministro y el mismo presidente para defender el ruin operativo, hay dos particularmente graves. Una es presentar a los muertos como “componente de apoyo” del grupo armado. Con esto se pretende plantar la sospecha de que cualquier civil que colabore con un grupo armado o participe en alguna actividad con ellos es también parte del mismo y, por tanto, objetivo militar. Ángela Olaya, investigadora de Conflict Response da en el clavo al señalar que la denominación de la población civil como colaboradora de grupos armados “desdibuja la indefensión de la población ante la presencia de grupos armados en un territorio y la relación que la población sí o sí le toca establecer con este grupo”.

Es ruin y equivocado pedirles a las víctimas de una masacre que se defiendan y prueben su inocencia. Pero así lo han hecho incluso algunos medios de comunicación, interrogando de forma poco ética a familiares de los muertos y haciendo eco a las declaraciones y los “informes de inteligencia” del ejército.

La otra es presentarlos como “narcococaleros”. Después de negar rotundamente que el operativo se hubiera dado en medio de un bazar, los militares cambiaron su versión y dijeron que sí hubo una fiesta, pero era en realidad un “bazar cocalero” , fachada para millonarias comercializaciones de pasta de coca. Así, sugirieron que los asistentes eran delincuentes, ya no guerrilleros, sino narcotraficantes. Boris Salazar analizó esto en un artículo anterior de Razón Pública: convertir campesinos cocaleros en narcos es “legitimar el uso de las armas contra ellos y elevarlos a objetivos militares legítimos”.

El gobierno utiliza y se escuda en el discurso de la guerra y el discurso del crimen a su conveniencia, pero incumple la ley en ambos terrenos: infringe el DIH y el DIDH. Concuerdo con Kyle Johnson en que es muy problemático que el Ejército “no sea capaz de distinguir entre miembros de un grupo armado y civiles, así esos civiles estén involucrados en actividades ilegales”.

Es ruin y equivocado pedirles a las víctimas de una masacre que se defiendan y prueben su inocencia. Pero así lo han hecho incluso algunos medios de comunicación, interrogando de forma poco ética a familiares de los muertos y haciendo eco a las declaraciones y los “informes de inteligencia” del ejército, sin contrastar la información evidentemente falsa y contradictoria que contienen y las acusaciones infundadas a las víctimas.

Quienes tienen que responder por lo que pasó son los militares, el ministro Molano y el presidente Duque. Todo parece indicar que, planeada y deliberadamente, miembros de la Fuerza Pública entraron vestidos de guerrilleros a un caserío donde había población civil con el propósito de incitar un combate con otro grupo armado. Sea o no verdad que los CdF respondieron, los militares dispararon y mataron a personas desarmadas. Y en todo caso manipularon los hechos para presentarlos como bajas legítimas.

Si el gobierno de Duque insiste en defender esto, definitivamente no hay límites para su infamia. Su “legado” es y será atroz.

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Linda Ordóñez

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Linda Ordóñez

*Antropóloga de la Universidad Nacional, investigadora del conflicto y editora de Razón Pública.

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