Las declaraciones de la directora del Centro de Memoria Histórica reviven el debate sobre cómo tener instituciones que garanticen una política de la memoria y la verdad sin injerencia directa del gobierno.
Óscar Calvo Isaza*
Un campo en disputa
La formación de las instituciones de la memoria en el Estado colombiano ha sido un campo de disputas, con un debate constante sobre qué puede ser dicho, cómo y cuándo, y sobre todo acerca de quién controla el relato sobre el conflicto armado.
Lejos de un espacio de consenso centrado en las víctimas, al margen de la política, las luchas por la memoria son otro ámbito de las contiendas por el poder en Colombia.
Los debates periódicos sobre el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y más recientemente sobre el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) dan cuenta de la centralidad de las luchas por la memoria y la verdad en Colombia.
Por eso importa reconocer este ámbito conflictivo y dejar de pensar la memoria y la verdad como sinónimos de consenso y a las víctimas como sujetos despolitizados.
No es extraño que en el primer gobierno de izquierda en la historia colombiana persistan disputas entre políticos, académicos, organizaciones de víctimas y ONG de derechos humanos, por las narrativas, el enfoque y el manejo político de las instituciones de memoria y verdad.
El Centro de Memoria y la memoria de Gaitán
Constanza Castro analizó las tareas pendientes en el CNMH, que en general siguen vigentes, porque apenas conocemos la estrategia que adoptará el gobierno del presidente Petro.
La construcción del Museo de la Memoria en Bogotá parece un monumento dedicado a las contradicciones del Estado colombiano y su relación con las víctimas: no es claro cómo y cuándo pueda terminarse la obra o abrir al público sus exhibiciones.
Queda así sobre la mesa que la pretensión de establecer una memoria oficial no es un atributo exclusivo de la derecha.
En cambio, sí hay buenos augurios en la conformación de los equipos técnicos y sobre el trabajo en las regiones y territorios, que es visto como una función fundamental del CNMH en los años por venir.
En ese contexto aparecen críticas a la directora, María Gaitán, quien estaría dando prioridad a legado de su abuelo, Jorge Eliecer Gaitán, en la orientación del CNMH.
En el centro de la cuestión está la negativa a reconocer el informe final de la Comisión de la Verdad, debido a su mandato de esclarecer la verdad del conflicto armado y la exclusión del periodo anterior a 1958, que deja por fuera de la foto a Jorge Eliécer Gaitán.
Sus declaraciones muestran una comprensión limitada de la historia colombiana reciente y la voluntad de sacar del ostracismo al gaitanismo y poner en el centro el relato oficial la figura del mártir popular.
Queda así sobre la mesa que la pretensión de establecer una memoria oficial no es un atributo exclusivo de la derecha.
Más allá del ruido
A pesar del ruido, lo importante es que el CNMH ya perdió la centralidad política que había ocupado entre las instituciones de memoria del Estado desde principios del siglo XXI.
El 26 de mayo de 2023 convergieron los más diversos actores institucionales relacionados con las instituciones de memoria y verdad en Colombia, con ocasión de la entrega del monumental archivo de la CEV al Archivo General de la Nación (AGN), con la presencia del presidente Petro.
En lo que parece una compensación simbólica, ese mismo día Francisco de Roux entregó los tomos empastados del informe final como representación del legado de la CEV. María Gaitán lo recibió y comentó: “El CNMH tiene un papel fundamental para recoger este legado y ampliarlo. No solamente falta un pasado, antes del 58, sino que falta un futuro, porque desafortunadamente seguimos en guerra”.
No obstante, la dirección del CNMH no está en posición de hacer trascender su visión para construir una memoria hegemónica, para fijar el cuadro de la foto oficial. Por ahora, el mayor activo político y simbólico del CNMH, y también su mayor problema, es la promesa de un edificio en construcción.
En la medida que el CNMH tiene una caducidad determinada que está asociada con el Museo de la Memoria, lo más probable es que asistamos a una reconfiguración completa de las instituciones de memoria y verdad, marcada por la dispersión, la escasez de presupuesto y las competencias cruzadas en el sector encabezado por el Ministerio de Cultura.
Lo que en verdad importa
En el acto de entrega de los archivos de la CEV, la directora del AGN se refirió a la creación de un Archivo General para la Paz. A su vez, el presidente Petro hizo visible un sistema de impunidad generalizado, la importancia de la verdad y la responsabilidad del estado en el conflicto y las violaciones masivas a los Derechos Humanos.
Sin embargo, el discurso no pasará a la historia por lo que dijo, sino por lo que no dijo: ¿Cómo el Estado, el poder, que ha garantizado el sistema de impunidad, puede garantizarle ahora el derecho a la memoria y verdad a la sociedad y las víctimas del conflicto?
Por supuesto, el cambio de gobierno y la alternancia de poder no solucionan sino que muestran con más fuerza estas contradicciones. De hecho, en las recomendaciones del informe final dice la CEV que “La creación y reglamentación del Museo de Memoria de Colombia como una entidad pública de carácter permanente autónoma e independiente, encargada de construir, preservar, apropiar y difundir las memorias del conflicto y de los afrontamientos y resistencias desde una perspectiva plural. Esto implica, como mínimo, contar con un mecanismo de selección del director/a que no dependa exclusivamente del Gobierno”.
No obstante, por lo menos en la disposición de su legado, la CEV no fue consistente en el sentido de sus propias recomendaciones, pues lo que hizo fue entregar toda su información a una entidad, el Archivo General de la Nación, que depende directamente del ejecutivo y está en el corazón de la razón administrativa y burocrática del estado.
Ya hemos discutido hasta al cansancio sobre los peligros de una memoria y una historia oficiales, pero no hemos discutido lo suficiente sobre cómo construir instituciones realmente independientes que garanticen una política de la memoria y de la verdad.
El principal problema que se reconoce en los debates de la academia y las organizaciones de víctimas sobre las políticas de memoria y verdad es que las instituciones siguen ancladas en uno de los poderes públicos, en este caso en el ejecutivo.
Por lo tanto carecen de la autonomía necesaria para desarrollar una política de Estado, articular su trabajo con las organizaciones de víctimas, conservar información digital, obras de arte y archivos físicos que deben tener especial protección.
Efectivamente, en el plano político, judicial e histórico, el Estado ha sido parte del conflicto y de allí el lugar singular que deben tener las instituciones de memoria y verdad en relación con los poderes públicos: es un espacio de las víctimas en la esfera de lo público, no una institución del estado que incorpora o coopta actores y organizaciones de las víctimas para decir la verdad del poder.
Ya hemos discutido hasta al cansancio sobre los peligros de una memoria y una historia oficiales, pero no hemos discutido lo suficiente sobre cómo construir instituciones realmente independientes que garanticen una política de la memoria y de la verdad.
Esto es posible en nuestro sistema institucional colombiano solo a través el artículo 113 de la constitución que se refiere a órganos por fuera de las tres ramas del poder público.
En este caso se trataría de una institución independiente, de origen legal, y que tiene amplios precedentes en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Por supuesto, la constitución de una entidad independiente no implica el fin de los conflictos por la memoria, pero si limita las posibilidades de convertir la memoria y la verdad en resultados oficiales de las órdenes administrativas del gobierno.
